La Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) manifestó su preocupación tras el anuncio de la disolución y liquidación de Rutas de Lima, una de las principales concesionarias viales de la capital peruana.
En un comunicado, la entidad advirtió que las decisiones estatales que afectaron a la concesionaria ponen en riesgo la seguridad de los usuarios de las vías concesionadas, dañan la imagen internacional del país y amenazan la llegada de inversión privada.
Brookfield denuncia hostigamiento estatal tras cierre de Rutas de Lima
El pronunciamiento de AFIN surge a raíz de la decisión de Rutas de Lima, subsidiaria de Brookfield, de iniciar su proceso de cierre. Esta determinación fue tomada por la Junta General de Accionistas de la empresa el 29 de septiembre, poco después del cierre de 26 casetas de peaje, medida que generó una pérdida superior al 60% en los ingresos de la compañía, según reportó la propia concesionaria. El caso encendió las alarmas en el sector privado sobre la seguridad jurídica para futuros proyectos de infraestructura.
De acuerdo con Brookfield, la resolución estuvo motivada por lo que describió como “medidas arbitrarias y abusivas” y “hostigamiento sostenido” por parte de autoridades estatales. La empresa explicó que el proceso tuvo como factores determinantes la sentencia del Tribunal Constitucional que suspendió el cobro de peajes en la Unidad de Peaje Chillón, lo que redujo sus ingresos en más del 50%. Posteriormente, una sentencia judicial que suspendió el cobro en la estación de peaje de Conchán agudizó esa pérdida y elevó el impacto financiero por encima del 60%.
Cierre de Rutas de Lima reaviva debate sobre asociaciones público-privadas
A este panorama se suma la intervención estatal sobre el Tramo Ramiro Prialé, la cual, según Brookfield, bloqueó la construcción y operación pese a una inversión superior a 500 millones de soles. La compañía reveló que enfrenta laudos arbitrales internacionales por montos que superan los 700 millones de soles, así como múltiples procesos judiciales y administrativos, desarrollados por entidades públicas y orientados a frenar la viabilidad de la concesión.
En su comunicado, AFIN remarcó que la liquidación de Rutas de Lima no se limita a un conflicto empresarial, sino que tiene impacto directo sobre millones de usuarios. “El mantenimiento, la operación adecuada y la seguridad vial de la infraestructura corren el riesgo de verse comprometidos”, advirtió la asociación, que reúne a operadores y promotores privados de infraestructura a escala nacional.
Para Brookfield, el contexto de presión estatal fue acentuado por una campaña pública de críticas y declaraciones impulsadas por el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. La empresa señaló que también afrontó “ataques sistemáticos en la prensa y redes sociales” que mermaron sus resultados financieros, hasta alcanzar un patrimonio negativo, de acuerdo con sus últimos estados financieros auditados.
Rutas de Lima enfrenta arbitrajes internacionales por más de S/700 millones
La coyuntura ha suscitado advertencias sobre el modelo de Asociaciones Público-Privadas (APP) vigente en Perú. El compromiso estatal con el respeto de los contratos se plantea como central para asegurar la llegada de nuevas inversiones. AFIN exhortó a que cualquier controversia se resuelva bajo los mecanismos legales y contractuales establecidos a fin de no perjudicar la reputación internacional del país ni el bienestar de los ciudadanos.
Según el comunicado de Brookfield, “la serie de injustas y arbitrarias medidas del Estado peruano ha destruido la viabilidad financiera de Rutas de Lima. En efecto, como reflejan los estados financieros auditados más recientes de la empresa, la pérdida de valor de la misma es de tal magnitud que el patrimonio de la empresa se ha vuelto negativo. Ante esta situación y, en aplicación de la Ley General de Sociedades, la Junta General de Accionistas se ha visto en la necesidad de aprobar un acuerdo de disolución y liquidación de la empresa”.
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