El número de denuncias por aborto terapéutico en el Perú se duplicó entre 2018 y 2023, pese a tratarse de un procedimiento legal desde hace más de un siglo. De acuerdo con el medio OjoPúblico, la Policía Nacional registró setenta y nueve denuncias por abortos terapéuticos en ese periodo, aunque se trata de intervenciones autorizadas cuando la vida o la salud de la gestante está en riesgo.
Fuera de los números, esto se traduce en mujeres teniendo que afrontar el hostigamiento policial, el temor a procesos judiciales, falta de información y obstáculos médicos que complican el acceso a la interrupción legal del embarazo.
La criminalización de estos casos ocurre a pesar de que el Ministerio de Salud (Minsa) reportó solo entre 2018 y 2023, 1.993 abortos terapéuticos realizados en hospitales públicos, una proporción mínima del 1,1% frente al total de atenciones por todo tipo de abortos que se realizaron en esos mismos establecimientos y lapso.
En paralelo, existe una falta de transparencia. Actualmente las principales bases de datos policiales donde se consignan estas denuncias han sido declaradas reservadas por cinco años.
Obstáculos médicos y barreras legales para acceder al aborto terapéutico
Según la encuesta nacional del Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Demus), implementada por Ipsos, revela que solo el 27% de las mujeres peruanas conoce el aborto terapéutico como opción.
Las trabas no solo surgen por desconocimiento, puesto que médicos se niegan a practicar el procedimiento por temor a denuncias o por convicciones personales, mientras la presión de sectores religiosos refuerza el estigma social.
Especialistas de organizaciones de derechos humanos sostienen que detrás de cada denuncia irregular existe “un desconocimiento profundo de cómo debe administrarse justicia y del propio alcance de la legalidad”, comentó Brenda Álvarez al ser consultada por el medio. Este fenómeno provoca que muchas mujeres se enfrenten a procesos innecesarios o a la amenaza de judicialización. A ello se le suma que el personal sanitario destina recursos a investigaciones que la propia ley no exige.
Las mayores tasas de denuncias policiales se concentran en regiones como Lima, Callao, Arequipa y Cusco, mientras que otras zonas apenas registran casos. La mayoría de los procedimientos autorizados por ley se practican en mujeres adultas, aunque también hay reportes sobre adolescentes sometidas a presión y hostigamiento en hospitales.
El riesgo en la persecución y desinformación
La criminalización del aborto terapéutico se agrava por el avance de leyes impulsadas en el Congreso y por la creciente opacidad institucional. En los últimos años, normas que buscan reconocer “derechos al concebido” generan incertidumbre sobre el alcance real del procedimiento legal, mientras se limitan guías clínicas y se refuerzan figuras como la objeción de “conciencia” en hospitales.
OjoPúblico documentó testimonios de adolescentes sometidas a interrogatorios policiales y seguimiento judicial tras atravesar emergencias obstétricas. En regiones con predominancia de población quechua, como Apurímac y Ayacucho, las tasas de criminalización por aborto son las más altas, lo que muestra un patrón de afectación dispar y vinculado a características étnicas y territoriales.
El 80% de las peruanas consultadas reconoce la existencia de desinformación sobre el aborto y más de dos tercios conoce directamente a alguien que atravesó una interrupción del embarazo, según la encuesta Demus. La mayoría recurre a Internet y redes sociales para informarse, lo que deja espacio para que el estigma y el desconocimiento sigan afectando el acceso a un derecho consagrado legalmente pero sometido a hostigamiento policial, barreras judiciales y obstáculos institucionales.
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