Fraudes cibernéticos en la Dirección Regional de Educación de Amazonas: roban más de S/1.5 millones de fondos públicos en menos de un mes

La región Amazonas enfrenta una de las investigaciones más delicadas de los últimos meses. En agosto, el director regional de Educación, Pastor Izquierdo Suárez, denunció un robo cibernético que dejó a la institución con un vacío de S/ 378 mil 920 en su cuenta del SUB CAFAE. Pocas semanas después se reveló que existió un segundo fraude, aún mayor, que superó el millón doscientos mil soles. Ambos casos apuntan a un mismo patrón: transferencias irregulares, posible complicidad interna y una red especializada en delitos informáticos.

Las autoridades regionales y policiales coinciden en que no se trata de incidentes aislados. La vicegobernadora de Amazonas, Leida Rimarachín, calificó lo ocurrido como una cadena de hechos “indignantes” que han generado malestar en la población y cuestionamientos sobre la respuesta de las instancias responsables. Según sus declaraciones, la demora en actuar y la falta de medidas inmediatas en la primera sustracción generaron un clima de desconfianza.

Mientras tanto, el Ministerio de Economía y Finanzas también lanzó una alerta, sugiriendo que esta modalidad delictiva estaría afectando a varias instituciones públicas en distintas regiones del país. La investigación policial avanza en paralelo con las diligencias fiscales, aunque aún no existe claridad sobre la magnitud de los fondos que podrán recuperarse.

Pastor Izquierdo Suárez relató que el robo del 4 de agosto fue detectado casi de inmediato. “Inmediatamente que hemos tomado conocimiento, hemos acudido a la instancia policial el día martes sobre las tres de la tarde, casi cuatro, a la DIRINCRI de la localidad, y ellos nos han llevado al Banco de la Nación para hacer el bloqueo de la cuenta”, explicó. La maniobra buscaba frenar el vaciamiento y evitar que el dinero siguiera circulando hacia otras cuentas.

El funcionario detalló que la Policía identificó a una empresa en Chiclayo que había recibido S/ 360,000 como parte de las transferencias. “Han identificado al gerente, la fiscal ha tomado diligencias y el gerente de esa empresa presto a apoyar en todo momento, porque según las indicaciones que da, también ha sido sorprendido”, sostuvo. Sin embargo, solo se encontró disponible un saldo aproximado de S/ 140,000, el resto ya habría sido retirado.

Según Izquierdo, existe la posibilidad de recuperar parte de ese dinero. “Extraoficialmente, sabemos que habría una posibilidad de retorno de alrededor de ciento cuarenta mil soles”, dijo. La operación depende de la autorización de las instancias superiores en Lima y de los procedimientos judiciales en curso.

Uno de los puntos más sensibles de la investigación es el acceso a las claves institucionales. Izquierdo señaló que se debe esclarecer quién facilitó el usuario y la contraseña de las cuentas. “Eso en ningún momento lo ha dado mi persona. Se tiene que demostrar quién proporcionó esos datos para que se produzca este fraude informático”, declaró. El director negó de manera tajante las versiones que lo vinculaban directamente con el caso: “Categóricamente, digo que en ningún momento la investigación policial y fiscal podrá determinar que yo sea cómplice”.

Las pesquisas intentan establecer si algún funcionario participó en el delito o si existió negligencia en la custodia de la información sensible. De comprobarse responsabilidad administrativa, los involucrados enfrentarían sanciones ejemplares.

En entrevista con RPP, la vicegobernadora Leida Rimarachín cuestionó la reacción del Gobierno Regional. “Ha sido muy indignante lo que ha venido pasando por dos tiempos consecutivos, prácticamente, de robos cibernéticos, uno en la Dirección Regional de Educación y otro en la sede central del Gobierno Regional de Amazonas”, señaló. Según su versión, se enteró de los hechos por redes sociales y tomó medidas mientras el gobernador Gilmar Horna Corrales se encontraba de viaje en Japón.

La autoridad señaló que la población exige respuestas inmediatas y sanciones para los responsables. “Queremos que se realicen sanciones correspondientes y que sea ejemplar la justicia para diversas malversaciones que se vienen haciendo en las obras públicas”, agregó.

La Policía y la Fiscalía mantienen abiertas varias diligencias, tanto en Amazonas como en Chiclayo. Los agentes especializados de la DIRINCRI han confirmado que esta modalidad de fraude afecta a otras instituciones en el país, con montos similares que superan los trescientos mil soles en algunos casos. El reto, según los investigadores, es identificar a la red detrás de las operaciones y desarticularla.

El caso se ha convertido en un tema de interés nacional, no solo por la magnitud de los recursos comprometidos, sino también por las dudas en torno al manejo de la seguridad informática en entidades públicas. Mientras avanza la investigación, la incertidumbre persiste: una parte del dinero podría recuperarse, pero la mayor pérdida parece ya consumada.