Paro de transportistas del 2 de octubre: lo que exigen las empresas y el silencio del gobierno de Dina Boluarte ante ola de extorsiones

El anuncio de un nuevo paro de transportistas reaviva la tensión en Lima y Callao. Más de 10 mil unidades entre buses, cústers y combis dejarán de circular este jueves, según confirmaron los dirigentes del sector. La medida de fuerza fue decidida tras varias semanas de atentados y amenazas que han dejado decenas de choferes asesinados, en un contexto marcado por el crecimiento de mafias que cobran cupos diarios a empresas y conductores para permitirles operar.

Mientras los gremios de transporte urbano señalan que se ven obligados a recurrir a una medida extrema por la falta de respuestas del Estado, desde Palacio de Gobierno no se ha emitido un pronunciamiento oficial. El silencio de la presidenta Dina Boluarte contrasta con las declaraciones que dio en eventos recientes, donde evitó referirse al paro y se centró en defender la estabilidad de su gestión frente a las protestas sociales.

Los transportistas urbanos han aclarado que su paro programado para el 2 de octubre no responde a un interés económico, sino a la necesidad de proteger su integridad y garantizar la seguridad de sus operaciones. Según los dirigentes, la ola de extorsiones y asesinatos contra choferes ha alcanzado niveles críticos, y hasta ahora el Estado no ha implementado medidas efectivas para frenar estas acciones delictivas. Por ello, consideran indispensable que se adopten mecanismos urgentes que les permitan trabajar sin amenazas ni presiones de mafias organizadas.

Las principales exigencias de los gremios incluyen:

• Creación de una unidad de élite integrada por la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial, con el objetivo de enfrentar directamente a las bandas criminales que extorsionan a choferes y empresas.
• Auditorías y control permanente de esta fuerza especial, con mecanismos de supervisión que aseguren la transparencia y eficacia de sus operaciones.
• Implementación de medidas de seguridad preventiva, como la instalación de cámaras en unidades de transporte y mayor presencia policial en rutas consideradas de alto riesgo.
• Protección legal y judicial inmediata para los conductores que denuncien extorsión o agresiones, evitando que queden desprotegidos frente a las mafias.
• Respuesta efectiva y rápida del Estado ante ataques o amenazas, de manera que los choferes puedan continuar sus actividades sin temor a represalias.

De acuerdo con la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano de Lima y Callao, más de 450 compañías confirmaron su participación en el paro del 2 de octubre. Esto significa la paralización de alrededor de 10 mil vehículos en las principales rutas de la capital y del Callao.

Dirigentes advirtieron que si no reciben garantías concretas, la medida podría ampliarse de manera indefinida. En distritos como San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres y Ate, donde la presión de las mafias es mayor, los choferes aseguran que se ven obligados a pagar cupos diarios que oscilan entre 20 y 50 soles para evitar ataques.

La presidenta Dina Boluarte respondió a los cuestionamientos por las manifestaciones registradas entre el 27 y 28 de septiembre en diversas regiones del país. Durante la clausura del curso Aprende a Emprender, organizado por el Ministerio de Trabajo en Lima, la mandataria aseguró que no renunciará a la Presidencia y calificó las movilizaciones como parte de una “cultura de odio que no todos los peruanos abrazamos”.

Boluarte se dirigió a los jóvenes, invitándolos al diálogo y solicitando que dejen las protestas, que según su criterio son promovidas por “grupitos”. Reiteró que su gobierno no ha cerrado la puerta al diálogo con nadie y enfatizó que su objetivo es concluir su mandato y entregar un país “distinto al que recibieron”. Asimismo, señaló que los llamados a su salida del poder forman parte de plataformas políticas que exceden sus atribuciones como presidenta, y defendió la estabilidad y gobernabilidad alcanzadas durante su gestión.

Aunque la convocatoria ha sido respaldada por la mayoría de empresas, algunos dirigentes mostraron discrepancias en la forma en que se tomó la decisión. Señalaron que no hubo consenso pleno y advirtieron que la falta de coordinación podría generar confusión en los usuarios.

La ciudadanía se mantiene a la expectativa, ya que la paralización afectará a millones de pasajeros en Lima y Callao. El paro se anuncia en medio de un escenario social complejo, marcado por la inseguridad y por movilizaciones que cuestionan la permanencia de Boluarte en el poder, lo que suma presión al Ejecutivo en una semana clave.