OCDE advierte retroceso del PIB de Perú a 2,8% para 2025 ante deterioro fiscal crítico e impacto de la corrupción

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) alertó sobre un retroceso del crecimiento económico de Perú, estimando que el Producto Interno Bruto (PIB) se situará en 2,8% para el año 2025, en un contexto de deterioro fiscal considerado crítico por el organismo. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de Perú espera un crecimiento superior al 3% en este periodo.

La advertencia forma parte del informe “Estudios Económicos de la OCDE: Perú 2025”, coordinado por Paula Garda y Michael Koelle bajo la supervisión de Aida Caldera Sánchez, donde se subrayan además los desafíos que enfrenta el país en el financiamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME).

La corrupción sigue siendo un obstáculo importante en Perú, con un costo estimado del 2,4% del PIB anual, debilitando la prestación de servicios, la confianza en las instituciones y la eficacia del gasto público, especialmente a nivel subnacional. Según la OCDE, aunque existen políticas anticorrupción sólidas, la débil aplicación de la ley, la supervisión fragmentada y la limitada capacidad judicial frenan los avances.

La organización recomendó “establecer un Sistema Nacional de Integridad y Transparencia y avanzar en reformas complementarias en materia de justicia, servicio civil y supervisión del sector público para fortalecer la lucha contra la corrupción en todos los niveles de gobierno”, según el organismo multilateral. Sin embargo, también recomendó “reforzar la independencia judicial aumentando el número de procesos de selección de jueces basados en méritos y reduciendo la dependencia de los nombramientos provisionales”.

“Los esfuerzos de Perú por reforzar su marco anticorrupción se enfrentan a importantes dificultades debido a las deficiencias en la aplicación de la ley y a los problemas de coordinación entre las instituciones de integridad pública responsables de la prevención, detección y aplicación de sanciones por corrupción”, señala.

El informe destaca que Perú exhibe fundamentos macroeconómicos sólidos, como inflación controlada y un sistema financiero resiliente, aunque la capacidad estatal para sostener esos logros se encuentra bajo presión. De acuerdo con la OCDE, la recaudación tributaria se ubicó en 17% del PIB en 2024, cifra sustancialmente por debajo del promedio regional y de los países miembros. Esta debilidad responde a la alta evasión fiscal, la prevalencia de la informalidad y una base de contribuyentes limitada. El déficit fiscal alcanzó el 3,5% del PIB en 2024, superando en dos años consecutivos las reglas fiscales adoptadas por el país.

El estudio subraya que la sostenibilidad fiscal peruana requiere reformas tributarias estructurales y una mayor eficiencia en el gasto público. Cumplir las metas fiscales de 2025 y 2026 obliga a adoptar medidas adicionales, incluyendo control de la planilla pública y la eliminación progresiva de subsidios y gastos tributarios considerados ineficientes.

En tanto, la informalidad caracteriza al 70% de los trabajadores y empresas en el Perú, limitando tanto la productividad como los ingresos fiscales y la calidad del empleo. El fenómeno afecta de forma especial a jóvenes, mujeres y poblaciones rurales, restringiendo el acceso a empleos productivos y a la protección social. El diagnóstico de la OCDE sostiene que abordar la informalidad exige reformas regulatorias, reducción de costos laborales no salariales, incentivos a la formalización y fortalecimiento institucional, con énfasis en los sectores juvenil y femenino.

De acuerdo con el reporte, las MIPYME constituyen el 99,4% del total de empresas y aportan el 85% del empleo formal, pero enfrentan “elevadas tasas de interés, exigencias de colateral y escasas alternativas de financiamiento incluso siendo formales”. El crédito privado representa apenas el 42% del PIB, frente a un promedio del 76% en los países de la OCDE, lo que revela la baja profundidad de los mercados de capitales y la dificultad para acceder a otras fuentes de financiamiento.

El informe recomienda ampliar garantías públicas, acelerar la implementación de banca abierta y vincular el acceso al crédito con procesos de formalización y aumento de productividad. “La brecha existente entre las tasas de interés aplicadas a las MIPYME y a las grandes empresas es mayor en Perú que en ningún país de la OCDE. Por lo tanto, para mejorar el acceso de las MIPYME al crédito del sistema financiero es necesario, en primer lugar, reducir el costo del financiamiento”, relata el documento.

Para ello, explica la OCDE, es necesario abordar las diferentes causas de este diferencial de tasas de interés: la limitada información disponible para evaluar la solvencia, los elevados costos de transacción en relación con el tamaño de los préstamos, los altos costos de refinanciamiento para los prestamistas y la escasez de garantías.

A nivel de movilidad social, el estudio advierte importantes brechas educativas, de género y territoriales. Solo el 59% de los jóvenes de 15 a 19 años está escolarizado. Los hogares rurales y los sectores más vulnerables presentan elevadas tasas de deserción y baja calidad educativa.

La transición de la escuela al trabajo evidencia fuertes limitaciones, con predominio de empleo informal y altos niveles de desocupación juvenil. Según la OCDE, solo el 2% de los jóvenes cursa formación técnico-productiva. Se recomienda fortalecer la calidad y cobertura de la educación, promover trayectorias escuela-trabajo claras y reducir las brechas de género.

En materia ambiental, el informe señala que el Perú es altamente vulnerable al cambio climático. El país depende en un 71% de combustibles fósiles en su matriz primaria y solo el 5% de la capacidad eléctrica total procede de fuentes renovables no convencionales.

La inversión en mitigación y adaptación climática equivale al 0,4% del PIB anual, nivel que la OCDE encuentra insuficiente ante fenómenos extremos, deforestación y retroceso glaciar. Entre las recomendaciones, destaca establecer una estrategia nacional para reducir la deforestación, fortalecer la aplicación de la ley, reformar el sector energético y promover marcos de financiamiento verde.