El informe económico 2025 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) identifican dificultades en la modernización y la electrificación del sistema de transporte público urbano, dos objetivos clave para avanzar hacia una movilidad urbana más sostenible y eficiente. El organismo internacional señala que se carece de integración y que más bien hay una fragmentación en numerosos operadores, muchos de ellos informales.
“El transporte público en el Perú tiene una tasa alta de informalidad y está ‘muy atomizado’”, advierte la OCDE en su estudio. Esta situación representa un obstáculo fundamental para la implementación de reformas profundas y para la adopción de tecnologías limpias, como los autobuses eléctricos.
La falta de integración del sistema y el escaso financiamiento estatal agravan el panorama. Salvo el metro de Lima, ningún otro sistema de transporte público en el país recibe apoyo financiero del Estado. La OCDE identifica que la reforma del transporte público en Lima, actualmente en curso, constituye una oportunidad para crear un sistema integrado y sostenible.
Sin embargo, la atomización del sector y la ausencia de una política de integración dificultan la consolidación de un modelo moderno. Además, el esquema de licencias vigente para los operadores tradicionales, que contempla autorizaciones definitivas no renovables por cinco años en zonas con nuevas concesionarias y renovaciones condicionadas a la modernización de la flota, no ha logrado revertir la fragmentación ni incentivar la renovación tecnológica de manera suficiente.
En este contexto, la OCDE recomienda una serie de medidas para superar los obstáculos identificados. El organismo subraya la necesidad de establecer incentivos adecuados y un entorno propicio para la renovación y racionalización del parque vehicular, priorizando la incorporación de grandes autobuses modernos. Para facilitar la transición, sugieren implementar programas de chatarreo y conversión de combustibles, así como ofrecer soluciones financieras que permitan a los operadores afrontar las inversiones iniciales.
Entre las acciones complementarias, el informe destaca la importancia de una fiscalización efectiva sobre las condiciones de los vehículos y los operadores, la confiscación de unidades antiguas y contaminantes, y la reconsideración de la exención del IVA en el transporte público, con el objetivo de equilibrar la competencia entre operadores formales e informales.
El análisis de la OCDE incorpora ejemplos internacionales y regionales que ilustran el potencial de las políticas adecuadas. Santiago de Chile, por ejemplo, ha electrificado el 37% de su flota de autobuses en 2024 y proyecta alcanzar el 55% para 2026. En contraste, Perú mantiene un mercado de vehículos eléctricos incipiente: en 2023, solo el 2% de las matriculaciones de vehículos nuevos correspondió a modelos eléctricos o híbridos, frente al 17% en Colombia, el 50% en Francia y Alemania, y el 97% en Noruega.
La experiencia de ciudades como Ciudad de México y Bogotá, donde los sistemas de bus de tránsito rápido (BRT) han logrado reducir las emisiones de gases de efecto invernadero entre un 10% y un 20%, sirve de referencia para el caso peruano. El Metropolitano de Lima, único BRT del país, opera con una flota que utiliza gas, pero enfrenta problemas de mantenimiento y falta de expansión acorde con el crecimiento de los corredores.
De acuerdo con la OCDE, los planes urbanos de seis ciudades peruanas prevén la puesta en marcha de 130 kilómetros de corredores BRT para 2030, y estudios del Banco Mundial estiman el potencial de 400 kilómetros para 2050. El organismo recomienda que el Estado apoye a las autoridades locales en la implementación de estos proyectos dentro de los plazos previstos.
Además, considera esencial la integración del Metropolitano con la red de Metro de Lima, cuya expansión debería acelerarse para mejorar la conectividad y la eficiencia del sistema.
Mirando hacia el futuro, identifican retos significativos para la adopción de vehículos eléctricos en Perú, entre ellos la escasez de infraestructura de carga fuera de Lima y el alto costo inicial de estos vehículos. No obstante, el informe destaca que, con políticas regulatorias y económicas adecuadas, así como el desarrollo de la infraestructura necesaria, es posible replicar los avances logrados en otros países de la región, como Colombia.
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