El fiscal provincial José Domingo Pérez, integrante del equipo especial Lava Jato, declaró públicamente ser víctima de hostigamiento laboral por parte del fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez. El funcionario manifestó que recientes declaraciones y posturas adoptadas por la máxima autoridad del Ministerio Público representan una presión directa contra su labor investigativa en los procesos de alto perfil que él dirige.
En entrevista para el programa Sin Guion, el funcionario consideró que la actuación del sucesor interino de Delia Espinoza trasciende las diferencias funcionales y configura un ambiente hostil contra la independencia de los fiscales que componen los equipos especiales.
“Decir que el equipo especial es una estructura paralela en el Ministerio Público, indicar que nuestra labor está orientada por criterios políticos, y señalar que el acuerdo de colaboración eficaz ha perjudicado a la institución y al país, son aspectos que constituyen actos de hostigamiento laboral”, aseguró.
En ese sentido, afirmó que percibe una campaña institucional dirigida a condicionar el trabajo fiscal de indagación en casos complejos: “Sentimos que desde la estructura más alta, jerárquicamente hablando del Ministerio Público, se ha iniciado una campaña de hostigamiento para que no podamos desarrollar la labor de manera independiente y autónoma”.
Advirtió sobre las consecuencias de estos mensajes para el desarrollo de los procesos, en particular para el juicio oral que él conduce actualmente. Explicó que la falta de respaldo institucional pone en riesgo no solo la continuidad de los procesos judiciales, sino también la colaboración de testigos y colaboradores eficaces en causas de corrupción. “Si es que hay estos actos en los cuales se está descalificando al fiscal que lleva ese juzgamiento, difícilmente testigos, colaboradores arrepentidos van a querer seguir contribuyendo o colaborando con la justicia”, resaltó.
La controversia se produce mientras el Congreso de la República evalúa diversas propuestas relacionadas con la reforma del sistema de justicia. José Domingo Pérez alertó durante la conversación con el medio que estas acciones se corresponden con un clima adverso a la autonomía fiscal y reflejan presiones políticas, legales e institucionales sobre los encargados de perseguir delitos de lavado de activos y corrupción de funcionarios en Perú.
Frente a la pregunta sobre si su permanencia al frente de los procesos más delicados depende de la voluntad de Tomás Gálvez, José Domingo Pérez indicó que las señales dadas por el fiscal de la Nación interino acrecientan la incertidumbre y el temor sobre un eventual relevo. Al respecto, el propio Gálvez ha admitido en entrevistas previas que había evaluado remover a Pérez y otros miembros del equipo especial, aunque defendió que, en el corto plazo, no concretaría esa decisión ante el inicio de juicios orales emblemáticos.
“Él tiene que continuar. Sacarlo en este momento, ¿qué significaría? Significaría entorpecer el juicio oral y hasta podrían imputarme que quiero encubrir o blindar a la señora Villarán”, declaró Gálvez en la víspera.
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