Caso Lava Jato: Brasil suspende indefinidamente la cooperación judicial con Perú y exige la devolución de pruebas entregadas a fiscales

La decisión de Brasil de poner fin a la cooperación judicial con el Perú marca un nuevo capítulo en el entramado internacional del caso Lava Jato. Lo que empezó como un acuerdo para intercambiar pruebas en investigaciones de corrupción ahora se encuentra en un punto muerto. La Secretaría Nacional de Justicia de ese país, a través de la Dirección de Recuperación de Activos y Cooperación Jurídica Internacional (DRCI), resolvió suspender por tiempo indefinido toda colaboración en procesos que involucren a Odebrecht, hoy Novonor S/A.

El anuncio, difundido por el programa de Milagros Leiva a partir de documentos oficiales, no solo confirma la suspensión, sino que exige la devolución de la información compartida. Según se precisa, Perú incumplió los términos acordados en el marco de la cooperación internacional, lo que generó desconfianza en las autoridades brasileñas respecto al uso que se dio a las pruebas entregadas.

El caso Lava Jato, que sacudió a gobiernos de la región, involucró directamente a exmandatarios peruanos, alcaldes de Lima y líderes políticos de primera línea. Sin embargo, lo que parecía una estrategia conjunta contra la corrupción se convirtió en un terreno de fricciones entre ambos países, debido a cuestionamientos sobre la forma en que Perú utilizó la evidencia proporcionada.

El 12 de setiembre, en un oficio emitido desde Brasilia, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública recordó que ya se había advertido previamente sobre el incumplimiento de compromisos por parte de Perú. La Secretaría de Cooperación Internacional de la Fiscalía General de la Nación de Brasil señaló que, en el marco de solicitudes de asistencia, se observó que las autoridades peruanas no respetaron los límites del acuerdo bilateral.

La DRCI precisó que tampoco existen garantías de que se cumpla con la decisión dictada en la Queja 43.007 del Supremo Tribunal Federal de Brasil, que declaró inválidas las pruebas derivadas de los sistemas Drousys y MyWebDay.B. Ante este escenario, recomendó la suspensión indefinida de la cooperación y la devolución de todas las solicitudes en curso.

La medida fue formalizada mediante la Orden 930 del Director de la DRCI, que ratificó la suspensión de toda cooperación internacional en materia penal con el Perú vinculada a Odebrecht y sus exfuncionarios. El texto es claro al señalar que no se cumplen los compromisos del “Acuerdo de Asistencia Judicial en Materia Penal entre el Gobierno de la República Federativa del Brasil y el Gobierno de la República del Perú” ni los términos de especialidad que limitaban el uso de la evidencia.

El documento, compartido por el programa de Milagros Leiva en sus redes, indica expresamente que mientras no existan garantías de cumplimiento, Brasil no dará curso a solicitudes provenientes de Perú, ya sea mediante asistencia directa o a través de cartas rogatorias.

La trama de corrupción, originada en Brasil, se expandió por América Latina, involucrando sobornos multimillonarios para asegurar contratos de obras públicas. En Perú, estas operaciones alcanzaron al menos 41 proyectos, según una investigación de El Comercio que recopiló información del Ministerio de Economía, comisiones parlamentarias y la Contraloría.

Entre las obras más costosas se encuentra el Gasoducto Sur Peruano, con un presupuesto de más de 7 mil millones de dólares, adjudicado a Odebrecht, Graña y Montero y Enagás. También destaca la Carretera Interoceánica Sur, cuyo costo final superó los 3 mil millones de dólares y que llevó a acusaciones directas contra Toledo por colusión y lavado de activos tras recibir un presunto soborno de 35 millones de dólares.

El impacto del caso Lava Jato no se limita a dos megaproyectos. El Tren Eléctrico de Lima, la Línea Amarilla, el proyecto Olmos, Chavimochic, las Vías Nuevas de Lima, el Centro de Convenciones de Lima y el inconcluso Hospital Antonio Lorena en Cusco también forman parte del listado de obras en las que se habrían entregado sobornos.

Según el mismo análisis, las compañías brasileñas involucradas recibieron cerca de 17 mil millones de dólares en contratos estatales. Este volumen de recursos explica el interés de las autoridades judiciales en asegurar la validez de las pruebas y la necesidad de cooperación con Brasil para sostener los procesos en curso.