Ocho empresas de transporte no salen a trabajar por temor a ser atacados por extorsionadores: choferes temen por su vida

La mañana del lunes 29 de septiembre inició con tensión en Lima. Pese a que en zonas como Puente Nuevo se observaba circulación de unidades, ocho empresas de transporte habían anunciado la suspensión de sus recorridos por temor a nuevos atentados. Entre las firmas que paralizaron figuran Santa Catalina, Flores y Vipusa, cuyos conductores y cobradores aseguran que salir a trabajar implica arriesgar la vida.

La inseguridad vinculada a las mafias que exigen el pago de cupos ha provocado un ambiente de desconfianza en los paraderos y dentro de los buses. Pasajeros y choferes coinciden en que cada trayecto es incierto. Según cifras del propio gremio, más de sesenta transportistas han sido asesinados este año por negarse a pagar las extorsiones, lo que incrementa la percepción de vulnerabilidad entre los trabajadores del volante y los usuarios.

En la zona de Puente Nuevo, un punto clave del tránsito en Lima, la actividad parecía normal en la mañana, aunque los testimonios recogidos reflejaban temor. Una pasajera señaló que, aunque debía movilizarse hacia Puente Primavera, lo hacía con el pensamiento de que “no sabemos si llegamos o no llegamos”. Su principal pedido al Gobierno fue mayor seguridad para evitar que las familias queden desamparadas.

Otro ciudadano relató que su hermano fue asesinado el año pasado en un hecho vinculado a la violencia criminal. Aseguró que la presidenta debería mostrar empatía con las víctimas y brindar respuestas claras, ya que los peruanos “no vemos soluciones”. Para él, la paralización de algunas rutas es un acto de protesta legítimo frente al abandono del Estado.

La preocupación ha llegado a un nivel insólito: muchos usuarios analizan qué asiento ocupar en los buses pensando en su supervivencia. Algunos afirmaron que prefieren sentarse en la parte posterior, convencidos de que es menos riesgoso en caso de un ataque armado. Otros manifestaron que buscan el centro del vehículo como una alternativa para reducir riesgos tanto de accidentes como de atentados.

Un pasajero entrevistado reconoció que recién se enteraba de que los asientos detrás del chofer son considerados los más peligrosos. “Ahora entiendo por qué la mayoría busca la parte de atrás”, comentó. Este tipo de decisiones refleja la magnitud del miedo instalado en el transporte público limeño, donde incluso un viaje cotidiano exige cálculos de seguridad personal.

Aunque varias empresas paralizaron sus actividades, otros choferes optaron por seguir en las calles. Sin embargo, la sensación compartida es la de vulnerabilidad constante. “Es una situación lamentable, pero hay que salir a trabajar”, dijo un conductor, quien admitió que cada jornada inicia con la incertidumbre de si regresará a casa.

Los trabajadores señalan que no existe un plan sólido que frene las extorsiones ni que castigue con firmeza a los responsables de los ataques. Aseguran que, mientras no haya patrullaje efectivo ni presencia sostenida de las autoridades en las rutas, los asesinatos seguirán aumentando y la decisión de detener los buses será inevitable.

Entre los usuarios también hubo muestras de respaldo hacia la paralización de algunas empresas. Varios manifestaron que, aunque la medida genera complicaciones para quienes necesitan trasladarse, es comprensible que los choferes exijan garantías para realizar su trabajo. “Obviamente todos tenemos que estudiar o trabajar, pero es un acto de apoyo estar con ellos”, dijo un joven entrevistado en la zona.

Otros pasajeros coincidieron en que el costo más alto de esta violencia lo pagan las familias de los transportistas. Frente a los ataques, las personas reclaman que las autoridades no se limiten a anuncios, sino que respondan con acciones concretas para detener la ola criminal.