La reciente llegada a Lima de Luz del Carmen Ibáñez Carranza marca el inicio de una etapa relevante para el Perú en el ámbito del derecho internacional. La jurista ha sido formalmente designada como candidata del país para ocupar el cargo de jueza en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya durante el periodo 2027-2036, y ya ha comenzado a definir la hoja de ruta que podría devolver a un peruano a este alto tribunal tras más de medio siglo de ausencia.
Ibáñez Carranza, reconocida por su amplia experiencia en derecho internacional, tiene previsto reunirse con el canciller Elmer Schialer para coordinar una agenda diplomática que incluye visitas y encuentros con representantes de los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas. El objetivo es asegurar el respaldo necesario para su elección en la CIJ, un proceso que exige mayoría absoluta tanto en la Asamblea General como en el Consejo de Seguridad de la ONU, órganos que actúan de manera simultánea pero independiente en la selección de los jueces.
La relevancia histórica de esta postulación es evidente. Desde la presidencia de José Luis Bustamante y Rivero en la CIJ entre 1961 y 1970, el Perú no ha contado con representación en este tribunal. La candidatura de Ibáñez Carranza busca restablecer la presencia peruana en la corte y se alinea con el compromiso nacional de promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, un mensaje que la presidenta Dina Boluarte subrayó recientemente ante la ONU.
La nominación de Ibáñez Carranza se formalizó en marzo pasado durante una ceremonia oficial en Lima, que contó con la presencia del cuerpo diplomático y estuvo encabezada por el canciller Schialer. En el evento participaron también el entonces presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, y Eduardo Arana, quien en ese momento se desempeñaba como ministro de Justicia y actualmente lidera el gabinete ministerial.
¿Quién es Luz Ibáñez Carranza y cuál es el proceso para ser designada en La Haya?
La trayectoria profesional de Ibáñez Carranza destaca por su solidez y compromiso con la justicia. Actualmente, ejerce como jueza de la Corte Penal Internacional (CPI) para el periodo 2018-2027, tras haber sido elegida por la Asamblea de Estados Parte al Estatuto de Roma en 2017. Su carrera abarca 43 años de experiencia judicial, de los cuales 23 se han desarrollado en el ámbito del derecho internacional.
Durante 35 años trabajó como fiscal en el Perú, incluyendo 15 años como Fiscal Superior Coordinadora Nacional de Procesos Especializados en crímenes internacionales graves, como crímenes de lesa humanidad, terrorismo y graves violaciones a los derechos humanos. En 2006, lideró el proceso judicial que culminó con la condena a cadena perpetua de Abimael Guzmán y la cúpula de Sendero Luminoso por los crímenes cometidos contra miles de peruanos.
Además, Ibáñez Carranza fue elegida Primera Vicepresidenta de la CPI para el periodo 2021-2024, contribuyendo a la administración de la justicia internacional en favor de la paz y la seguridad mundial. Su perfil académico incluye un doctorado en Derecho, una maestría en Derecho Penal y especializaciones en derecho internacional en instituciones de Francia, España, Estados Unidos y Japón, entre otras. Ha ejercido la docencia universitaria durante 25 años y es conferencista internacional en temas de derecho internacional público, derechos humanos, derecho humanitario y derecho penal internacional.
El proceso de elección en la CIJ implica una votación en la que la candidata deberá obtener la mayoría absoluta en ambos órganos principales de la ONU. El gobierno peruano ha manifestado su respaldo institucional a la postulación, en consonancia con los principios de igualdad y diversidad que promueve en el ámbito internacional.
A lo largo de su carrera, Ibáñez Carranza ha sido distinguida por su integridad, imparcialidad e independencia. En 2021 recibió la medalla de Honor “Ruth Bader Ginsburg”, otorgada por la Asociación Mundial de Juristas y la World Law Foundation, en reconocimiento a su labor en la defensa de la igualdad de género y el fortalecimiento del Estado de Derecho. Su compromiso con la diversidad y la integración de culturas legales se refleja en su intención de promover estos valores en la CIJ.
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