Ante ola de asesinatos y pedido de transportistas, PNP descarta colocar policías en cada bus: “Es imposible”

En medio de una escalada de violencia que golpea a Lima y Callao, los gremios de transporte urbano reclamaron al Estado mayor protección para choferes y cobradores, quienes en las últimas semanas se han convertido en blanco de ataques armados. Varios asesinatos, vinculados a mafias de extorsionadores, han puesto en evidencia la vulnerabilidad del sector y el temor constante de quienes trabajan en la vía pública.

Ante estos hechos, la Policía Nacional del Perú (PNP) respondió que no es posible colocar agentes en cada unidad de transporte, como exigen los sindicatos. El jefe de la Dirección de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial, general Enrique Felipe Monroy, explicó que la institución no cuenta con la capacidad operativa ni con el número suficiente de efectivos para cubrir los más de 30 mil vehículos que circulan a diario en la capital.

El general Enrique Felipe Monroy descartó la posibilidad de cumplir con la exigencia de colocar policías en cada bus. “Es imposible”, afirmó, al recalcar que la institución no tiene los recursos humanos para desplegar efectivos en todas las unidades de transporte. Señaló que la PNP enfrenta un déficit de personal que impide atender una medida de esa magnitud.

Como alternativa, anunció que se reforzarán los patrullajes y que se establecerán corredores seguros en avenidas con mayor flujo vehicular. También adelantó que se coordinará con los municipios para instalar cámaras en paraderos y terminales, con el objetivo de reforzar la vigilancia en zonas donde se concentran los ataques.

Ante esta situación, diferentes gremios decidieron elevar su pedido al Gobierno. Exigen medidas más radicales, como la presencia de policías en cada bus, la instalación de sistemas de videovigilancia en las unidades y una estrategia más agresiva contra las mafias que operan en el transporte urbano. Argumentan que los patrullajes aleatorios no logran frenar los asesinatos ni las extorsiones.

Los dirigentes sostienen que los trabajadores de este rubro están expuestos diariamente y que la seguridad no puede seguir limitada a operativos puntuales. Algunos incluso han advertido que, de no contar con una respuesta inmediata, evaluarán tomar medidas de fuerza o paralizar el servicio para evitar que más conductores resulten asesinados.

Los crímenes contra choferes y cobradores han aumentado de manera alarmante en los últimos meses. En distintas zonas de Lima se registraron ataques a plena luz del día, con víctimas que fueron baleadas dentro de sus unidades o en paraderos mientras cumplían su jornada laboral. La mayoría de los casos está relacionada con organizaciones dedicadas al cobro de cupos.

Este panorama ha generado un clima de incertidumbre entre los trabajadores del transporte. Algunos aseguran que reciben amenazas constantes para pagar extorsiones y que, al negarse, terminan siendo blanco de sicarios. Los usuarios, por su parte, expresan temor de subir a los buses, lo que también repercute en la disminución de pasajeros y en las pérdidas económicas para el sector.

La Policía Nacional indicó que la estrategia se enfocará en labores de inteligencia para identificar a las bandas que lideran las extorsiones. Además, se fortalecerá la presencia de unidades motorizadas y camionetas en puntos críticos, lo que permitirá actuar de manera inmediata ante cualquier hecho violento.

No obstante, los gremios de transporte consideran que estas acciones son insuficientes y que la respuesta del Estado no refleja la magnitud de la emergencia. Advierten que los asesinatos continúan y que la ausencia de policías dentro de los buses deja a los conductores desprotegidos frente al crimen organizado.