Rafael Muente, presidente suspendido del Osiptel: “Si la presidenta quisiera intervenir, sería a través de una decisión política”

Rafael Muente Schwarz, suspendido presidente ejecutivo de Osiptel, denuncia que el Gobierno ha solicitado su destitución mediante un informe de la Comisión Ad Hoc de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), en un claro intento de captura política total del regulador. En diálogo con Infobae Perú, afirma que todas las instancias han descartado irregularidades y que su separación se erige sobre argumentos débiles y fuera del marco legal, mientras el premierato ha avalado una alteración interna con designaciones arbitrarias y ruptura de la meritocracia. Ratificó que continuará defendiendo la institucionalidad de Osiptel frente a estos hechos.

¿Usted no debería estar ya repuesto en el cargo?

Hace prácticamente cuatro meses se inició una nueva investigación, ya no por haber dispuesto o direccionado la contratación de la Escuela de Dirección de la Universidad de Piura, sino por presuntamente haber influido en ella. En el primer caso, el Tribunal de Servir declaró nulo todo lo actuado porque no se había demostrado nada de lo que se me imputaba. Servir dijo: “¿Cómo puede uno defenderse de algo que no está demostrado?” Declaró nula toda la investigación.

Casi de inmediato, desde el 1 de mayo, se reinicia la investigación, pero ya no por los mismos hechos, sino por presuntamente haber influido en la contratación. Esto estuvo acompañado de una medida cautelar por la que debía apartarme para no interferir en la investigación; no podía actuar como presidente de Osiptel y asumió el vicepresidente como encargado de la presidencia ejecutiva.

Usted me habla de Jesús Guillén Marroquín.

De manera inconsulta y sin coordinación conmigo, quien sigue siendo el titular porque no estoy sancionado, Guillén comenzó a remover a todos los altos directivos de Osiptel, los reemplazó, movió o despidió. Si a uno le encargan algo, no es para hacer o deshacer a su antojo.

Imagine que un gerente se va de vacaciones, le encarga a otro la conducción y, al regresar, descubre que han despedido a todo el equipo. Eso es absolutamente irregular y sorprendente, porque además, según la medida cautelar, sólo debía durar 15 días hábiles, es decir, tres semanas, pero sigue vigente después de casi cuatro meses.

¿Cómo podía alguien saber que esa medida cautelar se iba a extender para nombrar gente a dedo, romper la cultura meritocrática de Osiptel y reemplazar a casi toda la alta dirección? Eso es extraño y sólo puede haber sido coordinado con la PCM, que debió decirle: “Haz esto, porque la medida cautelar se va a extender”. Ese es el primer indicador de que algo irregular sucedía.

¿Se ha respetado el debido proceso en su contra?

No. En segundo lugar, la investigación por la que fui separado señalaba que yo podía influir o perturbar, pero ni siquiera se tomó declaración a las personas presuntamente influenciadas, el gerente general y la directora de Recursos Humanos. A ambos no se les interrogó. Entonces, ¿para qué me excluyeron si no había intención de investigar posibles influencias?

El informe notificado esta semana, de 86 páginas, carece de valor jurídico porque no demuestra nada. En un procedimiento sancionador, la carga de la prueba corresponde al investigador, pero el documento hace especulaciones: si hubo un error, dicen que fue por influencia; si se omitió una formalidad, lo atribuyen a influencia, pero no hay pruebas ni confirmaciones.

Para demostrar influencia indebida deberían haber interrogado a los presuntos influenciados, determinar si esa práctica irregular era habitual, y no simplemente suponer mi responsabilidad. La investigación ha sido nula y concluyen sin pruebas coherentes.

¿Por qué apartarlo del Osiptel? ¿Cuál es el interés detrás?

Esta propuesta de destitución busca apartarme de Osiptel para seguir cambiando el regulador por dentro. Estoy convencido de que se trata de una captura política, orquestada desde PCM.

Bajo mi conducción, Osiptel impulsó la seguridad ciudadana y logró que el Congreso prohibiera la venta ambulatoria de chips. La venta ambulatoria constituía el setenta por ciento de todas las ventas de las operadoras, pero era un riesgo por la posibilidad de obtener chips a nombre de otros y por la falsificación de nombres. Esto fue demostrado con casos concretos.

Osiptel venció la oposición de las empresas a esa prohibición y la venta facilitaba delitos como extorsión, sicariato, secuestros y estafas. Esto es lo que ahora estoy pagando: haber llevado a cabo una labor que ha golpeado intereses económicos, pero que se justificaba por razones de seguridad ciudadana y del interés público.

Es una situación muy sensible la que me cuenta, y ahora parece que alistan el estocazo.

Las empresas denunciaron a Osiptel ante otro organismo regulador, el Indecopi, por supuestas barreras burocráticas, pero todas perdieron, aunque permanecieron en rebeldía hasta que el Congreso aprobó la prohibición por ley.

A los pocos días de la aprobación de la ley, en julio de 2023, se inició una investigación en mi contra, tras un correo anónimo sobre mi participación en un programa de alta dirección similar a lo que hicieron otros funcionarios públicos y oficiales militares de alto rango, cuyo pago realizaban sus propias instituciones, igual que Osiptel en mi caso.

Sin embargo, se me persigue y busca destituirme, aunque mi mandato termina recién en febrero de 2027, tras haber sido elegido en el concurso público de 2022.

¿Qué es lo que sigue para usted?

Este es un informe de investigación sobre la imputación hecha por la PCM. El informe, de 86 páginas, se eleva al premier, como primera instancia administrativa. Espero poder ejercer mi defensa en una audiencia oral junto con mi abogado. El premier emitirá una resolución, que puede ser apelada ante el Tribunal de Servir, la segunda y última instancia administrativa.

No me queda claro el plazo del proceso.

Teóricamente es de 10 días hábiles. Sin embargo, el reglamento de la Ley de Servir no establece una sanción si no se cumple el plazo, así que puede extenderse según la decisión del premier.

En caso de una eventual destitución, ¿cómo sería el reemplazo? ¿El actual encargado asumiría o se convocaría un nuevo concurso?

Si se concreta la destitución, la PCM puede designar a dedo un presidente temporal de Osiptel. Esto fue posible gracias a una norma específica emitida tras mi primera sanción. También pueden convocar un nuevo concurso público, aunque la vez anterior no se concretó porque la resolución del Tribunal de Servir declaró nulo el proceso. En principio, la PCM designaría a un presidente temporal, sin excluir la posibilidad de que Jesús Guillén, actual vicepresidente encargado, sea nombrado en el cargo.

¿Guillén trabajó con usted mientras estuvo a cargo? ¿Usted mantiene comunicación con él?

Sí, Guillén integra por segunda vez el consejo directivo de Osiptel. Yo hubiera esperado que, no estando sancionado y él estando de encargado, hubiera coordinado conmigo algunas decisiones durante los cuatro meses de exclusión, pero eso no ocurrió. Todo fue documentario, no había posibilidad de que mi presencia perturbara la investigación.

¿No ve mala fe en todo ello?

Guillén actuó como si tuviera plenos poderes, removiendo al gerente general, a varios directores y asesores, nombrando a otros y sumando asesores donde antes no los había; Osiptel siempre funcionó sin asesores, yo solo tenía uno a medio tiempo.

Ahora, bajo qué lógica un encargado realiza esos cambios si no estuviera seguro de que el tiempo se extendería y tendría mano libre para manejar el regulador como un presidente efectivo. Eso da certeza de que todo estaba coordinado con la PCM, pues no hay otra explicación. No hubo coordinación entre nosotros.

Ahora, este es un problema que viene desde la época de Gustavo Adrianzén.

Con Adrianzén quedó demostrado que todo era un tema personal, pero esto empezó con Alberto Otárola. La investigación la inicia él en julio de 2023, hace más de dos años. Adrianzén continúa el proceso y finalmente emite la sanción. Con Eduardo Arana siguió igual.

Esto evidencia una persecución política que trascendió a tres titulares de la PCM. Sólo puede responder a intereses muy claros de quienes fueron afectados por la gestión de Osiptel, que por ley debe ser autónoma, orientada al interés general, no a intereses particulares.

Ya son tres primeros ministros en este asunto. ¿Cree que puede venir la orden desde Presidencia?

No puedo afirmarlo ni negarlo. Dentro de la especulación, está claro que no se puede descartar.

¿Con la señora Boluarte ha habido algún entredicho antes?

No, nunca. Durante mi gestión como presidente de Osiptel, se me negaron viajes y reuniones, me tuvieron aislado, mientras a Guillén lo recibían, le autorizaban viajes y le daban un trato distinto al que a mí se me dio desde la PCM en los últimos años.

¿Y no cabe la posibilidad de que sea ella quien zanje todo este tema, que se ha degenarado en manos de PCM? ¿Qué mensaje le daría?

Le diría que el Osiptel es un organismo clave, relevante para el mercado. Si hay un sector donde la regulación ha dado beneficios concretos a los usuarios es en telecomunicaciones: más competencia, menores precios, mejores prestaciones, menos reclamos.

Sin embargo, debo aclarar que, formalmente, la presidenta no es parte de este procedimiento; quien debe emitir la resolución es el presidente del Consejo de Ministros. Si la presidenta quisiera intervenir, sería a través de una decisión política.

El siguiente paso podría ser decisivo.

Es una persecución evidente. En el último año he estado nueve meses impedido de ejercer mi función en Osiptel. Esto va contra toda buena gestión en el Estado y además evidencia la falta de interés en pertenecer a la OCDE, que da mucha importancia a la estabilidad de los organismos reguladores. Aquí, en cambio, se interviene de manera escandalosa en la conducción de Osiptel.