En una zona agrícola del distrito de Cayaltí, provincia de Chiclayo, el silencio del Complejo Arqueológico Songoy fue interrumpido por la presencia de un equipo multidisciplinario. La Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Lambayeque organizó un operativo preventivo tras recibir información sobre excavaciones ilícitas que ponían en riesgo la integridad del sitio. Lo que encontraron confirmó la gravedad de la denuncia: pozos abiertos, fragmentos de cerámica esparcidos y evidencias claras de huaqueo.
El Ministerio de Cultura explicó que estas acciones se enmarcan en el esfuerzo continuo por salvaguardar el patrimonio cultural de la Nación. La intervención no solo respondió a una alerta ciudadana, sino que también representó un ejercicio coordinado entre instituciones públicas. En el operativo participaron arqueólogos, abogados y especialistas del Museo Tumbas Reales de Sipán, además de efectivos de la Policía y representantes de la Segunda Fiscalía Provincial Especializada en Prevención de Delitos de Chiclayo.
La inspección reveló que algunas piezas halladas todavía conservan su integridad, mientras que otras resultaron severamente afectadas por las condiciones del entorno y por la manipulación violenta de quienes intentaron extraerlas. “Las excavaciones clandestinas buscan sustraer bienes culturales muebles, una práctica que pone en grave riesgo el patrimonio histórico del país”, señaló el Ministerio de Cultura en un comunicado oficial.
La institución reiteró que la ciudadanía desempeña un papel crucial en la defensa de la herencia histórica. Gracias a una denuncia anónima presentada a través de su plataforma virtual, se logró identificar a tiempo la afectación en Songoy y activar una respuesta inmediata.
Denuncia ciudadana y acción inmediata
El aviso llegó mediante los canales digitales habilitados por el Ministerio de Cultura para reportar casos de saqueo o daños en monumentos arqueológicos. Esa alerta permitió que los equipos especializados acudieran de manera oportuna y verificaran la situación.
Durante la diligencia, los especialistas encontraron cerámica prehispánica en distintos estados de conservación. Varias piezas estaban fragmentadas, lo que evidencia la violencia con la que fueron extraídas del suelo. La institución precisó que, aunque parte de los objetos puede restaurarse, el contexto arqueológico en el que se encontraban ya resultó alterado.
El Ministerio de Cultura insistió en que la práctica del huaqueo constituye una amenaza constante para la preservación de la memoria prehispánica. Además de la pérdida material, se genera un daño irreversible a la información científica que podría aportar sobre las sociedades que habitaron la región.
Acciones de protección y registro
Las piezas recuperadas fueron trasladadas a la sede de la DDC Lambayeque para un proceso de evaluación detallada. Allí se determinará su estado de conservación, se gestionará su declaratoria como bienes culturales y se procederá con su registro oficial. Estas medidas buscan no solo garantizar su preservación física, sino también su incorporación legal al patrimonio de la Nación.
“El compromiso de la institución es proteger y defender los bienes culturales frente a la comercialización ilegal y fortalecer la conciencia social sobre su importancia”, señaló la DDC Lambayeque.
La entidad indicó que este tipo de operativos son permanentes y responden a una política de Estado en la defensa del legado histórico. Asimismo, resaltó que la cooperación con la ciudadanía es esencial para enfrentar los delitos vinculados al huaqueo.
Un llamado a la protección del patrimonio
En su comunicado, el Ministerio de Cultura reiteró que los ciudadanos pueden reportar hallazgos o situaciones de riesgo a través de distintos canales. Para ello están habilitados los teléfonos (01) 321-5561 y 976 066 977, el WhatsApp 976 066 977, el correo electrónico atenciondedenuncias@cultura.gob.pe y la página web http://denunciaspc.cultura.gob.pe/.
El llamado busca reforzar la idea de que la preservación del patrimonio no es solo responsabilidad del Estado, sino una tarea colectiva. Informar a tiempo sobre actividades sospechosas permite frenar el avance de redes de tráfico ilegal y conservar la historia de los pueblos originarios.
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