Tras más de una década de funcionamiento, la Línea 1 del Metro de Lima enfrenta el debate más intenso de su historia: la posibilidad de aumentar el precio del pasaje.
La concesionaria Tren Urbano de Lima S.A. plantea elevar la tarifa base de S/ 1.50 a S/ 3.00 como parte de un plan para financiar mejoras operativas y la ampliación de la capacidad de transporte, proyecto que demandaría una inversión superior a USD 2.700 millones en su primera fase.
José Zárate, gerente general de la Línea 1, afirmó que para “poder financiar este proyecto de manera masiva y que el Estado cofinancie solo USD 56 millones, sí o sí tiene que haber un aumento tarifario”.
“Pasar de S/ 1.50 a S/ 3 no es descabellado porque todavía estaríamos por debajo del Metropolitano”, fue su propuesta, que establece que aproximadamente el 95% del financiamiento provendría de los ingresos por concepto de pasajes, mientras el Estado asumiría una fracción menor del costo.
La adenda para la ampliación —planteada desde 2023— incluye obras en terminales, mejora de estaciones, señalización, automatización y renovaciones en patios de Villa El Salvador y San Juan de Lurigancho.
El objetivo es reducir el intervalo entre trenes en hora punta, que actualmente supera los 30 minutos, y elevar la calidad del servicio. Sin embargo, la decisión final de incremento debe ser aprobada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y pasar por el filtro técnico y social de Proinversión y otros organismos reguladores.
“Nosotros no definimos la tarifa, la definen ellos. El ministerio va a decir finalmente cuál va a ser, si se siente cómodo con S/ 3 o va a ir de a pocos o va a ir de frente a S/ 2. No lo sabemos porque será parte de la evaluación que está haciendo el equipo también con Proinversión hasta el fin de año”, agregó Zarate.
Actualmente, el pasaje de la Línea 1 está subsidiado por el Estado, a diferencia de otros servicios como el Metropolitano.
Congreso a favor de los usuarios
La Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos (Codeco) del Congreso de la República reaccionó de inmediato, indicando que cualquier aumento tarifario debe ser estudiado y consensuado, por el impacto directo sobre la economía de millones de usuarios.
Katy Ugarte, presidenta de la comisión, señaló que "no puede trasladarse a los usuarios la carga de una gestión que corresponde al Estado y a la empresa".
El Congreso solicitó información detallada tanto a la empresa concesionaria, Tren Urbano de Lima S.A., como al OSITRAN y al MTC.
La posición oficial es que ninguna medida puede ejecutarse de manera unilateral, ni sin un análisis técnico, social y económico.
Ugarte remarcó: “La población ya enfrenta una economía golpeada. No vamos a permitir que decisiones apresuradas vulneren su derecho a un servicio accesible y de calidad”.
Para garantizar la transparencia y proteger el derecho de los pasajeros, la Codeco anunció que convocará a representantes estatales, concesionarios y reguladores para evaluar alternativas de financiamiento. Así buscan asegurar la sostenibilidad del servicio sin que los consumidores asuman todo el peso de las inversiones.
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