Perú destina otros 40 millones de soles al cuidado de los ductos del Gasoducto Sur vinculado a Odebrecht

El Estado peruano, a través del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), autorizó la transferencia de S/40 millones 477.157 al Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN) para financiar el mantenimiento de los activos del ex Gasoducto Sur Peruano, un megaproyecto paralizado desde 2017 e íntimamente ligado al escándalo de corrupción de Odebrecht.

De esta manera, el cuidado de los ductos continuará a cargo del Estado peruano mientras no se defina el desenlace de la disputa legal ni el destino de los materiales, cuyo aprovechamiento en otros proyectos de distribución de gas sigue siendo evaluado por las autoridades.

El gasoducto, que inicialmente proyectaba 1.137 kilómetros para transportar gas desde Camisea (Cusco) hasta la costa sur, representa uno de los mayores proyectos inconclusos de infraestructura energética en el país. Los activos abandonados siguen contabilizados en más de 1.600 millones de dólares, cifra que incluye tubos, maquinaria e ingeniería sin utilizar ni producir beneficio alguno para la población.

La preservación de estos bienes recae desde hace más de siete años en manos de OSINERGMIN, que fue designado como administrador provisional tras el escándalo de corrupción que sacudió el megaproyecto.

El origen del grueso del financiamiento para la custodia de estos activos proviene de una fuente particular: la multa que pagó Odebrecht en 2017, cuando se reveló que la empresa brasileña incumplió el cierre financiero requerido para continuar la obra. El dinero, depositado entonces como reparación al Estado, ahora se desvía a cubrir gastos de almacenamiento y vigilancia de materiales cuyo destino resulta cada vez más incierto.

El caso Odebrecht en Perú expuso una compleja red de corrupción y colusión entre políticos de alto nivel, funcionarios públicos y ejecutivos de empresas. Según la tesis fiscal, durante los mandatos de Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016), se orquestó una estructura criminal con el objetivo de entregar de forma irregular contratos millonarios del Estado a conglomerados empresariales.

En el capítulo específico del Gasoducto Sur Peruano, la investigación apunta a que la adjudicación del proyecto benefició indebidamente al consorcio integrado por Odebrecht S.A, Enagás Internacional S.L.U y Graña y Montero S.A., mientras que la licitación y supervisión se vieron marcadas por concertación e intercambio de favores en perjuicio del erario nacional.

Pese a numerosos intentos de distintos gobiernos por reactivar el megaproyecto, la obra permanece inerte y sin perspectivas claras de reanudación. Los equipos y tubos almacenados requieren protección constante ante riesgos de deterioro, robo o vandalismo, lo que explica el gasto sostenido, pero sin que existan garantías sobre la recuperación de la inversión original.

Jorge Luis Montero Cornejo, titular del MINEM, aprobó la última transferencia presupuestal respaldado por dictámenes técnicos y legales, en acatamiento de la Ley N° 32416 que destina estos fondos únicamente a la administración de los activos. Según la normativa, aquel recurso que no se ejecute al cierre del año debe ser devuelto al ministerio, aunque el sistema prevé poco margen para reducir significativamente el gasto ya comprometido en labores de resguardo.

En la comunidad energética, así como entre organizaciones de la sociedad civil, crecen las voces que exigen definir de una vez el destino definitivo del gasoducto y esclarecer la responsabilidad de quienes impulsaron su adjudicación irregular. El caso, vinculado directamente al escándalo Lava Jato, mantiene congelados recursos clave para el desarrollo nacional, mientras el país sigue afrontando el costo de una infraestructura nunca terminada.

En 2025, el Perú inició acciones legales para impugnar la indemnización de 302 millones de dólares ordenada por el CIADI a favor de Enagás, socia del consorcio liderado por Odebrecht en el Gasoducto Sur Peruano. El arbitraje internacional surgió tras la cancelación del contrato en 2017 por corrupción, situación que Perú argumenta debería excluir pagos derivados de un proceso viciado.

El Gobierno ha destinado S/10 millones 181.250 para la defensa legal, cifra que busca evitar o reducir la carga fiscal asociada al fallo, mientras en el ámbito local continúan las investigaciones contra Enagás por presunta concertación irregular en la adjudicación del proyecto.