Dina Boluarte afirmó ante la ONU que el COVID-19 dejó más de dos millones de muertos en Perú, pero cifras oficiales la desmienten

Un error en las cifras oficiales sobre la pandemia de Covid-19 marcó la intervención de Dina Boluarte durante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. La presidenta de Perú afirmó ante el foro internacional que la crisis sanitaria había dejado “más de dos millones de fallecidos en el Perú”, cifra que contrasta de manera evidente con los datos oficiales, los cuales reportan un número muy inferior.

Según el portal de Datos Abiertos del Estado peruano, los fallecidos confirmados por coronavirus en el país no superan los 221.000, una cantidad considerablemente menor a la mencionada por la mandataria. La intervención de Boluarte ante la ONU incluyó la frase: “Todos los estudios señalan que somos el país más emprendedor del mundo, razón por la cual después de la pandemia del Covid-19, que por una pésima administración gubernamental alcanzó más de dos millones de fallecidos. Nos hemos empezado a recuperar logrando hoy más de diecisiete meses de crecimiento consecutivo de nuestra economía”.

El discurso presidencial se centró en la situación interna del país, en contraste con el enfoque global de otros líderes que participaron en el foro. Boluarte responsabilizó a la administración de Martín Vizcarra por la gestión de la pandemia, calificándola como “pésima”, y atribuyó a ese periodo la cifra errónea de fallecidos. Defendió que, pese a ese escenario adverso, el país ha iniciado una recuperación económica con “más de diecisiete meses de crecimiento consecutivo”.

En otro tramo de su intervención, la mandataria abordó la reciente crisis política, aludiendo al fallido golpe de Estado de Pedro Castillo en diciembre de 2022 y a la “fuga de más de veinte mil millones de dólares (USD 20.000 millones) entre 2021 y 2023”. Sostuvo que estos hechos afectaron la confianza de los inversionistas y la estabilidad nacional, y defendió su asunción al cargo como un acto constitucional tras un intento por instaurar una dictadura que, según sus palabras, buscaba someter a todos los poderes del Estado.

Boluarte afirmó que, desde entonces, se instaló una narrativa en la que “el golpista se convirtió en víctima y la presidenta, que asumió constitucional y legalmente la presidencia, fue acusada por algunas voces de golpista y usurpadora”. La mandataria no mencionó, sin embargo, que al inicio de su gobierno, entre 2022 y 2023, se registraron más de cincuenta fallecidos durante protestas contra su gestión.

En otro momento, Boluarte hizo referencia al inicio de operaciones del puerto de Chancay y a la presencia china en Perú, recordando que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su descontento por este proyecto. Además, relató una conversación con Joe Biden en la que instó a Estados Unidos a prestar mayor atención a América Latina y asumir un rol de liderazgo en la región.

“Sé que a muchos, y sobre todo al presidente Trump, no le ha gustado mucho que inauguremos el puerto de Chancay. Y le dije al presidente Biden que debe mirar hacia América Latina. Somos un solo continente; Latinoamérica es la extensión que alimentará al mundo. Tenemos fuerza, pero Estados Unidos debe liderar por ser de primer mundo”, manifestó.

Dina Boluarte, de otro lado, durante una reunión con el secretario general de la ONU, António Guterres, le manifestó su malestar por el rechazo del alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, a la reciente ley de amnistía promulgada en Perú, según informó el ex primer ministro Gustavo Adrianzén.

La mandataria instruyó la redacción de una nota formal para entregar a Guterres, tras la publicación de un comunicado de Türk que calificó la norma como un retroceso en derechos humanos. “Estoy consternado por la promulgación de esta ley de amnistía, que es una afrenta a las miles de víctimas que merecen verdad, justicia, reparaciones y garantías de no repetición, no impunidad”, expresó Türk en la sesión 60 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Además, subrayó: “El derecho internacional, al que está obligado Perú, prohíbe claramente las amnistías y la prescripción de graves violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario”.

La ley, promulgada el 13 de agosto, otorga amnistía a militares, policías y miembros de comités civiles de autodefensa investigados o procesados por delitos cometidos durante el conflicto interno entre 1980 y 2000. Más de 150 condenas y 600 procesos estarían en riesgo, según la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), que sostiene que la medida “borra décadas de lucha por justicia y verdad”.

La promulgación de la norma se realizó pese a la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) de suspender su tramitación. Esta situación llevó a Boluarte a considerar la posible salida de Perú del Pacto de San José, una decisión que solo han tomado Trinidad y Tobago, Venezuela y Nicaragua.

En paralelo, la presidenta designó a Juan José Santiváñez como ministro de Justicia, un abogado que ha defendido a policías acusados de ejecuciones extrajudiciales y que fue censurado por el Congreso en marzo por presunta incapacidad para combatir el crimen organizado. Además, se creó un grupo de trabajo para presentar un “proyecto de Ley de Soberanía Nacional”, que, según opositores y analistas, buscaría restringir la acción de la Corte IDH en el país o incluso impulsar la salida del Pacto de San José.