La reciente confirmación de Tomás Gálvez, fiscal de la Nación interino, sobre la posible remoción de Rafael Vela y José Domingo Pérez del Equipo Especial Lava Jato genera un nuevo foco de atención en el Ministerio Público. Gálvez, quien asumió el cargo tras la suspensión de Delia Espinoza y el rechazo de Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos a ocupar la jefatura, reconoció en diálogo con Altavoz.pe que evalúa la continuidad de ambos fiscales, figuras centrales en la investigación del caso Odebrecht.
“Lo estamos evaluando”, confirmó al ser consultado sobre si haría realidad lo expresado en una entrevista hace tres semanas con Exitosa, donde aseguró que de asumir la titularidad del Ministerio Público sacaría “en el acto” a los fiscales: “Ponte que yo fuera el fiscal de la Nación, ni un minuto están esos señores ahí, porque no van a seguir encubriendo, no van a seguir flagrantemente encubriendo. Yo los saco en el acto”, expresó entonces.
Su rechazo hacia la labor de los fiscales no es nueva. En 2020 los denunció por presuntos delitos de falsedad ideológica, peculado y encubrimiento, en el contexto de la devolución de S/524 millones a Odebrecht tras la venta de la hidroeléctrica de Chaglla y, cada vez que es consultado, despotrica contra los abogados, acusándolos de trabajar en favor de la constructora brasileña.
Para Gálvez, la actuación de los fiscales en el acuerdo con Odebrecht no solo representó una omisión, sino una decisión deliberada que, a su juicio, favoreció a la empresa brasileña en detrimento de los intereses del Estado peruano.
No es la primera vez contra Rafael Vela y José Domingo Pérez
Aunque no se conoce si la intención de Tomás Gálvez es remover a Rafael Vela y José Domingo Pérez del Ministerio Público o del Equipo Especial Lava Jato, lo cierto es que no es la primera vez que se evalúa una medida en contra de su labor. En diciembre de 2018, el entonces fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, decidió separar a ambos funcionarios del equipo que investiga la corrupción de empresas brasileñas.
En aquel momento sostuvo que las declaraciones públicas de los fiscales “afectan la autonomía del Ministerio Público” y que una supuesta “sobreexposición del caso” comprometía la reserva y objetividad del proceso investigativo. Comunicó que Frank Almanza Altamirano y Marcial Eloy Paucar asumirían las funciones de los fiscales apartados.
La conferencia no contempló preguntas de la prensa. Antes de retirarse, Chávarry anunció que divulgaría el acuerdo de colaboración entre el equipo Lava Jato y la empresa Odebrecht, un paso que puso en riesgo el entendimiento alcanzado entre el Ministerio Público y la constructora brasileña. La decisión generó una fuerte reacción del Ejecutivo, y el entonces presidente Martín Vizcarra adelantó su regreso a Lima para liderar las acciones contra la corrupción e impunidad. Vizcarra publicó un mensaje en redes sociales manifestando su rechazo a la decisión de destituir a los fiscales responsables de los principales casos de corrupción en el país.
La resolución también provocó protestas ciudadanas inmediatas. Grupos de manifestantes se congregaron en la Plaza San Martín y otras ciudades, exigiendo la restitución de los fiscales y la salida de Chávarry del Ministerio Público. Las movilizaciones avanzaron hacia sedes judiciales y la oficina del fiscal Pérez, expresando apoyo a los investigadores del caso Odebrecht.
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