Insultos racistas de influencer en Metropolitano pueden sancionarse con hasta 3 años de cárcel o trabajos comunitarios, según abogado penalista

Un reciente episodio ocurrido dentro de una unidad del Metropolitano ha generado rechazo público tras difundirse un video en el que se observa a la influencer Alejandra Argumedo Alegre lanzando expresiones racistas contra otros pasajeros. Las imágenes han reabierto el debate sobre los alcances legales frente a estos comportamientos y las sanciones que contempla la normativa vigente en el país.

Durante una entrevista en Panamericana, el abogado penalista Julio Rodríguez sostuvo que este tipo de conductas no deben considerarse simples ofensas, sino que están previstas como delitos en el ordenamiento jurídico peruano. Según explicó, la discriminación es una figura reconocida en el Código Penal y puede implicar penas de cárcel o la aplicación de trabajos en beneficio de la comunidad.

Rodríguez indicó que los calificativos lanzados contra pasajeros en un transporte público configuran el delito de discriminación. Precisó que el artículo 323 del Código Penal establece que cualquier acto que denigre a una persona por razones raciales, económicas o de otra índole constituye una infracción penal.

El especialista remarcó que estos actos no se limitan a insultos verbales, sino que también abarcan conductas que buscan menoscabar la dignidad de las personas en espacios públicos o privados. Añadió que en un país caracterizado por la diversidad cultural y étnica, resulta inadmisible que se repitan expresiones de esta naturaleza, más aún cuando pueden derivar en la vulneración de derechos fundamentales.

El abogado explicó que la pena establecida para este tipo de delitos oscila entre dos y tres años de prisión. Sin embargo, puntualizó que la legislación contempla también la aplicación de sanciones alternativas como el trabajo en beneficio de la comunidad.

En ese sentido, subrayó que esta última medida podría tener mayor impacto porque confronta al agresor con la realidad de sus acciones. “Esas sanciones permiten que la persona asuma responsabilidad y entienda que en una sociedad plural y multirracial no pueden repetirse conductas de este tipo”, manifestó.

Rodríguez destacó que el trabajo comunitario es una herramienta útil para sensibilizar a quienes cometen actos de discriminación. Explicó que la persona puede ser destinada a labores en municipalidades, instituciones sociales o centros que apoyen a víctimas de violencia.

Según su opinión, esta sanción no solo tiene un carácter punitivo, sino que además busca generar conciencia sobre la convivencia en un país con múltiples identidades. De aplicarse de manera adecuada, dijo, podría convertirse en una medida más efectiva que una condena suspendida o el pago de una multa.

El especialista reconoció que, en la práctica, las investigaciones por actos de discriminación suelen enfrentar dificultades. Señaló que muchas veces las víctimas no formalizan denuncias, los plazos procesales se extienden y las penas cortas favorecen la prescripción de los casos.

Pese a ello, consideró que la actuación de las autoridades en episodios recientes busca dar un mensaje de firmeza frente a conductas racistas y clasistas. “Lo que se espera es que estos casos no queden impunes y que se demuestre que existen herramientas legales suficientes para sancionar”, puntualizó durante la entrevista para Panamericana.