Gobierno de Dina Boluarte recortó el presupuesto de prevención y lucha anticorrupción en casi 50 %, advierte la Contraloría

La Contraloría General de la República alertó sobre un recorte en su presupuesto que afecta directamente a la lucha contra la corrupción. Según el contralor, César Aguilar, el Gobierno de Dina Boluarte recortó su presupuesto en más del 40 % para el 2026.

El monto presentado en el proyecto de ley de presupuesto para el 2026 destinado a la Contraloría es de S/ 980,3 millones, cifra considerablemente menor respecto a los S/ 1.575 millones autorizados en 2024. Ante esta situación, la Contraloría ha solicitado que se modifique su presupuesto para añadir un aumento de S/ 254,5 millones para garantizar la continuidad del control preventivo y la reactivación de obras públicas.

El organismo advirtió que esta disminución compromete la vigilancia del gasto público en un escenario marcado por el inicio del periodo electoral y la necesidad de asegurar la transparencia en la ejecución de proyectos estatales.

El contralor general César Aguilar Surichaqui ya expresó su disconformidad con el presupuesto planificado para el próximo año en una exposición ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso. “Los S/ 254.5 millones de demanda adicional (que estamos solicitando) son la garantía de que la Contraloría pueda llegar a todo el país, sostener el control preventivo y transformar cada sol asignado en obras reactivadas, empleos en las regiones y confianza ciudadana en el Estado”.

El impacto operativo de este ajuste presupuestario, considerado como insuficiente, pone en riesgo la continuidad de más de 4.000 auditores y la funcionalidad de los 691 órganos de control institucionales a nivel nacional. De acuerdo con la Contraloría, la insuficiencia de fondos limitaría la cobertura de viáticos, traslados y servicios básicos requeridos para que los equipos de control accedan a las diferentes regiones.

El órgano de control también afirmó que no contar con el presupuesto adecuado dificultaría la modernización de infraestructura y tecnología, el cumplimiento de sentencias judiciales y de mandatos internacionales, elementos considerados esenciales para resguardar la seguridad jurídica del Estado.

El pedido por un mayor presupuesto no es nuevo en la Contraloría. En mayo de este año, el contralor César Aguilar Surichaqui, aseguró que el dinero con el que contó la institución para el año 2025 no permitía garantizar la continuidad de las auditorías y servicios de control en el Perú.

“Ante esta preocupante situación, resulta claro que la independencia de nuestra entidad fiscalizadora para ejercer su mandato constitucional de manera plena, y contribuir al uso eficiente de los recursos públicos en beneficio de todos los peruanos, se está viendo restringida por las severas limitaciones presupuestarias”, indicó a los medios.

Estas limitaciones fueron generadas a raíz de que el Ministerio de Economía redujo el presupuesto de la institución en más del 38 % para el año 2025 en la ley de presupuesto que fue aprobada por el Congreso.

“La Contraloría no puede cerrar, pero nos van a mermar drásticamente (...) se reduce drásticamente la capacidad operativa desde el MEF. Si no nos dan el presupuesto que estamos pidiendo, que no es un presupuesto extra, sino que nos devuelvan lo que hemos devuelto, vamos a tener que prescindir de ciertas personas y nuestra capacidad operativa de fiscalización en Lima, en provincia, se va a tener que reducir. Tenemos que priorizar a qué servicios apuntar, pero lo óptimo es que usemos todos los recursos públicos para que la ciudadanía vea qué se ha hecho con recursos públicos", expresó en una conferencia de prensa.

El contralor Aguilar Surichaqui indicó en mayo de este año que la situación de la Contraloría debería ser resuelta con el ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes, quien asumió el cargo poco tiempo antes.

“Yo no le estoy pidiendo al MEF o al ministro que me dé de donde no hay. Sé que la recaudación ha estado baja, pero hay formas y sobre todo hay intenciones políticas. Debe haber ganas de querer hacer las cosas y alguna solución tienen que plantear. La petición es que los saldos de balance que se han devuelto, que los retornen para manejar y cubrir hasta que salga la ley", sostuvo el funcionario.