La Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas de Lima Centro anunció la detención de un ex suboficial de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) por presunta explotación sexual de menores y pornografía infantil. El operativo, realizado el 22 de septiembre de 2025 en Villa El Salvador y San Juan de Miraflores, contó con la coordinación de diversas entidades nacionales e internacionales, y permitió el rescate de cuatro adolescentes, una de ellas embarazada.
La intervención culminó con la detención preliminar judicial de Gerardo Saúl Chunga Zárate, suboficial de segunda de la FAP en situación de actividad. Chunga fue arrestado en su vehículo, cerca de su domicilio en Villa El Salvador, donde las autoridades incautaron equipos móviles y dispositivos tecnológicos que serán sometidos a investigación.
FAP aclara situación del suboficial detenido e insiste en que su conducta no representa a la institución
La Fuerza Aérea del Perú (FAP) informó en un comunicado oficial que Gerardo Saúl Chunga Zárate, detenido por presuntos delitos de explotación sexual de menores y pornografía infantil, ya no formaba parte de la institución al momento de su captura. Según el comunicado oficial, el exsuboficial había sido dado de baja por no cumplir con los estándares profesionales exigidos en la carrera militar, tras no alcanzar el grado inmediato superior en el plazo legal establecido.
La FAP recalcó que condena enérgicamente estos actos, calificándolos como una grave ofensa a la sociedad y una traición a los valores de Vocación de Servicio, Integridad Personal y Excelencia Profesional que sostienen a la institución. Asimismo, subrayó que la conducta del investigado es de carácter estrictamente individual y no representa a los oficiales ni al personal en actividad que sirven al país con honor y sacrificio. Finalmente, la entidad remarcó que seguirá colaborando con el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú (PNP) en el marco de las investigaciones.
Detienen a dueños del hostal y rescatan a cuatro menores en situación de vulnerabilidad
En paralelo, el allanamiento de un hostal en San Juan de Miraflores permitió el rescate de cuatro adolescentes de entre 15 y 17 años, una de las cuales se encontraba en estado de gestación. Las jóvenes, identificadas como víctimas de explotación sexual, estaban en el establecimiento al momento de la intervención.
Durante el operativo en el hostal, las autoridades detuvieron en flagrancia a Jaime Calixto, propietario del hospedaje, y a Sara Sire, recepcionista del lugar. Ambos quedaron bajo custodia policial por su presunta participación en los delitos investigados. La Fiscalía ha señalado que la investigación continúa para determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los implicados.
La operación fue posible gracias a la colaboración entre la Fiscalía, la División de Trata de Personas, la Dirección General de Inteligencia y la TCIU de la Policía Nacional del Perú (PNP). Además, contó con el apoyo de la ONG Our Rescue y del departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) del gobierno de Estados Unidos, lo que permitió una acción coordinada y efectiva para el rescate de las víctimas y la detención de los presuntos responsables.
Suboficial FAP captaba a víctimas y “clientes” por WhatsApp y Telegram
La investigación, dirigida por la fiscal provincial Evelyn Taboada De La Cruz, ha revelado que el suboficial captaba a las menores a través de aplicaciones de mensajería como Whatsapp y Telegram. Posteriormente, las obligaba a difundir fotografías íntimas y a mantener relaciones sexuales con supuestos “clientes” en distintos hospedajes. En el teléfono móvil del detenido, los agentes hallaron una gran cantidad de imágenes de contenido sexual infantil y conversaciones en las que se ofrecía a las menores a potenciales clientes, evidencia que será analizada en el marco del proceso judicial.
En cuanto a las consecuencias legales, el delito de pornografía infantil agravada, tipificado en el artículo 129-M del Código Penal peruano, contempla penas de entre 10 y 15 años de prisión. Por su parte, la explotación sexual agravada de menores, recogida en el artículo 129-H, puede acarrear la máxima sanción prevista por la ley: cadena perpetua. Estas disposiciones reflejan la severidad con la que el sistema judicial peruano aborda este tipo de crímenes.
En el primer semestre de 2025 se registraron 1,229 víctimas y 942 denuncias por trata de personas en el Perú. Lima concentra el 35 % de los casos, seguida por Arequipa (19 %) y Piura (13 %), mientras regiones críticas como Madre de Dios, Cusco, Puno y Loreto enfrentan explotación sexual, laboral, desapariciones y hasta venta de recién nacidos.
La legislación vigente en Perú establece que quienes incurren en explotación sexual agravada de menores enfrentan la posibilidad de recibir la pena más alta contemplada por el Código Penal, en un esfuerzo por erradicar estos delitos y proteger a las víctimas más vulnerables.
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