CODIP: elevar la deuda pública de Perú en un punto porcentual del PIB permitiría cerrar la brecha de vivienda en 10 años

La Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (CODIP) está alistando una ambiciosa propuesta de política de vivienda diseñada para ser incluida en los próximos planes de gobierno, detalló José Espantoso, presidente del gremio, durante el Encuentro Nacional del Sector Inmobiliario (ENASEI 2025).

Espantoso precisó que la iniciativa, trabajada junto con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), responde a la ausencia histórica del tema en las agendas electorales recientes, como ocurrió en la campaña presidencial de 2021.

La propuesta tiene como eje la reducción del déficit habitacional, que en Perú afecta a 1,9 millones de familias. Espantoso afirmó que el sector busca pasar de construir 40.000 viviendas formales por año a 200.000 durante la próxima década. “No es posible que cada año, en vez de disminuir el déficit habitacional, lo estemos incrementando”, indicó el representante ante los asistentes y medios presentes.

Entre las acciones planteadas, la CODIP propone la creación de un operador público de suelos para dinamizar el acceso a terrenos para la vivienda formal y una “policía especializada” que enfrente el tráfico de terrenos, problema que incide en la precariedad del hábitat urbano.

Espantoso detalló también la necesidad de un marco legal que otorgue predictibilidad para los subsidios habitacionales. Explicó que los planes de desarrollo de las inmobiliarias se ven interrumpidos ante la falta de continuidad del presupuesto destinado para proyectos de vivienda social en el Perú. En su defecto, estos recursos se reducen, lo cual incide angularmente sobre quienes avanzaban con la compra de terrenos.

En 2025, por ejemplo, el presupuesto asignado a estos programas se vio restringido por las limitaciones fiscales del Estado, lo que redujo el ritmo de construcción y comprometió la capacidad de atender la demanda proyectada. “Cuando aparece un ajuste fiscal y se corta la partida de subsidios, todo el proceso se frena y quienes se ven afectados son las familias que esperan acceder a una vivienda formal”, remarcó el dirigente durante el evento.

El plan elaborado junto a las autoridades plantea multiplicar el presupuesto de subsidios destinados a la vivienda social. Espantoso estimó que los recursos actuales, alrededor de 1.500 millones de soles, deberían elevarse a aproximadamente 12.000 millones de soles anuales para alcanzar la meta, aunque reconoció que requerirá mucha sociabilización con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Para cubrir esa brecha, la propuesta central es aumentar en un punto porcentual el nivel de endeudamiento del país respecto al Producto Interno Bruto (PIB). Espantoso detalló que el Perú mantiene uno de los niveles de deuda pública más bajos de Latinoamérica, situado cerca del 30% del PIB, lo que convierte al país en un candidato idóneo para asumir un incremento controlado que se canalice exclusivamente hacia la reducción del déficit habitacional.

Según el presidente de la CODIP, un aumento marginal de la deuda pública podría generar un fondo rotativo suficiente para financiar los subsidios con impacto sostenible y a largo plazo en la oferta de vivienda formal. “Si incrementáramos en un 1% la deuda sobre el PIB, tendríamos un fondo que nos permite agilizar el tema para que haya más impacto y la gente pueda aplicar esos subsidios”, afirmó Espantoso.

El dirigente enfatizó que se trata de una decisión de política que puede traducirse de manera directa en mejoras concretas para millones de peruanos que aún carecen de vivienda digna. Además, destacó que no solo elevaría la capacidad estatal de subsidio, sino que al mismo tiempo puede dinamizar la economía nacional. Destinar mayores recursos a la construcción de vivienda formal implica reactivar toda su cadena de valor, dijo.

Adicionalmente, la CODIP desarrolla propuestas para incentivar a los bancos a fortalecer el financiamiento habitacional, especialmente dirigido a la vivienda de interés social. La iniciativa plantea que el Estado pueda reducir el encaje bancario—el porcentaje de depósitos que los bancos deben mantener como reserva en el Banco Central de Reserva—de manera selectiva para aquellas instituciones que amplíen su cartera de créditos hipotecarios en sectores de bajos ingresos.

Según explicó Espantoso, esta medida permitiría que los bancos destinen una mayor proporción de sus recursos a préstamos para vivienda formal, sin sacrificar liquidez ni estabilidad del sistema financiero. “Si tú apuestas, por ejemplo, 100 millones de soles en créditos para vivienda de interés social, te bajo el encaje por 200 millones. Ese margen adicional el banco lo puede usar en otras operaciones productivas, lo que beneficia tanto a la entidad, al sistema y a las familias que buscan acceso a una vivienda digna”, afirmó.

El dirigente indicó que este esquema podría funcionar como un incentivo directo para las entidades financieras, alentando la expansión del crédito hipotecario hacia familias que antes quedaban fuera del sistema tradicional. Además, Espantoso subrayó la importancia de diseñar reglas claras y convenios transparentes entre la banca y el Estado, a fin de garantizar que los fondos liberados efectivamente se destinen al objetivo de ampliar la oferta de viviendas sociales, asegurar la sostenibilidad del sistema y evitar distorsiones de mercado.