El Poder Judicial condenó a ocho años de prisión efectiva a Johan Orlando Larragán Chamorro por cometer el delito de minería ilegal dentro del Parque Nacional Huascarán, una de las áreas naturales protegidas más emblemáticas del Perú. La sentencia, dictada en primera instancia por el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Huaraz, marca un importante precedente legal en la defensa del medio ambiente y el patrimonio natural del país.
El caso se remonta a una denuncia penal interpuesta por la Jefatura del Parque Nacional Huascarán, tras detectarse operaciones mineras ilegales en la Concesión Minera Amistad, ubicada en la quebrada Cajavilca, distrito de Yanama, provincia de Yungay, Áncash.
La intervención conjunta del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) y la Policía Nacional permitió abrir un proceso penal que culminó con la condena de Larragán Chamorro, quien además deberá pagar S/ 20.000 de reparación civil y cumplir con 300 días multa.
La pena impuesta corresponde al máximo previsto en el Código Penal para casos agravados de minería ilegal, como los cometidos en áreas naturales protegidas. Mientras que el pago y los días de multa refuerzan la dimensión del delito y su impacto sobre el ecosistema afectado.
Daño ambiental en una zona de alta biodiversidad
El Parque Nacional Huascarán, reconocido por la UNESCO como Reserva de Biosfera, alberga una de las mayores concentraciones de biodiversidad de alta montaña en el país. Su ecosistema es especialmente sensible a las alteraciones humanas, en particular a actividades como la minería, que generan afectaciones directas al suelo, cuerpos de agua y flora nativa.
Para el Sernanp, la sentencia representa un hito en la lucha contra la minería ilegal dentro de las áreas naturales protegidas, un delito que ha venido en aumento en diversas regiones del país. “Este fallo sienta un precedente legal y reafirma nuestro compromiso con la defensa del patrimonio natural y cultural del Perú”, señaló el organismo mediante un comunicado.
Minería ilegal atenta contra las Áreas Naturales Protegidas
La condena lograda por el caso del Parque Nacional Huascarán se da en un contexto preocupante: la expansión sostenida de la minería ilegal incluso dentro de Áreas Naturales Protegidas (ANP) y sus zonas de amortiguamiento. De acuerdo con un informe reciente de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, desde el año 2010 se ha detectado actividad minera ilícita en al menos 18 zonas de conservación del país.
Esta problemática no solo compromete ecosistemas únicos, sino que también pone en riesgo a comunidades indígenas, especies endémicas y fuentes hídricas clave para el equilibrio ambiental. La Amazonía sur, especialmente las regiones de Madre de Dios, Ucayali y Cusco, concentra la mayor presión de esta actividad, con casos emblemáticos como la Reserva Nacional Tambopata, que ha sufrido invasiones tanto dentro del área protegida como en su entorno inmediato.
Sin embargo, los impactos no se limitan a la Amazonía. La Reserva Nacional San Fernando, la Reserva Nacional de Tumbes, la Reserva Paisajística Subcuenca del Cotahuasi y el Parque Nacional Yaguas, vienen registrando actividades ilegales desde el 2017.
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