Diez exministros y exministras de Salud del Perú hicieron un llamado urgente al Gobierno para que declare en emergencia sanitaria la provincia del Datem del Marañón, en Loreto, ante el avance del brote de tos ferina, enfermedad que ya ha cobrado la vida de más de 30 niños y niñas indígenas.
A través de un pronunciamiento difundido este 18 de septiembre, las exautoridades del sector salud consideran que esta es la única vía posible para habilitar una respuesta inmediata que permita salvar vidas. Según afirman, sin esta declaratoria no se podrán movilizar recursos, vacunas, personal y equipos con la velocidad y flexibilidad que la emergencia requiere.
“La protección de la vida de la niñez es el deber primordial del Estado. No actuar con la máxima celeridad representa un grave quebrantamiento del derecho a la salud”, señala el documento, suscrito por figuras como Óscar Ugarte, Patricia García, Víctor Zamora, Silvia Pessah, Midori de Habich, Hernando Cevallos, entre otros.
El rostro de la víctimas: decenas de niños menores fallecidos
Según reportes previos, el brote afecta principalmente a niños de entre 0 y 4 años que pertenecen a comunidades achuar, kandozi, shawi y otros pueblos originarios de la Amazonía. Muchas de estas familias viven en zonas de difícil acceso, donde no hay postas de salud cercanas, ni vacunas disponibles ni profesionales que puedan responder a tiempo.
La Sociedad Peruana de Pediatría también se ha pronunciado en favor de la declaratoria, señalando que los casos siguen en aumento y que se necesita aplicar la vacuna hexavalente acelular, más adecuada para zonas de alta sensibilidad. En tanto, organizaciones locales y la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza han denunciado la ineficiencia del Estado y la falta de un plan de acción con enfoque intercultural.
¿Por qué es necesaria una declaratoria de emergencia?
Para los firmantes del documento, mientras no exista una declaratoria formal de emergencia sanitaria, el Estado seguirá limitado en su capacidad de respuesta. Este marco legal permitiría desplegar brigadas de salud interculturales con equipos para diagnóstico, tratamiento y traslado de pacientes en zonas de difícil acceso, así como acelerar la compra y entrega de medicamentos, pruebas rápidas y vacunas específicas, como la hexavalente acelular recomendada por la Sociedad Peruana de Pediatría.
Además, facilitaría la implementación de un sistema de vigilancia epidemiológica que permita comprender con mayor precisión la magnitud del brote, más allá de los registros parciales actuales. Los exministros también resaltan la importancia de habilitar mecanismos de coordinación directa con las comunidades indígenas afectadas, lo que solo puede lograrse con una estrategia flexible y adaptada al territorio, posible únicamente bajo una declaratoria de emergencia.
El silencio del Minsa y las alertas no escuchadas
Desde junio, las comunidades indígenas del Datem del Marañón y diversas organizaciones han exigido la declaratoria de emergencia sanitaria, pero el Ministerio de Salud sigue sin emitir una respuesta concreta. La Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas de San Lorenzo (CORPI) fue la primera en solicitarlo formalmente ante la PCM, cuando el brote ya había causado una docena de muertes. “El Estado ni siquiera nos ha escuchado”, señaló su presidenta, Elaine Shajian.
A este llamado se sumaron la OPS, la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, el Colegio Médico del Perú y federaciones indígenas como la FENAP, que denunció la falta de enfermeros, vacunas y botiquines en comunidades como Wisum. “Necesitamos brigadas, pero no llegan”, dijo Elmer Kunchim, presidente de la federación.
Expertos y exministros como Víctor Zamora afirman que el caso cumple con todos los criterios legales para declarar la emergencia, según el Decreto Legislativo N°1156. La diferencia de casos con respecto al 2024 supera el 6.000%, pero el Gobierno sigue sin activar el marco legal que permitiría actuar con rapidez y recursos suficientes.
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