La bancada de Renovación Popular presentó una moción de invitación a fin de que los ministros Fabricio Valencia, titular de Cultura, y Úrsula León, responsable de Comercio Exterior y Turismo, acudan al Congreso. Ello, después de que la organización internacional New7Wonders advirtiera en un comunicado oficial sobre la posibilidad de retirar a la ciudadela inca de la lista de las Nuevas Siete Maravillas del Mundo debido a graves deficiencias en su gestión.
La medida tiene por objetivo que los funcionarios informen sobre la “grave situación que atraviesa Machu Picchu y las medidas adoptadas por sus respectivos despachos para garantizar su conservación, la seguridad de sus visitantes nacionales y extranjeros, la protección del patrimonio cultural, la estabilidad del sector turístico, la defensa del reconocimiento internacional de Machu Picchu como una de las Nuevas Siete Maravillas del Mundo y la venta dinámica, responsable, transparente y libre de corrupción de los boletos de ingreso”.
El texto, presentado este miércoles 17 de septiembre, cuenta con ocho considerandos. Entre ellos, la pérdida del título, que el reconocimiento no solo constituye un emblema de la identidad nacional, sino también un eje estratégico de la economía del Cusco y del Perú. Además, que la propia organización señaló deficiencias estructurales en la ciudadela inca “como la presión descontrolada del turismo sin sostenibilidad, el alza de precios, la venta irregular de boletos, la descoordinación institucional y los conflictos sociales, advirtiendo que de no atenderse de manera urgente estas falencias podría verse comprometida la credibilidad del Perú y la permanencia de Machu Picchu como maravilla mundial”.
A ello se suman las dificultades vinculadas a la venta de boletos para ingresar y que los reclamos no son nuevos. Los congresistas denunciaron que la modernización iniciada en 2022, que incluyó la adopción de entradas con códigos QR, no solucionó el caos operativo ni agilizó el acceso al monumento. Durante la temporada más alta de 2024, se registraron esperas de hasta doce horas en las ventanillas de Aguas Calientes para adquirir boletos, afectando tanto a viajeros nacionales como extranjeros. El malestar generado, sumado a sobrecostos imprevistos, dañó la reputación turística del país.
En 2025, las quejas se intensificaron por fallos técnicos en la plataforma digital de ventas, falta de transparencia en la asignación de tickets y la ausencia de un protocolo de respuesta eficiente por parte de las autoridades. Según la moción de Renovación Popular, la desorganización estatal provoca que cada semana se pierdan cerca de tres mil entradas, equivalentes a una merma anual cercana a 25 millones de soles. Estos recursos no solo resultarían importantes para el mantenimiento de la infraestructura y la conservación del patrimonio, sino también para la economía local de Cusco.
También mencionaron los bloqueos indefinidos a la vía férrea entre Ollantaytambo y Machu Picchu Pueblo, la cual obligó a la evacuación prioritaria de turistas vulnerables y provocó incidentes con la Policía, además de causar pérdidas superiores al millón de soles diarios para el sector servicios de la localidad. “En menos de una semana, los operadores locales registraron daños superiores a tres millones de soles, evidenciando la fragilidad del modelo actual y la fuerte dependencia económica de la actividad turística”, expusieron.
Como últimos puntos mencionaron las declaraciones de Werner Salcedo, gobernador regional de Cusco, quien responsabilizó al Poder Ejecutivo por la amenaza que enfrenta Machu Picchu y por la forma centralizada en que se administran los fondos patrimoniales, superiores a 200 millones de soles anuales.
“Ante este escenario, corresponde al Congreso de la República, en el marco de su función de control político, convocar a los ministros competentes para que informen al país sobre las medidas inmediatas adoptadas y las políticas de mediano y largo plazo que se implementarán para garantizar la conservación de Machu Picchu, la seguridad de turistas y comunidades locales, la transparencia en la venta de boletos, la regulación de la capacidad de carga turística, y la adopción de un plan estratégico de transformación que asegure la sostenibilidad y el prestigio internacional del principal destino turístico del Perú”, finaliza el documento.
Ahora, la moción deberá ser vista en el Pleno del Congreso, donde, de ser aprobada, se votará por la fecha y hora a fin de remitir las invitaciones respectivas.
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