La comunidad educativa en Perú cuenta con caminos claros para actuar frente a comportamientos indebidos cometidos por docentes, directores o personal administrativo. El Ministerio de Educación (Minedu) ha precisado el procedimiento sancionador disponible para enfrentar casos graves como acoso sexual, abuso de autoridad y faltas éticas en instituciones de todo el país, según un reporte de Andina.
De acuerdo con declaraciones a Andina de Andrés Izaguirre, jefe de la Dirección Técnico Normativa de Docentes (DITEN), existen dos rutas para iniciar un proceso ante la comisión de faltas graves: vía administrativa o por la vía penal/judicial. Estas directrices buscan asegurar una respuesta ágil y estructurada de parte de las autoridades educativas.
El proceso administrativo: pasos y obligaciones
La vía administrativa puede ser activada por padres, estudiantes o personal que conozcan los hechos. Estos deben informar sobre la falta dentro de las primeras 24 horas, mediante un oficio dirigido al director de la institución. Una vez recibida la denuncia, el colegio tiene la responsabilidad de notificar a la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) para proceder con la separación preventiva del implicado.
El director, además, debe comunicar el caso al Ministerio Público para permitir el inicio de las investigaciones judiciales. “No se debe callar ni tampoco reunirse con el docente para conversar y tratar de solucionar el problema. Eso se debe dilucidar mediante la investigación”, afirmó Izaguirre, citado por Andina. Sólo la notificación inmediata garantiza la protección de los afectados y evita responsabilidades administrativas para quienes encubran los hechos.
Denuncias contra directores y el camino penal
Cuando la acusación recae sobre el propio director, el procedimiento varía: los denunciantes pueden acudir directamente a la UGEL, presentando pruebas como chats, audios, fotos o testimonios. Esta instancia está facultada para proceder con la separación del director de sus funciones, sin requerir intervención previa del colegio.
Por otra parte, si el procedimiento avanza por la vía judicial, el expediente debe enviarse a la Fiscalía. Una sentencia judicial condenatoria conduce al “bloqueo” de las funciones del docente o directivo, lo que implica su desvinculación total de la institución y la inhabilitación para ejercer en cualquier colegio del país.
Bloqueo nacional y medidas permanentes
Andina reportó que el “bloqueo” aplicado por el Minedu ha impedido el trabajo de más de 2.000 docentes y administrativos por delitos diversos. Anteriormente, los sancionados sólo quedaban inhabilitados en su provincia de origen, pero la normativa vigente impide su reincorporación en cualquier región del Perú, tanto en el sector público como privado.
Actualmente, el país tiene cerca de 400.000 docentes, de los cuales el 70% posee nombramiento. Las acciones del Ministerio de Educación buscan garantizar la integridad del alumnado y la transparencia en el sector educativo, según indicó Izaguirre en declaraciones recogidas por Andina.
Salud mental y prevención en la comunidad educativa
El funcionario también explicó la relevancia de los controles de salud mental para quienes enseñan en las aulas. Ahora se exige que los docentes cuenten con certificación de salud mental para poder impartir clases, con el objetivo de reducir riesgos y prevenir posibles incidentes.
La directiva promueve la colaboración entre tutores y personal psicológico en las escuelas para anticipar hechos que puedan afectar a los estudiantes. Este esfuerzo forma parte de la actualización de los protocolos para la atención de casos de violencia en colegios, impulsados por el Ministerio de Educación.
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