Envían carta notarial a María Teresa Cabrera por afirmar que Delia Espinoza impidió el ingreso de Patricia Benavides a Fiscalía

El exgerente de Seguridad y Defensa Nacional del Ministerio Público, Gabriel Ly Paz, envió una carta notarial a la vicepresidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), María Teresa Cabrera, por asegurar que Delia Espinoza impidió el ingreso de Patricia Benavides al piso donde se encuentra el despacho de la Fiscalía de la Nación.

Cabrera hace dicha afirmación en el informe con el que propuso al pleno de la JNJ la suspensión de Espinoza por presuntas faltas disciplinarias cometidas el 16 de junio, día en que Patricia Benavides pretendió tomar a la fuerza la institución.

“Se dispuso que el acceso al piso 9 de la sede principal del Ministerio Público fuera cerrado, en un evidente afán de evitar que Liz Patricia Benavides Vargas volviera a ‘pretender’ acceder a dicha área, desconociendo la legalidad de la resolución emitida por la Junta Nacional de Justicia”, dice al pie de la letra el informe de la consejera adjuntando una supuesta imagen de ese piso difundida por Willax.

Para empezar, el exgerente de Seguridad del Ministerio Público afirma que Patricia Benavides y quienes lo acompañaban ingresaron al local sin registrarse debidamente “dirigiéndose rápidamente a los ascensores del primer piso para subir al piso 9, considerada como área restringida”, según una directiva interna.

Luego, el exfuncionario precisa que la imagen mostrada por Willax no corresponde al piso 9 de la Fiscalía. Para demostrar ello, adjunta capturas de dicho piso el día que acudió Patricia Benavides, donde se aprecia que la vía está libre.

Finalmente, Gabriel Ly Paz asevera que “en ningún momento” recibió orden, disposición o indicación directa o indirecta por parte de Delia Espinoza para impedir el ingreso de Patricia Benavides. Afirma que, en el momento que conversó con la fiscal de la Nación, ella le “recalcó siempre el cumplimiento estricto de las normas vigentes del Ministerio Público y que todo se debe realizar con legalidad, justicia y transparencia”.

“Ni la señora Delia Milagros Espinoza Valenzuela, fiscal de la Nación, ni el personal de su despacho (gerente general, secretaria general, asesores y/o secretaria) me ordenaron cerrar o bloquear las puertas al piso 9 para impedir el ingreso a la señora Liz Patricia Benavides Vargas”, se lee en la carta notarial difundida por el periodista Martín Sarmiento y a la que accedió Infobae.

El futuro inmediato de Delia Espinoza como máxima autoridad del Ministerio Público se definirá este viernes 19 de septiembre, cuando la Junta Nacional de Justicia (JNJ) evalúe en audiencia pública la propuesta de suspensión preventiva en su contra. La sesión, de carácter impostergable, comenzará a las 10:00 y otorgará a la fiscal de la Nación un plazo de 10 minutos para exponer su descargo oral ante el pleno del organismo constitucional.

Entre los hechos atribuidos a la titular del Ministerio Público figura el presunto desacato a la resolución N.° 231-2025-JNJ, que ordenaba la reincorporación de Liz Patricia Benavides Vargas como fiscal de la Nación. Además, se le imputa la realización de actos irregulares para mantenerse en el cargo, la negativa a recibir a Benavides Vargas en la sede principal y la omisión de convocatoria inmediata a la Junta de Fiscales Supremos.

La instrucción del caso también señala que Espinoza habría instigado al personal del Ministerio Público a permanecer en la sede institucional el 16 de junio, con el objetivo de impedir la ejecución de la disposición de la JNJ.

El informe que sustenta la propuesta de suspensión fue elaborado por la vicepresidenta de la JNJ, María Teresa Cabrera Vega. Una vez concluida la audiencia, los consejeros de la JNJ —Gino Ríos (presidente), Francisco Távara Córdova, Jaime de la Puente, Víctor Chanduví, Germán Serkovic y Cayo Galindo— procederán a votar la propuesta de suspensión preventiva.

María Teresa Cabrera no participará en la votación por ser la autora del informe. Si el pleno aprueba la medida, Espinoza Valenzuela será apartada de todas sus funciones por seis meses, prorrogables por un mismo plazo.