De Brasil a Trujillo: la ruta clandestina de explosivos que une la minería ilegal con atentados urbanos y mafias internacionales

La violencia generada por el tráfico de explosivos en el norte del Perú se ha intensificado en los últimos meses. Trujillo ha sido escenario de múltiples atentados, donde viviendas resultaron dañadas y ciudadanos quedaron heridos. La policía inició un seguimiento detallado que permitió identificar el origen de los insumos utilizados: Brasil.

La ruta clandestina de estos explosivos revela una red compleja que aprovecha la porosidad de las fronteras amazónicas. Materiales destinados inicialmente a la minería ilegal cruzan hacia Colombia y luego ingresan al Perú a través de vías fluviales. Lo que empieza como insumos para extracción de oro termina en manos de bandas que los usan para extorsión y ataques urbanos.

Entre los materiales incautados se encuentran cartuchos de dinamita y ANFO, un explosivo de alto poder elaborado con nitrato de amonio y combustible. A través de una investigación del programa Ocurre Ahora autoridades determinaron que algunos productos provienen de empresas como AED Brasil Indústria Química, que ya no operan legalmente, lo que evidencia la aparición de mercados paralelos y la facilidad con que los insumos ingresan de manera ilícita al país. La trazabilidad de estos materiales permitió a la policía seguir el rastro de los explosivos hasta viviendas usadas como depósitos clandestinos en Trujillo.

Además de los insumos importados, las bandas producen detonantes de forma artesanal, mezclando fertilizantes con combustible para generar ANFO. Este tipo de explosivo ha sido empleado en atentados recientes, incluyendo ataques contra domicilios y entidades públicas en la ciudad. La combinación de insumos internacionales y producción casera aumenta la peligrosidad de estos materiales y la dificultad de control por parte de las autoridades.

El Comando Vermelho, grupo criminal brasileño con historial de violencia, tiene presencia en varias regiones amazónicas del Perú, incluyendo Loreto, Ucayali y Madre de Dios. Fuentes policiales señalan que esta organización mantiene vínculos con bandas locales en el norte del país, facilitando la logística del tráfico de explosivos y el acceso a materiales de alto riesgo. La coordinación entre grupos internacionales y locales permite que los insumos se redistribuyan con rapidez, aumentando la probabilidad de ataques urbanos.

Estas mafias también ejercen control sobre el mercado negro de la minería ilegal, asegurando que los explosivos lleguen a manos de mineros y facciones criminales especializadas en extorsión. La participación de organizaciones internacionales hace que la investigación y la persecución de los responsables sea compleja, ya que cruzan jurisdicciones y aprovechan rutas clandestinas poco vigiladas.

El trayecto de los explosivos inicia en Brasil y cruza la triple frontera hacia Colombia, llegando a Leticia antes de ingresar a Perú por Loreto. Desde allí, descienden por Yurimaguas, Tarapoto y Tocache hasta Pataz, epicentro de la minería ilegal de oro. Este recorrido aprovecha ríos y caminos poco controlados, lo que permite que insumos peligrosos circulen con relativa facilidad y lleguen a distintas provincias del norte del país.

Una vez en Pataz, los explosivos se distribuyen entre mineros ilegales y grupos dedicados a actividades ilícitas urbanas. Las investigaciones revelan que desde esta zona, el material puede ser trasladado hacia Chimbote y, eventualmente, a Lima. La ruta demuestra la vulnerabilidad de las fronteras y la sofisticación con que las bandas combinan transporte fluvial y terrestre para evadir la supervisión de la policía.

Los atentados han dejado decenas de viviendas dañadas y múltiples ciudadanos heridos, generando alarma en la población. La policía ha logrado detener a integrantes de bandas como Los Cachacos del Padrino y Los Movedizos de la Libertad, quienes transportaban explosivos de origen internacional y artesanal. Entre las incautaciones más recientes se encuentran 306 cartuchos de la marca Senatel Pulsar, fabricados en Australia y empaquetados para resistir humedad, evidenciando la sofisticación de los criminales.

El seguimiento de estos casos permitió identificar que los ataques urbanos no solo buscan extorsionar o intimidar, sino también controlar zonas de minería ilegal. La combinación de insumos importados, producción casera y la logística de mafias internacionales aumenta la complejidad del problema y la amenaza de que explosivos lleguen a otras ciudades, incluyendo la capital. Las investigaciones continúan en coordinación con autoridades de frontera y unidades especializadas en tráfico ilícito de materiales explosivos.