PNP afirma que reserva de la información del sistema de denuncias es para “proteger datos personales de involucrados”

La decisión de clasificar como “reservada” de la información contenida en el Sistema de Denuncias Policiales (SIDPOL) ha generado controversia. La medida, adoptada por la Policía Nacional del Perú (PNP) mediante la Resolución Directoral emitida el 25 de agosto, implica que los datos de denuncias policiales y del Sistema de Registro de Denuncias de Investigación Criminal quedarán bajo reserva por un plazo de cinco años.

Ante ello, la Policía Nacional del Perú emitió un comunicado en el que afirma que la decisión de clasificar como reservados estos datos responde a la necesidad de proteger “el contenido estratégico y sensible que contienen”. La PNP insistió en el documento que la reserva solo afectará a la base de datos interna de uso policial y no restringe el acceso a la información pública.

“Esta clasificación tiene como finalidad resguardar el contenido estratégico y sensible que contienen dichos sistemas, esenciales para la prevención e investigación del delito, así como para proteger los datos personales de las personas involucradas, víctimas o testigos. Dicha medida responde al deber institucional de preservar el orden interno y la seguridad pública”.

Como respuesta a esta decisión, el ex ministro del Interior, Carlos Basombrío desmintió la versión de la PNP y afirmó que “La base de datos del SIDPOL (soy un usuario), no tiene info de personas o de investigados, es solo estadística y los resultados sirven para medir cómo van por ejem denuncias de extorsión (aumentan cada mes)”.

La crítica también llegó de parte del ex titular del Mininter, Ricardo Valdés, quien calificó la medida como un “retroceso grave” y advirtió sobre sus consecuencias para la transparencia y el control ciudadano. "Estamos entrando lamentablemente al medioevo, al oscurantismo con esta decisión del general González Novoa”, afirmó Valdés en conversación con América TV.

El ex titular del Mininter también alertó que la reserva de la información impedirá que gobiernos locales, periodistas y ciudadanos accedan a datos sobre delitos registrados en sus jurisdicciones, lo que, en su opinión, limita la capacidad de evaluación y fiscalización de la ciudadanía sobre el desempeño policial. “Es un indicador muy importante también para efectos que los ciudadanos podamos evaluar cómo marcha la Policía Nacional”, indicó al medio televisivo.

Valdés también subrayó que considera que esta medida responde a un intento de ocultar la falta de resultados en la lucha contra el crimen. “Mi hipótesis es que la policía no marcha bien, que no están teniendo resultados y que estos resultados vienen siendo mostrados”, explicó Valdés a América TV.

Como ejemplo, Valdés mencionó el aumento del 700% en las denuncias por extorsión en los últimos años, mientras que la cifra de detenidos se ha mantenido prácticamente inalterada en torno a mil trescientos. “Esto demuestra que la policía no está teniendo un impacto importante”, afirmó.

Valdés consideró que la decisión de clasificar la información no responde a criterios técnicos, sino políticos, y que excede las competencias de un director de tecnología. “Esta es una decisión política... involucra al Ministro del Interior porque de alguna forma se está violando la Constitución”, declaró Valdés a América TV, e instó al titular del sector a pronunciarse de inmediato: “Pienso que aquí el Ministro del Interior tiene que pronunciarse y tiene que pronunciarse pronto”.

En Perú, las denuncias por extorsión han mostrado un crecimiento sostenido durante 2025, según el Sistema Informático de Denuncias Policiales (Sidpol). Entre enero y mayo se reportaron 11.475 casos, lo que marca un aumento del 22,5 % respecto al mismo periodo del año anterior. El analista de datos Juan Carbajal advirtió que, de mantenerse la tendencia, el año podría cerrar con cerca de 30.000 denuncias. Cada 19 minutos, en promedio, se denuncia un caso en el país, lo que revela la dimensión nacional de este fenómeno.

Si bien Lima Metropolitana registra la mayor cantidad absoluta de denuncias, otras regiones muestran incrementos porcentuales más elevados. Puno encabeza la lista con una subida de 76,7 %, mientras Cusco y Madre de Dios presentan aumentos de 63 % y 59,1 % respectivamente. Además, la Provincia Constitucional del Callao y Piura superan el 50 % de crecimiento, lo que evidencia la expansión de este delito fuera de la capital.