¿Debe Perú priorizar incentivos fiscales para vehículos eléctricos en un mercado con abundante gas natural?

La discusión sobre los incentivos tributarios para la electromovilidad en Perú se intensifica a medida que el país avanza en la masificación del gas natural, otro energético, y enfrenta presiones globales para una movilidad más limpia.

En entrevista con Infobae Perú, Jaime Graña, gerente general de la Asociación Automotriz del Perú (AAP), advierte que, aunque hoy el parque automotor nacional cuenta con alrededor del 10% de vehículos a gas natural y existen reservas suficientes, seguir apostando solo por ese recurso presenta limitaciones ineludibles.

En el marco de Transporte Sostenible 2025, el ejecutivo cuestiona la idea de priorizar el gas natural como solución definitiva. Advierte que aferrarse a este combustible puede retrasar la modernización del parque automotor nacional y dejar a Perú rezagado en el contexto regional y global. Según Graña, una apuesta real por la electromovilidad requiere un enfoque más ambicioso y menos dependiente de las ventajas circunstanciales en materia de recursos fósiles.

“Como parte de las políticas públicas que buscan reducir la contaminación ambiental provocada por los vehículos, en el corto y mediano plazo seguirá siendo vital el impulso a la masificación del GNV; sin embargo no podemos esperar a que ese recurso escasee para impulsar la penetración de electrificados”, asegura.

Proteger a la incipiente electromovilidad implica asumir costos inmediatos. Graña no elude el dilema fiscal: los incentivos tributarios para autos eléctricos pueden reducir la recaudación por importación y comercialización. Pero advierte que esa visión no puede prevalecer sobre el objetivo central. Considera un error leer la reducción de ingresos solo como una amenaza para el fisco.

“Dicha pérdida es en realidad una inversión estratégica en la transición energética, cuyos beneficios se materializarán en el mediano y largo plazo”, plantea, señalando que la valla fiscal puede frustrar el potencial de ahorro sanitario, independencia de combustibles importados y hasta mejoras en balanza comercial, con déficits acumulados que superan los US$17.000 millones entre 2021 y 2024.

“Constituiría una estrategia fundamental para situar a nuestro país a la vanguardia de la región, donde dicha industria se ha desarrollado solo en algunos países latinoamericanos, a diferencia de lo observado en otros mercados más maduros, como el europeo, particularmente en Noruega, Suecia o Francia”, relata Graña.

Para la AAP, la falta de políticas robustas para las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME) evidencia otro aspecto crítico. El acceso al crédito y la renovación de flotas sigue siendo una deuda del Estado, que se limita a esquemas insuficientes en garantía y tasas.

Graña reciente la alta percepción de riesgo y la carencia de incentivos directos, llamando a la creación de fondos estatales, líneas subsidiadas y medidas como certificados de descarbonización y excención de impuestos para flotas verdes. Sin asistencia técnica ni acompañamiento, el riesgo es la perpetuación de una brecha tecnológica que golpea especialmente a las pequeñas empresas.

El discurso oficial del Gobierno sobre infraestructura para autos eléctricos tampoco queda exento de reparos. La anunciada prioridad estratégica contrasta con avances lentos, inversiones insuficientes y un riesgo alto de subutilización de activos en regiones alejadas. La falta de liderazgo estatal y marcos regulatorios claros limita la atracción de capital extranjero y agrava el rezago frente a estándares europeos o asiáticos.

Según Graña, la movilidad sostenible podría convertirse en motor para atraer inversiones extranjeras, pero la atomización de competencias estatales, la informalidad dominante y la falta de integración y coordinación real entre sistemas de transporte mantienen al Perú lejos del modelo al que aspiran los países más avanzados. La ausencia de mecanismos para internalizar los costos de la contaminación, como el impuesto al carbono, evidencia un rezago tanto conceptual como político.

“Es necesario reconocer los considerables obstáculos asociados a dichos desarrollos. Uno de los más significativos es la sustancial demanda de capital de inversión inicial que requiere el despliegue masivo de electrolineras, un desafío que se ve exacerbado por variada topografía de nuestro país”, apunta.