Congreso cocina un nuevo ‘REINFO’ para la pesca ilegal en el mar peruano: la última ofensiva de Pazo Nunura

El Congreso de la República recibió este 11 de septiembre de 2025 una nueva propuesta para modificar las reglas del sector pesquero artesanal. El proyecto de ley presentado por el congresista Bernardo Pazo Nunura, de Somos Perú, promueve la reapertura del proceso de formalización para aproximadamente 8.000 embarcaciones pesqueras que nunca completaron los trámites legales o que fueron descartadas en los anteriores intentos de ordenamiento.

Bajo una retórica que aparenta preocupación por la inclusión y regularización del sector, la iniciativa solicita que las embarcaciones excluidas del SIFORPA 2 —programa oficial que cerró el 31 de julio de 2023 tras sucesivas prórrogas— obtengan una nueva oportunidad para ser reconocidas y autorizadas para operar. Sin embargo, los vínculos familiares de Pazo Nunura con el negocio de astilleros y armadores llevan el debate mucho más allá de un trámite administrativo y revelan grietas profundas entre la fiscalización estatal, los intereses privados y la sostenibilidad del mar peruano.

La historia de la formalización pesquera artesanal en el Perú es reciente y accidentada. El SIFORPA 2, programa clave para ordenar y legalizar la actividad pesquera artesanal, cerró su proceso el 31 de julio de 2023. En la práctica, de 4.572 embarcaciones inscritas, solo 2.017 quedaron fuera por no acreditar su existencia o no haber gestionado su matrícula en la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI) conforme a los plazos, que finalizaron en 2018 y 2019. Pero el nuevo proyecto de Pazo busca volver a abrir ese proceso para absorber un universo de aproximadamente 8.000 embarcaciones que, tras no cumplir los requisitos legales, siguen operando al margen de la formalidad.

No es la primera vez que el congresista lo intenta. Ya en 2023, Pazo presentó el proyecto 5496/2022-CR, siguiendo la misma hoja de ruta que el fallido 2388/2021-CR. Ambos intentos fueron archivados por el Congreso en agosto del mismo año con argumentos sólidos: abrir de nuevo procesos administrativos concluidos vulnera los principios de legalidad, seguridad jurídica y buena administración. El rechazo fue transversal, abarcando desde el Ministerio del Ambiente (MINAM), el Ministerio de la Producción (PRODUCE) la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) y organizaciones vinculadas a la pesca artesanal e industrial.

La propuesta del proyecto de ley 12373/2025-CR no puede entenderse aislada del contexto personal del propio Pazo Nunura, que corre antes de entregar el cargo. Sus vínculos familiares con empresas especializadas en la fabricación y reparación de naves pesqueras otorgan una dimensión de conflicto de interés pocas veces tan clara en la política peruana.

Una investigación de La República de 2023 reveló que los Pazo Nunura controlan empresas relacionadas con la construcción y modernización de embarcaciones, como Astilleros Navales del Pacífico e Inversiones del Mar Chicama, según figura en Sunarp. Ambos negocios tienen intereses económicos inmediatos en la expansión del registro oficial y en el mercado de regularización de flotas que antes operaban sin autorización. Es decir, la ley podría generar ganancias directas a quienes tienen poder para redactarla.

Los antecedentes pesan aún más al observar la resistencia del congresista a la reciente reglamentación de la Ley General de Pesca, que buscó delimitar mejor los derechos de operación y los espacios marítimos para pesca artesanal y de menor escala (semiindustrial) en las primeras 5 millas, para así alinear la actividad con objetivos de conservación.

Pazo, junto a otras bancadas y armadores de bolicheras, impulsó un dictamen para romper la clasificación y límites de operación de estas flotas, buscando ampliar su margen de acción cerca de la costa, pero no logró consenso parlamentario. Esto fue un revés que explica también la urgencia del legislador por modificar la legislación sectorial aprovechando coyunturas legislativas y políticas cambiantes.

Es necesario aclarar que la prohibición de construir embarcaciones artesanales en el litoral peruano, vigente desde 2012 y endurecida en 2015, no fue originada por azar ni deseo de excluir actores del sector, sino por la sobreexplotación de recursos marinos, una fuente estratégica para la alimentación humana y la economía nacional. El incremento de embarcaciones, que alcanzó 23.138 en 2023 (29,1% más que en 2015), responde a prácticas de construcción ilegal que la administración estatal, pese a los mecanismos de seguimiento, no ha logrado frenar eficazmente.

Además de ser inconstitucional, la aprobación del proyecto de ley 12373/2025-CR es un peligro, porque se buscaría formalizar a un número indeterminado de embarcaciones pesqueras que han sido construidas ilegalmente durante la vigencia del SIFORPA 2 o en fecha posterior. Varias de las embarcaciones quedaron fuera porque no acreditaron su existencia y, por tanto, su registro implicaría la presentación de documentación falsa.

La perspectiva de César Ipenza, abogado ambientalista consultado por Infobae Perú, es drástica: la política de permanente regularización equivale a institucionalizar la impunidad. Mientras los operadores informales reciben beneficios sucesivos, quienes cumplieron y ajustaron sus operaciones a la ley quedan relegados a una competencia desleal, sin reconocimiento ni incentivos. El precio de esta distorsión regulatoria lo pagan los recursos del mar y la economía de los pescadores artesanales legítimos.

El argumento recurrente a favor de la ampliación del plazo ha sido presuntas trabas u obstáculos en el proceso de formalización, lo cual, si bien puede representar problemas concretos para algunos armadores, no justifica la reinstauración de un proceso indefinido que termina, de facto, reglamentando y legitimando embarcaciones fabricadas fuera de la ley, según el experto.

Finalmente, el proyecto de Pazo Nunura no solo divide a la élite política y los empresarios del sector, sino que también recibió un firme rechazo de parte organizada de los verdaderos hombres y mujeres del mar.

Voceros de la Macrosur de la Pesca Artesanal, que representa a pescadores de Arequipa, Moquegua y Tacna, alertaron sobre una “flota sobredimensionada” y solicitaron una auditoría para constatar que la información sobre las dimensiones y matrículas de las embarcaciones corresponda con la realidad. Señalaron la necesidad de frenar estos procesos constantes de formalización, pues solo generan incentivos para el incumplimiento sistemático de las normas.

Y es que, ante esta situación, lo que le corresponde al Congreso es el control político de la implementación de la Ley 31982 (enero 2024), que califica como delito la construcción ilegal de embarcaciones pesqueras en vez de buscar formalizar de manera indefinida embarcaciones pesqueras. Se trata de hacer cumplir la ley, no de otorgar prórroga sobre prórroga, premiando así la impunidad. Una tarea que requiere también más protagonismo del PRODUCE.

Tampoco es menor el impacto simbólico: el mensaje que envía el Congreso al vaciar de contenido el concepto de plazos, reglas y responsabilidades, validando prácticas al margen de la ley mientras los cumplidores quedan desprotegidos frente a la competencia desleal. Basta revisar experiencias previas en minería (REINFO) y en otros sectores productivos para reconocer el riesgo de institucionalizar la informalidad como modus operandi nacional.