PNP y municipalidad de Lima intervienen la zona rosa de Zepita: descubren ‘bunker’ de trabajadoras sexuales

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Municipalidad de Lima ejecutaron recientemente una importante intervención a la zona rosa de Zepita, ubicada en el corazón de la capital peruana, informó el dominical Panorama.

El operativo permitió el acceso, por primera vez, a un edificio apodado “el búnker”, epicentro de actividades ilícitas y refugio de trabajadoras sexuales que ofrecen sus servicios en plena calle del Cercado de Lima.

El personal del orden coordinó una inspección meticulosa por la avenida Alfonso Ugarte y sus inmediaciones, zonas asociadas a la trata de personas. Durante la intervención se identificaron varios ambientes empleados para la explotación sexual de mujeres, algunas de ellas menores de edad, y se inspeccionaron hostales donde, según investigaciones previas, residen víctimas utilizadas por redes criminales.

Panorama describió las circunstancias en las que diversas mujeres, quienes serían sometidas a explotación, intentaron huir cuando las autoridades ingresaron en las habitaciones, sin permisos de sanidad ni documentación habilitante.

Una de las informaciones obtenidas indicó que las habitaciones estaban acondicionadas como minihabitaciones, muchas inconclusas, donde se pactaban servicios sexuales a cambio de sumas previamente acordadas con los clientes.

Por primera vez, agentes municipales y policiales lograron allanar un espacio conocido entre los habitantes de la zona como “el búnker”, en una edificación ubicada en la calle Ravier.

Este punto nunca había sido penetrado por ninguna fuerza del orden debido a la alta seguridad implementada por los administradores. También se halló un sistema sofisticado de videovigilancia con múltiples cámaras en todos los niveles del edificio, lo que permitía monitorear el ingreso y egreso de personas, así como anticipar cualquier operativo policial.

Dentro de “el búnker”, las autoridades encontraron dos pisos y ocho habitaciones protegidas con puertas de madera reforzadas y enrejados exteriores. De acuerdo con lo visto por el dominical, una menor de edad se encontraba encerrada en una de las habitaciones y solo pudo ser rescatada después de que las autoridades forzaran la entrada.

Durante las verificaciones, se constató la presencia de personas ajenas a la organización, como un panadero local, quien afirmó desconocer las actividades ilícitas que ocurrían a escasos metros de su vivienda.

Según información policial, la organización criminal One Family, integrada por peruanos y remanentes del Tren de Aragua, ejerce control sobre diversas menores y jóvenes en esta zona de Lima.

Varias víctimas fueron halladas bajo amenaza de muerte, obligadas por la organización a entregar sumas específicas de dinero semanalmente. Se identificaron testimonios que indican que muchas de esas menores son reclutadas y mantenidas bajo un “contrato de muerte”, una modalidad de sometimiento que influye en la continuidad del accionar delictivo.

Panorama reveló la presencia de alianzas entre redes criminales nacionales e internacionales que aprovechan el flujo constante de visitantes y turistas para fortalecer una economía subterránea basada en el comercio sexual, la venta de drogas y el consumo de alcohol en los alrededores.

El informe también identificó el método de pago a través de códigos digitales como Yape, lo que refuerza la hipótesis sobre la digitalización y anonimato de las transacciones ilegales.

En el operativo, agentes de la Municipalidad de Lima y miembros de la PNP recorrieron minuciosamente cada ambiente. La inspección dejó al descubierto que, dentro del mismo edificio y en varios puestos aledaños, existía disponibilidad de habitaciones por horas o minutos.

Se detectaron espacios acondicionados para el consumo de alcohol y drogas, así como rastros de operaciones ilegales que incluían oferta y consumo a plena luz del día.

Según declaraciones recogidas en el informe televisivo, representantes de la Municipalidad de Lima insisten en la gravedad de la problemática, señalando las dificultades para erradicar el comercio sexual en espacios públicos por la constante filtración de información hacia los grupos criminales.

Desde hace años, las autoridades locales han intentado tomar control de la zona, pero los operativos anteriores no lograban resultados tangibles, ya que los ambientes solían encontrarse vacíos tras alertas previas suministradas a los administradores de estos locales.

La intervención en la zona de Zepita demostró la complejidad del entramado delictivo vinculado a la explotación sexual, la trata de personas y el tráfico de sustancias. Según el reporte periodístico, los años de impunidad permitieron el sofisticado blindaje de una red que articula rutas de ingreso clandestino, vigilancias internas, pagos electrónicos y captación violenta de víctimas.