En el centro de Lima, a unos pasos de Palacio de Gobierno, se libra una disputa que enfrenta dos intereses de enorme peso para el país: la preservación del patrimonio histórico y la seguridad de la jefatura del Estado. La Procuraduría Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) presentó una demanda de hábeas corpus contra la Municipalidad Metropolitana de Lima, alegando que las obras de recuperación de la antigua muralla limeña ejecutadas por el Programa Municipal para la Recuperación del Centro Histórico (PROLIMA) bloquean accesos estratégicos al Palacio de Gobierno y ponen en riesgo la seguridad de Dina Boluarte.
El procurador Carlos Enrique Cosavalente Chamorro, autor de la acción legal, sostiene que las restricciones impuestas en las calles colindantes al Palacio afectan derechos fundamentales. “El bloqueo de accesos compromete la continuidad institucional y la seguridad nacional”, advierte en el documento presentado al Poder Judicial y al que Infobae Perú tuvo acceso.
La demanda de la PCM
El hábeas corpus interpuesto por la PCM se centra en los efectos directos de las obras del proyecto “Investigación Arqueológica, Conservación y Puesta en Valor de las Portadas, Baluartes y Tajamares de la Muralla de Lima”. Según la Procuraduría, estas intervenciones han bloqueado la cochera principal del Palacio y reducido los accesos vehiculares a un único ingreso por el jirón Trujillo.
Las demás vías de acceso, como los jirones Ancash y Carabaya, fueron convertidas en peatonales, limitando así la movilidad de funcionarios y visitantes oficiales. Además, el plano de señalización de PROLIMA reduce a un solo carril la salida hacia la avenida Tacna, lo que, de acuerdo con el informe legal, “imposibilita el despliegue operativo de la cápsula de seguridad presidencial, conformada por once vehículos”.
En resumen, los tres puntos señalados por la PCM como riesgos son: el bloqueo de la cochera principal, la limitación de maniobras de la cápsula vehicular de seguridad y la afectación del uso del helipuerto para operaciones de evacuación.
El procurador Cosavalente advierte que la reconstrucción del denominado “Arco de Piedra”, en las inmediaciones de la residencia presidencial, incrementa la vulnerabilidad frente a posibles ataques. “Se trata de un punto elevado y accesible al público que incrementa la exposición a amenazas terroristas o criminales”, indica.
Para la Secretaría de Seguridad de la Casa de Gobierno, los riesgos no son teóricos. El documento presentado recuerda antecedentes como el intento de ataque con mortero en 1987 y el hallazgo de armamento en 2014 en las cercanías del Palacio. Bajo esa línea, el análisis de riesgos establece un radio de 500 metros y tres anillos de seguridad, cuya alteración compromete los protocolos tácticos de respuesta inmediata.
Falta de coordinación interinstitucional
Uno de los principales señalamientos de la demanda es que la Municipalidad de Lima ejecutó las intervenciones sin coordinación previa con el Despacho Presidencial ni con los órganos de seguridad competentes, como la Policía Nacional y el Ministerio del Interior.
La Gerencia de Movilidad Urbana autorizó la interferencia del tránsito sin comunicarlo al Palacio, lo que, según la Procuraduría, impidió diseñar alternativas menos restrictivas. Tampoco se entregaron las actas informatizadas de inspección exigidas por la Resolución Directoral N.º 000463-2024-DCIA-DGPA-VMPCIC/MC, lo que imposibilita verificar si parte de la intervención afecta propiedad estatal protegida.
El área donde se ubica el Palacio de Gobierno está inscrita a favor del Despacho Presidencial con un total de 18.262,10 metros cuadrados. “La intervención se realizó sin acto administrativo habilitante ni sustento técnico que justifique la afectación de una propiedad estatal”, señala el escrito.
Continuidad institucional y escenarios internacionales
Más allá de la seguridad física de la mandataria y de su entorno inmediato, el hábeas corpus también plantea que el bloqueo de accesos pone en riesgo la continuidad institucional del Estado. “Las restricciones no permiten cumplir con los requisitos logísticos y de seguridad en eventos internacionales de alta relevancia, como la cumbre APEC 2024”, sostiene el procurador Cosavalente.
De acuerdo con el planteamiento de la PCM, en dichos escenarios se requieren vías expeditas para el ingreso y salida de delegaciones, así como rutas de evacuación claras. La limitación actual, con accesos reducidos a un solo carril y zonas peatonales en puntos estratégicos, dificultaría la respuesta en situaciones de emergencia y entorpecería la recepción de dignatarios.
El Tribunal Constitucional, en jurisprudencia citada por la Procuraduría, ha señalado que “la seguridad del Estado y la continuidad institucional constituyen bienes superiores cuya afectación compromete el orden democrático”.
La otra cara: la defensa de la Municipalidad de Lima
La Municipalidad de Lima, respaldada por informes del Ministerio de Cultura, rechaza los argumentos de la PCM. En el “Informe Técnico-Legal” elaborado por Ernesto Carlos Miguel Olazo Rázuri e Iván Alexander Ato Amaya, se afirma que las resoluciones que autorizaron el proyecto arqueológico son plenamente válidas y no incurren en causal de nulidad.
“El proyecto fue autorizado tras cumplir con el Reglamento de Intervenciones Arqueológicas y el TUPA del Ministerio de Cultura. Se trata de una intervención supervisada técnicamente y dentro del marco legal”, señalan los autores del documento.
Respecto a la seguridad presidencial, el informe contrasta la posición de la PCM. “Los informes que alegan riesgos se basan en apreciaciones preventivas y no en evidencias de afectación concreta. Las excavaciones se ubican fuera del perímetro del Palacio de Gobierno, sin restringir accesos vehiculares ni peatonales”.
Los especialistas destacan que el uso actual de áreas como estacionamientos y helipuertos por parte del Palacio sí obstruye rutas de evacuación, a diferencia de las excavaciones arqueológicas.
En conversación con Infobae Perú, Carlos Vega, subgerente de Operaciones de PROLIMA, relató la secuencia de hechos desde agosto y defendió la legalidad de las intervenciones. “El 15 de agosto trasladamos un oficio a la PCM, al Despacho Presidencial, para informar que íbamos a continuar con los trabajos de excavación y exploración arqueológica. Iniciamos los trabajos el 18 de agosto con autorización de la Gerencia de Movilidad Urbana y del Ministerio de Cultura”, explicó.
Días después, según Vega, la PCM solicitó suspender de inmediato las obras por motivos de seguridad, gestión de riesgos y operaciones aéreas. “Respondimos que no íbamos a suspender porque contamos con la autorización correspondiente. Para sorpresa nuestra, ese mismo día el Ministerio de Cultura nos notificó el inicio de un procedimiento de nulidad de oficio de las resoluciones que nos habían otorgado en 2023 y 2024”, detalló.
El funcionario asegura que la notificación estuvo incompleta. “Se olvidaron de adjuntar el informe que motivaba la nulidad. Recién nos lo alcanzaron después, lo que evidencia un error en el procedimiento. Aun así, hemos respondido dentro del plazo”, afirmó.
Respecto al argumento de que el Palacio de Gobierno se encuentra dentro de un radio de 500 metros de seguridad, el especialista cuestiona esa interpretación. “Si todo lo que se hace en ese perímetro debe consultarse primero a Palacio, entonces no podríamos intervenir esculturas, plazas ni calles del centro histórico. Eso no es coherente con las facultades que el Ministerio de Cultura tiene para gestionar el patrimonio cultural”, señaló.
Sobre la preocupación por la reconstrucción del arco, indicó que aún no se trata de un proyecto de inversión definido. “Lo que ahora ejecutamos es la investigación arqueológica, que es la base para cualquier expediente futuro. Incluso planteamos que el arco pueda ser usado por Palacio como medida de seguridad, con cámaras y personal en su interior, pero esa propuesta no fue tomada en cuenta”, expresó.
Vega también advirtió las consecuencias de una paralización: “En primer lugar, se detendría una investigación arqueológica de dos años, quedaría inconclusa y se perdería la inversión. En segundo lugar, las excavaciones a tajo abierto quedarían sin personal que las supervise, lo que sí generaría un riesgo real para las personas alrededor”.
Finalmente, destacó la visión de PROLIMA sobre el valor del proyecto. “Queremos insistir en que no hemos bloqueado los accesos a Palacio. Nuestra intención es continuar y, a futuro, convertir este espacio en un punto turístico con gran potencial para fortalecer la identidad de los ciudadanos y dar a conocer nuestro pasado”, declaró a Infobae Perú.
La visión arqueológica dentro de este conflicto
En medio de la controversia legal y política, también se alzan voces que defienden la continuidad del proyecto. Infobae Perú conversó con Ernesto Olazo, coordinador de Arqueología de PROLIMA, quien explicó los avances alcanzados y la relevancia de los vestigios descubiertos.
“En el proyecto de excavaciones que se desarrolla en la Alameda Chabuca Granda, tras un breve periodo en que tuvimos que paralizar forzosamente las actividades, hemos logrado una ampliación cuyo objetivo principal es unir ambos sectores de excavación: el primero, donde se encontraron los restos del arco del puente, y el segundo, donde apareció el molino de don Jerónimo de Aliaga. Esto nos permite tener una visión más clara de la configuración urbana de la Lima virreinal y republicana”, señaló.
Además, detalló que los arqueólogos trabajan en tres líneas de investigación: “Primero, definir la amplitud de este antiguo molino y sus componentes hidráulicos. Segundo, confirmar si un gran muro de adobes con basamento de piedra forma parte de la muralla virreinal, pues guarda coherencia con planos del siglo XVII. Y tercero, analizar una casa virreinal que conserva pisos de ladrillo y cantos rodados, además de muros enlucidos, lo que representa un ejemplo casi completo de arquitectura civil de ese periodo”.
Para el especialista, la paralización del proyecto tendría efectos más allá de lo arqueológico. “Sería un impacto negativo gravísimo, no solo para la investigación, sino también para la historia e identidad nacional. Recordemos que Lima fue la capital del virreinato peruano y desde aquí se influía en otros territorios del continente. Lo que encontramos en estas excavaciones ayuda a entender no solo la ciudad, sino también cómo se configuró la nación”, sostuvo.
El arqueólogo recalcó que el trabajo no genera la congestión vehicular que se le atribuye. “En esta zona no hay mayor tránsito ni aglomeración de vehículos. Lo que podría causar congestión son los autos estacionados en la vía pública, que pertenecen al propio Palacio de Gobierno. Las excavaciones arqueológicas no están comprometiendo el normal desarrollo de esta parte de la ciudad”, afirmó.
Respecto a las proyecciones, explicó que los hallazgos no se limitan a la investigación científica, sino que están vinculados a proyectos urbanos y culturales de gran escala. “Se plantea la reconstrucción del arco monumental que marcaba la entrada a Lima, de unos 25 a 30 metros de altura, y la integración de la Alameda Chabuca Granda con el Parque de la Muralla en un recorrido turístico y cultural. Además, se busca consolidar una zona arqueológica enfocada en el periodo virreinal y republicano, algo inédito en la ciudad”, concluyó.
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