¿Quién es Edhin Campos?: el juez con pasado político, acusaciones de coimas y denuncias que autorizó la salida de Santiváñez

El magistrado Edhin Campos Barranzuela, hoy juez supremo provisional, se encuentra en el centro de la polémica por haber autorizado el viaje al extranjero del ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, pese a que pesa sobre él un impedimento judicial. Su trayectoria combina actividad política, investigaciones disciplinarias y resoluciones que han generado debate en el sistema judicial peruano.

Su nombre no es nuevo en los círculos de poder. Con más de dos décadas en el Poder Judicial, Campos arrastra un historial de cuestionamientos por acusaciones de corrupción y vínculos partidarios. Desde su rol en Áncash hasta su designación como juez supremo provisional, su figura divide opiniones y refleja tensiones dentro de la justicia peruana.

Edhin Campos Barranzuela es juez superior titular y ha ocupado cargos de relevancia en el Poder Judicial. En julio de 2025 fue designado como juez supremo provisional por decisión de la presidencia del Poder Judicial para resolver casos de alta importancia. En esa condición, tuvo a su cargo la solicitud del ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, para viajar a Suiza con el fin de participar en un evento de Naciones Unidas.

Campos ha presidido salas penales en la Corte Superior de Justicia de Áncash y se ha posicionado como especialista en temas de crimen organizado. Ha publicado libros sobre esta materia y su nombre circula en espacios académicos vinculados al estudio del delito. Sin embargo, su paso por la judicatura está marcado por episodios controvertidos que alimentan las críticas a su carrera.

Según la información proporcionada por la periodista Karla Ramírez, más allá de su perfil como magistrado, Campos registra un pasado político. En el año 2000, cuando Somos Perú aún tenía la categoría de movimiento nacional, se presentó como candidato al Congreso. No logró una curul, pero esa incursión lo colocó en la arena pública más allá del ámbito judicial.

Ese vínculo partidario ha vuelto a cobrar relevancia tras su decisión de conceder la autorización a Santiváñez. Para críticos de su gestión, su pasado como candidato político plantea dudas sobre su independencia, especialmente en procesos que involucran a actores con poder e influencia en el escenario nacional.

El nombre de Campos también se asocia a denuncias por presuntas irregularidades. En 2014 fue investigado por la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) a raíz de acusaciones de haber recibido dinero de familiares de un alcalde en Áncash. Aunque el proceso no derivó en una sanción formal, el caso alimentó sospechas sobre posibles actos de corrupción.

En años posteriores, enfrentó cuestionamientos adicionales. Fue mencionado en procesos vinculados a presuntos peritajes falsos, además de figurar en expedientes donde se evaluó un presunto enriquecimiento ilícito. En 2025, se prorrogó una investigación preparatoria que lo mantenía bajo la lupa de la justicia. Estos señalamientos han reforzado la percepción de que su carrera judicial está marcada por una sombra de desconfianza.

Entre sus decisiones más comentadas se encuentra la absolución del exgobernador de Áncash, Juan Carlos Morillo Ulloa, procesado por el caso IOARR del Hospital Víctor Ramos Guardia de Huaraz durante la pandemia. La Segunda Sala Penal de Apelaciones de Áncash, presidida por Campos, ratificó en 2023 la absolución por unanimidad. La resolución permitió la liberación de Morillo, quien pasó casi tres años en prisión preventiva junto a exfuncionarios acusados de colusión agravada.

El episodio más reciente que lo coloca bajo el reflector nacional es la autorización otorgada a Juan José Santiváñez, ministro de Justicia investigado por presunto tráfico de influencias. El 6 de septiembre de 2025, Campos le permitió viajar a Ginebra pese al impedimento vigente de salida del país. La medida fue justificada como un permiso excepcional de carácter temporal, pero desató una fuerte controversia pública y política.