Boluarte y Santiváñez insisten en El Frontón mientras el megapenal de Ica sigue paralizado hasta 2027

La presidenta Dina Boluarte y el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, han reiterado su intención de reabrir la isla penal de El Frontón para construir una cárcel de máxima seguridad con capacidad para 2.000 internos. La iniciativa se financiaría bajo el mecanismo de Obras por Impuestos, con una inversión estimada de 500 millones de soles.

La propuesta, presentada como respuesta al hacinamiento penitenciario que supera el 146% de la capacidad instalada en el país, contrasta con los informes técnicos del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). En 2023, el organismo concluyó que reconstruir un penal en la isla no era factible: los estudios determinaron que el terreno solo permitiría albergar como máximo a 108 internos, con costos de operación y mantenimiento mucho más altos que en cualquier otra cárcel del país.

Hablar de El Frontón es también recordar su turbulenta historia. El penal, clausurado hace más de tres décadas, fue escenario de fugas, intentos de saqueo y motines. El más recordado ocurrió en junio de 1986, cuando más de 100 internos —en su mayoría miembros de Sendero Luminoso— murieron tras un violento operativo militar. Entre sus prisioneros más peligrosos estuvo Guillermo Portugal Delgado, alias la gringa, considerado uno de los criminales más temidos de la época.

Mientras el Gobierno insiste en reabrir El Frontón, en el distrito de Santiago, Ica, yace inconcluso el megaproyecto penitenciario de Ocucaje, conocido como el Megapenal de Ica. Fue anunciado en 2018 como la gran apuesta para reducir la sobrepoblación carcelaria, pero la obra se paralizó en enero de 2020, cuando se detectaron irregularidades en la información presentada por el consorcio encargado de la construcción, lo que llevó a declarar la nulidad del contrato.

En 2022, se aprobó un nuevo expediente técnico valorizado en S/ 482 millones, aunque la infraestructura existente no cumplía los estándares actuales ni las “Reglas Mandela” de la ONU sobre el tratamiento de los reclusos. En 2023, se contrató la reformulación del expediente, lo que reveló nuevos problemas: la falta de acceso vial desde la Panamericana Sur, dificultades en el suministro de agua subterránea y la factibilidad eléctrica condicionada por ElectroDunas.

La Autoridad Nacional del Agua (ANA) exigió que el pozo estuviera perforado y equipado antes de otorgar licencia, mientras que ElectroDunas condicionó el suministro eléctrico a esa autorización. La falta de coordinación retrasó aún más la entrega.

Finalmente, en abril de 2025, se aprobó la reformulación definitiva del proyecto, con un costo actualizado de S/ 602.9 millones y un plazo de ejecución de 717 días calendario. Según este cronograma, el penal estaría listo recién en 2027.

La insistencia en El Frontón ha sido duramente criticada por especialistas en política penitenciaria y exautoridades. La exministra de Justicia Marisol Pérez Tello calificó el proyecto como “un distractor” frente a la crisis de inseguridad y advirtió que el costo operativo por interno podría ser entre tres y seis veces mayor que en otros penales como Castro Castro o Lurigancho.

El ex jefe del INPE, César Cárdenas, sostuvo que aislar a cabecillas criminales en una isla no garantiza que se detengan los actos delictivos organizados desde prisión y advirtió que los entornos aislados son más propensos a la corrupción de agentes penitenciarios. Actualmente, el gasto estimado por cada interno es de 30 soles diarios, con entre 6 y 7 soles destinados a alimentación. El traslado marítimo de personal, víveres y combustible a la isla duplicaría esos costos.

El hacinamiento carcelario en el Perú supera el 146%. Según datos del propio INPE, los penales de Ica, Chincha, Arequipa, Cajamarca y Pucallpa, paralizados desde hace años, podrían albergar en conjunto a más de 12.000 internos, es decir, hasta siete veces la capacidad que se proyecta para El Frontón.

Autoridades locales del distrito de La Punta, Callao, han manifestado su rechazo a la iniciativa del Ejecutivo al no haber sido consultadas. Organizaciones civiles y especialistas insisten en que el debate debería centrarse en la culminación de proyectos paralizados y en políticas de resocialización, en lugar de apostar por una cárcel en una isla con altos costos logísticos y una historia marcada por violencia.