Perú deberá reportar a la OCDE qué medidas aplicó para evitar interferencias en el trabajo de fiscales anticorrupción

El Grupo de Trabajo de la OCDE sobre el Cohecho en Transacciones Comerciales Internacionales expresó públicamente su preocupación por la interferencia en el trabajo de fiscales que llevan casos sensibles de anticorrupción en Perú. En un comunicado oficial hacia la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, la organización internacional enfatizó que el país debe garantizar la independencia y protección de quienes enfrentan redes de corrupción en investigaciones de alto perfil.

Perú es parte de la Convención de la OCDE sobre la Lucha contra el Cohecho de Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, vínculo que obliga al Estado a cumplir y hacer cumplir los estándares internacionales en materia anticorrupción. De acuerdo con la OCDE, el Grupo de Trabajo tiene la responsabilidad de supervisar y evaluar el cumplimiento de esta convención en cada país miembro, por lo que emitió recomendaciones específicas a Perú en 2021 y, más recientemente, organizó una Misión de Alto Nivel al país en enero de 2025 para abordar nuevos problemas identificados en la materia.

A pesar de estos esfuerzos, la OCDE advierte que varias de las recomendaciones sobre cumplimiento penal y persecución de casos de corrupción aún no se han implementado en Perú. El comunicado destaca la persistencia de riesgos y obstáculos institucionales para la independencia de los fiscales. “El Grupo de Trabajo está especialmente preocupado de que, incluso después de su Misión de Alto Nivel, continúe recibiendo informes de que los fiscales anticorrupción de Perú enfrentan acoso, incluyendo a través de lo que parecen ser investigaciones y consultas cuestionables”, señaló la organización con sede en París.

En su pronunciamiento, la OCDE recordó que, bajo el Artículo 5 de la Convención, Perú está obligado a investigar y procesar con seriedad los casos de corrupción, y que esto exige que los fiscales designados trabajen libres de coacciones o injerencias externas, incluyendo presiones de naturaleza política. El comunicado alude de manera concreta a la situación del Equipo Especial Lava Jato, cuyos fiscales principales “han enfrentado numerosos procedimientos penales y disciplinarios desde 2019 hasta hoy”. Para el Grupo de Trabajo, “la mera cantidad de procedimientos o el riesgo potencial de los mismos crea un efecto intimidante en el trabajo de los fiscales y amenaza su independencia”.

Ante estas afectaciones, la OCDE instó a la Oficina de la Fiscalía General de Perú a implementar medidas necesarias “que garanticen que los fiscales que manejan casos sensibles de corrupción puedan realizar sus funciones de manera independiente y sin interferencia política”. El texto remarca que no se trata solo del Equipo Especial Lava Jato y la Oficina del Fiscal del Estado Ad Hoc Lava Jato, sino que debe adoptarse “protección frente a despidos injustificados, suspensiones y otras formas de acoso interno y externo” para salvar la autonomía y el profesionalismo de todos los fiscales dedicados a la lucha contra la corrupción.

El Grupo de Trabajo solicitó a las autoridades peruanas que informen, en diciembre de 2025, sobre los avances y medidas implementadas para afrontar estos riesgos. También anunció la eventualidad de aplicar medidas excepcionales, como declaraciones públicas internacionales, monitoreo especial y advertencias formales, si persisten los actos de interferencia contra los fiscales peruanos encargados de casos anticorrupción de alto perfil.

Para concluir su pronunciamiento, la OCDE aseguró que reforzará el seguimiento de la respuesta peruana tanto durante 2025 como en la evaluación prevista para la Fase 3 del procedimiento en diciembre de 2026. De este modo, la organización mantendrá bajo observación no solo la actuación de las autoridades judiciales, sino también el entorno institucional en el que los fiscales ejercen su mandato frente a la corrupción transnacional.