
El ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, dio detalles de la construcción de un nuevo penal de máxima seguridad en la isla El Frontón y el convenio que permitirá iniciar los trabajos con características inspiradas en el reciente modelo salvadoreño del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT). En entrevista con TV Perú, el titular del MinjusDH señaló que la obra empleará modulares prefabricados idénticos a los utilizados en la cárcel de El Salvador, lo cual permitirá agilizar su edificación. “Estaríamos hablando de un promedio de entre 8 a 10 meses, una vez que el terreno esté habilitado”, indicó.
Durante la ceremonia de suscripción del convenio para el centro que contempla una inversión estimada de 500 millones de soles y una capacidad para 2.000 internos, la presidenta Boluarte enfatizó que la reducción del hacinamiento se posiciona como una prioridad y que el nuevo penal operará bajo un régimen especial, con vigilancia estricta y altos controles de visitas. “Pensar en derechos humanos también es pensar en cómo están hacinados los que están privados de su libertad. Por eso debemos seguir trabajando en el crecimiento de más penales”, mencionó.
A su vez, se detalló que el Ministerio de Vivienda, encabezado por Durich Whittembury, se encargará de servicios complementarios y sostenibles para la nueva prisión, incluyendo una planta desalinizadora, tratamiento de aguas y energía autosostenible con paneles fotovoltaicos.
Al respecto, el ministro Santiváñez remarcó que el proyecto peruano no es un gesto simbólico, sino una acción concreta. “Cada piedra que sea colocada ahí es una garantía de que el Estado no se rinde ante el crimen organizado”, sostuvo. En esa línea, subrayó que la estructura contará con infraestructura de última generación, bloqueo de señales telefónicas, vigilancia electrónica integral y áreas para el aislamiento absoluto de líderes mafiosos, sicarios y capturados por terrorismo.
Blindado contra mafias, extorsión y sicariato
En la ceremonia oficial, el titular del Ministerio de Justicia describió el futuro penal de El Frontón como “un penal blindado frente a mafias, sicariato, extorsión, narcotráfico y terrorismo”.
“Hoy, el país tiene alrededor de cien mil internos en distintos establecimientos penitenciarios, muchos de ellos reincidentes y parte de ellos miembros de redes criminales, que siguen penosamente operando desde las cárceles. Con esta iniciativa, su gobierno, señora Presidenta, envía un mensaje inequívoco al delito al decirle que no tendrá ninguna oportunidad de reorganizarse en una prisión”, sostuvo Santiváñez.
Cabe mencionar que el proyecto no ha estado exento de críticas. No solo por el millonario presupuesto para su construcción, sino porque algunos consideran que es inviable y que no podría albergar ni la mitad de la cantidad de reclusos anunciados. Un informe del propio INPE advirtió en el 2023 que el penal en la isla solo podría albergar 108 internos y tendría costos logísticos desproporcionados.
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