El Tribunal Constitucional (TC) ordenó la liberación de Betssy Chávez Chino, ex primera ministra, tras considerar que su detención preventiva se prolongó más allá de lo permitido por ley y sin fundamentos jurídicos válidos. La medida fue saludada por la Defensoría del Pueblo a través de un comunicado oficial, en el que destacó que la sentencia constituye un precedente fundamental para frenar detenciones arbitrarias en el país.
La institución recordó que el hábeas corpus sigue siendo un instrumento esencial para la protección de la libertad personal y que el principio de igualdad ante la ley garantiza un trato jurídico uniforme para todos los ciudadanos. Según la Defensoría, el fallo representa una “corrección necesaria en un sistema de justicia” que, en los últimos años, ha mostrado graves falencias en el manejo de las “detenciones preliminares y preventivas”.
Defensoría cuestiona la prisión preventiva
En su comunicado, la Defensoría subrayó que ya había advertido de estos problemas en informes publicados en 2024, como “¿Detener para investigar o investigar para detener?”, referido a la detención preliminar judicial, y otro sobre las condiciones en las carceletas de la DIVIAC y la DIRINCRI. Ambos documentos evidenciaban que numerosos ciudadanos permanecían privados de su libertad sin órdenes judiciales vigentes y bajo prácticas arbitrarias.
De acuerdo con la institución, el Poder Judicial redujo en muchos casos su papel a un rol “meramente formal” frente a los pedidos del Ministerio Público, sin aplicar el rigor necesario para evaluar las solicitudes de detención. Esta falta de diligencia, según la Defensoría, ha derivado en “restricciones indebidas a la libertad personal”, lo que vulnera derechos fundamentales y debilita el Estado de derecho.
Prisión preventiva: “Una medida de uso indebido”
La Defensoría también mostró preocupación porque los fiscales tratan los requerimientos de prisión preventiva como un trámite suficiente para encarcelar a una persona, asumiendo que los jueces avalarán sus pedidos sin mayor análisis. El comunicado recuerda que dicha medida debe ser excepcional y utilizada únicamente como último recurso, nunca como regla general.
El caso de Betssy Chávez, precisó la entidad, es una muestra clara de cómo esta figura se aplica de “manera abusiva en el país”. En su caso, la prisión preventiva se extendió más allá de los plazos legales, incluso por motivos meramente “logísticos”, lo que el TC consideró inaceptable. Esta situación no solo afecta a la ex premier de Pedro Castillo, sino a cientos de ciudadanos que enfrentan procesos similares.
Defensoría pide reformas legales
El pronunciamiento señala que lo ocurrido con Chávez no es un caso aislado, sino un síntoma de un problema estructural del sistema de justicia. Muchas personas sufren prisiones preventivas prolongadas en condiciones similares, lo que revela una tendencia preocupante en la administración de justicia.
Ante ello, la Defensoría instó al Congreso de la República a evaluar una reforma legal que establezca responsabilidades más allá del ámbito administrativo para jueces y fiscales que vulneren derechos fundamentales con detenciones indebidas. El objetivo, sostuvo la institución, es garantizar un sistema que respete la libertad individual y el debido proceso en todo momento.
Compromiso de vigilancia permanente
El comunicado también ratificó el compromiso de la Defensoría del Pueblo de seguir ejerciendo una vigilancia permanente sobre la situación de todas las personas privadas de libertad en el país. En ese sentido, llamó a erradicar las deficiencias del sistema penitenciario peruano y a impulsar un enfoque humano y garantista que coloque la dignidad de la persona en el centro de la acción pública.
Finalmente, la Defensoría recordó que presentó un Amicus Curiae ante el TC en el caso de Betssy Chávez, con argumentos sobre el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales, la libertad personal y los límites de la prisión preventiva. Dichos fundamentos, recogidos en la sentencia del TC, refuerzan la necesidad de fortalecer el respeto a los derechos fundamentales y asegurar una correcta administración de justicia en el país.
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