Rafael López Aliaga no se reunió con Dina Boluarte para ver el tema del tren Lima-Chosica: “Hasta ahora no me llaman”

La expectativa por una reunión entre Rafael López Aliaga y la presidenta Dina Boluarte se mantiene sin resultados. El 31 de agosto, el burgomaestre limeño anunció que se reuniría en Palacio de Gobierno para conversar sobre el tren Lima–Chosica y acciones frente a la inseguridad ciudadana. Sin embargo, este 2 de septiembre reconoció que hasta ahora no ha sido convocado.

“Hasta ahora no me llama, estoy esperando”, declaró López Aliaga al ser consultado por la prensa. Sus declaraciones se dieron en Puno, durante la entrega de 80 motocicletas a autoridades locales como parte de un plan para reforzar la seguridad en los centros poblados de esa región.

La cita con Boluarte fue anunciada inicialmente como un encuentro “clave” para destrabar el proyecto del tren Lima–Chosica, una obra que mantiene en expectativa a la población de la capital debido a toda la polémica al rededor de su estado, viabilidad y presupuesto. Asimismo, el alcalde planteó que la reunión debía servir para discutir políticas conjuntas de seguridad ciudadana, en medio de la escalada de extorsiones, sicariato y presencia de bandas internacionales en el país.

“Quiero su apoyo”, había declarado días atrás sobre la necesidad de coordinar con el Ejecutivo. En otro momento, lanzó una crítica directa al Gobierno central por el manejo ante la creciente criminalidad en el país. “Este gobierno, señora Boluarte, mañana se lo digo en su cara, no tiene la menor intención de hacer nada, no invierte nada”.

Sin embargo, dos días después de aquella promesa, la reunión no se ha concretado. López Aliaga asegura que está a la espera de la convocatoria oficial desde Palacio, mientras continúa con sus actividades regionales.

El alcalde de Lima también se pronunció sobre la necesidad de construir un penal de máxima seguridad para enfrentar al crimen organizado. Si bien dijo estar de acuerdo con la propuesta, rechazó que se ejecute en la isla El Frontón, como planteó el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez.

“El mejor cerco es en la selva”, sostuvo López Aliaga. En esa línea, afirmó que la ubicación ideal para encerrar a cabecillas del crimen transnacional es un espacio remoto de la Amazonía, donde sea imposible escapar.

“Digamos cabecilla, ¿no? Del Tren de Aragua. Este tiene gente maldita realmente que ha venido a matar a peruanos. Meterlo en la selva, una zona donde no pueda salir. Si sale de la zona, está la ‘chuchupa’ esperando”, agregó.

Con ello, el alcalde marca distancia de la iniciativa de invertir alrededor de S/500 millones en un penal, donde se proyecta trasladar a dos mil reos de alta peligrosidad. Según lo previsto, este miércoles 3 de septiembre se firmará un convenio entre los ministerios de Vivienda, Defensa y Justicia para iniciar la fase de movimiento de tierras, en medio de los cuestionamientos por la viabilidad del proyecto.

Las declaraciones de López Aliaga se produjeron tras encabezar una actividad en Puno, donde entregó ochenta motocicletas a autoridades locales. El objetivo, dijo, es reforzar la capacidad de respuesta frente a la inseguridad en comunidades altoandinas que enfrentan delitos como el abigeato, asaltos y extorsiones.

Con esta acción, el alcalde de Lima busca mostrar un compromiso descentralizado en la lucha contra la delincuencia, aunque las críticas apuntan a que los problemas de seguridad en la capital —incluidas extorsiones masivas al transporte público y homicidios por sicariato— requieren soluciones inmediatas en Lima.

El cruce de declaraciones ocurre mientras el país atraviesa una crisis de seguridad ciudadana. Las cifras de homicidios y extorsiones han aumentado en regiones como Lima, Trujillo, Piura y Puno. La presencia de mafias extranjeras, como el Tren de Aragua, ha intensificado los pedidos de políticas más duras.

La falta de coordinación entre el Ejecutivo y las autoridades locales preocupa a especialistas y ciudadanos. Por ahora, la capital y las regiones siguen esperando acuerdos concretos entre las principales autoridades del país, mientras el crimen organizado mantiene en vilo a miles de ciudadanos.