El Perú podría dar un giro histórico en su relación con los organismos internacionales. El canciller Elmer Schialer declaró que el Gobierno evalúa denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos, lo que implicaría un eventual retiro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). “Este sistema ya no responde a la realidad del Perú”, afirmó en una entrevista con Latina Noticias, encendiendo las alarmas en la región.
Schialer precisó que el Ejecutivo conformó un grupo de trabajo encargado de evaluar los antecedentes, fundamentos y consecuencias de una posible salida de la Corte IDH. Según explicó, este proceso no se resolvería de inmediato, sino que tomaría entre uno y tres años.
“No es un tema de gobierno, sino de Estado. Nosotros evaluamos y el próximo gobierno encontrará lo que hemos avanzado. La vida internacional no se detiene”, señaló el canciller, quien reconoció que la decisión final corresponderá al Congreso de la República.
El funcionario insistió en que las resoluciones y recomendaciones del Sistema Interamericano “no se condicen con la realidad del Perú” y criticó que, en su opinión, sus informes carecen de objetividad. “Lo que queremos es que haya una visión más integral y comprensiva, porque el país se ha portado más que bien con la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, dijo.
Tensiones y la polémica ley de amnistía
El anuncio del canciller se produce en medio de un escenario político marcado por tensiones con la Corte IDH y cuestionamientos por la designación de Juan José Santiváñez como ministro de Justicia. En la previa el Congreso aprobó y el Ejecutivo promulgó la ley de amnistía a policías y militares procesados por violaciones a los derechos humanos cometidas entre 1980 y 2000. La medida ha sido duramente cuestionada por organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos.
La propia presidenta Dina Boluarte reforzó esa línea al crear un Grupo de Trabajo sobre Soberanía Nacional, presidido por el Ministerio de Defensa e integrado por altos mandos militares y representantes de ministerios clave. Su misión es elaborar, en un plazo de 60 días, un proyecto de Ley de Soberanía Nacional que limite la supuesta intromisión de organismos internacionales en asuntos internos.
El mismo día que se promulgó la ley de amnistía, Palacio de Gobierno organizó una ceremonia en la que estuvo presente Juan Rivera Lazo, exjefe del Grupo Colina y condenado a 25 años por la matanza de Barrios Altos. Su presencia en el acto fue interpretada como un gesto político que refuerza la intención del Gobierno de confrontar a la Corte IDH.
Un debate con antecedentes
La posibilidad de salir del sistema interamericano no es nueva en el Perú. En 1999, durante el gobierno de Alberto Fujimori, se anunció la denuncia de la Convención Americana, pero finalmente no se concretó.
“Desde entonces, varios gobiernos han cuestionado el funcionamiento de la Corte y la Comisión Interamericana, señalando que no se ajustan a lo que debería ser la verdadera promoción y protección de los derechos humanos”, recordó Schialer.
El canciller también se refirió al informe elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tras las protestas sociales de diciembre de 2022 y enero de 2023, al que calificó como “infame” y carente de imparcialidad.
Críticas y preocupaciones
Especialistas y organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación por el rumbo del Ejecutivo. Para el abogado Carlos Rivera, representante de los familiares de las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, calificó como un “craso error” los pasos del Ejecutivo hacia una eventual salida del sistema interamericano. En declaraciones a Exitosa, advirtió que el país “está caminando en la misma dirección que Venezuela o Nicaragua”, regímenes que ya abandonaron la Corte IDH.
Por su parte, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) señaló que la reciente ley de amnistía aprobada por el Congreso y promulgada por el Ejecutivo se dictó a pesar de que la Corte Interamericana había solicitado al Perú abstenerse de aplicarla. Para la CNDDHH, estas decisiones reflejan un debilitamiento de la protección internacional de los derechos humanos y un serio desafío legal que podría tensar aún más las relaciones con el sistema interamericano.
El Grupo de Trabajo sobre Soberanía Nacional deberá instalarse en los próximos días y presentar a finales de octubre un informe con el proyecto de ley y sus fundamentos. Si la propuesta llega al Congreso y es aprobada, el Perú daría un paso decisivo hacia la denuncia de la Convención Americana, lo que lo colocaría junto a países como Venezuela y Nicaragua, que ya se apartaron del sistema.
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