Así operaba el ‘Chili’ con su imperio criminal en la selva peruana: fusiles de guerra, extorsión y sangre

La selva de Madre de Dios en Perú es desde hace años el escenario de un dominio armado que estableció un imperio criminal basado en la extorsión, el control violento y la intimidación. De acuerdo con Punto Final, la organización de Edison Fernández Pérez,alias ‘Chili’, instauró un régimen paralelo en La Pampa, una extensa franja de territorio dominada por la minería ilegal y la delincuencia organizada.

El despliegue de fusiles de guerra, la presencia de peajes clandestinos y la serie de crímenes y desapariciones asociadas reflejan la magnitud del poder alcanzado por esta red.

La Pampa, ubicada entre los kilómetros 98 y 115 de la Carretera Interoceánica, funcionó como un corredor de actividades ilícitas dentro de la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata.

Según reportes difundidos por Punto Final, el territorio operaba bajo un sistema de vigilancia constante. Bases fortificadas, descritas como “torreones en medio de la selva”, alojaban a grupos de hombres equipados con fusiles AKM, Galil y escopetas R15. Su misión consistía en vigilar el paso de personas y mercancía, con la orden de disparar ante cualquier amenaza a la estructura de poder.

La red del ‘Chili’ instaló hasta ocho peajes ilegales, donde mineros, comerciantes y habitantes estaban obligados a pagar cuotas que variaban según la actividad económica.

“Ningún minero está autorizado a pasar si no cancela el monto exigido”, relató un testimonio recogido por el programa citado. Los pagos ascendían a quinientos soles mensuales por motor para los mineros, o sumas menores para pequeños negocios y travesías cotidianas de la población.

El poder de ‘Chili’ se sustentó en una combinación de armamento sofisticado y una red de informantes que alertaba sobre cualquier incursión policial.

Punto Final detalla que, para sostener el control territorial, la organización construyó campamentos y tranqueras en la vía que atraviesa La Pampa, donde hombres armados interceptaban motocicletas, vehículos y peatones.

“Este lugar estaba absolutamente controlado, nadie entraba ni salía sin dar cuenta a los llamados guardianes de la trocha”, informó el medio. Además de los peajes diarios, la extorsión se extendía a la minería ilegal, la cual representa la principal actividad en la zona.

Un comerciante o minero que intentaba esquivar el sistema de cobros enfrentaba amenazas o actos de violencia. Así, el dinero y el terror se convirtieron en herramientas que garantizaban la permanencia de la organización.

Fernández Pérez, según las investigaciones de la Policía Nacional del Perú (PNP) y los informes de inteligencia citados por Punto Final, es señalado como autor intelectual de al menos veinte asesinatos relacionados con disputas territoriales, control de las rutas y castigos a quienes se resistían a la extorsión.

Entre las víctimas más conocidas se encuentra Juan Fernández Anco, dirigente ambiental de la reserva de Tambopata, y Ana María García, representante del sector en La Pampa.

Las pugnas internas tampoco estuvieron ausentes. El primo de Chili, Enleiser Fernández Pérez (‘Brayan’), emergió como figura de poder paralelo, disputando zonas y control de cupos. Testimonios recabados por la PNP y difundidos por Punto Final evidencian que los conflictos al interior de la organización tensaron aún más el ambiente en La Pampa y provocaron nuevos episodios violentos.

La acción policial más reciente implicó un operativo especial con la participación de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (DIVIAC) y la Dirección de Inteligencia (DIRIN). En la intervención, los agentes lograron desarticular las bases armadas de la red criminal, confiscar armas de guerra —entre ellas, fusiles Galil, AKM, pistolas ametralladoras Uzi y carabinas R15—, así como prendas que imitaban uniformes oficiales.

Uno de los hallazgos más relevantes fue la detención de prendas policiales utilizadas para cometer crímenes bajo la fachada de autoridad legítima. El decomiso de decenas de municiones de diferentes calibres, así como la incautación de cinco armas de puño, ilustraron la capacidad logística de la red.

“En esta zona se encontraron armas y municiones que habrían sido utilizadas en el asesinato de la dirigente”, indicaron fuentes policiales citadas por Punto Final.

La Pampa ha adquirido notoriedad no solo por la violencia, sino por el daño ambiental asociado a la minería ilegal de oro. Punto Final ha recalcado que el corredor delictivo se sitúa en una de las áreas más biodiversas de la Amazonía peruana.

La devastación ecológica ha ido a la par de un resquebrajamiento de la seguridad ciudadana, al emerger un modelo de negocio que enriquece a mafias y corrompe a niveles locales.

La estructura montada por ‘Chili’ y sus cómplices funcionó durante años con protección de redes de informantes y la colaboración de actores informales de la economía local. La operación de la PNP debilitó al grupo, pero las autoridades aún mantienen la búsqueda de Edison Fernández Pérez, quien permanece prófugo.