‘Los Yepes’: así cayó la banda criminal que cobraba cupos y tenía a un policía entre sus integrantes

En la madrugada del domingo, la calma del Callao se quebró con el estruendo de mazos contra puertas metálicas. Los agentes de la División de Investigación contra el Crimen Organizado desplegaron un operativo de gran magnitud para capturar a los miembros de la organización conocida como ‘Los Yepes’, acusada de sembrar el terror en diversos barrios chalacos a través de extorsiones, sicariato y tráfico de drogas.

El dispositivo policial se ejecutó en simultáneo en 42 inmuebles distribuidos en los distritos de Bella Vista, Cercado del Callao y Santa Rosa. Las intervenciones se realizaron de madrugada para sorprender a los sospechosos y reducir el riesgo de enfrentamientos. Los efectivos ingresaron con armas largas y vehículos blindados, mientras agentes encubiertos vigilaban las salidas para evitar fugas.

En el jirón Cocrane, donde se ubica una quinta marcada por la violencia, los policías derribaron los accesos con combas e irrumpieron en busca de presuntos integrantes de la red. Fue en ese mismo lugar donde, en 2024, se cometió un homicidio atribuido al sicariato de la banda.

El megaoperativo permitió la captura de seis personas, pero la sorpresa mayor fue la detención de un efectivo policial en actividad. Se trata de Alejandro Molares Rivera, de 32 años, suboficial de la Comisaría de Bocanegra. Su vivienda fue allanada y, además, se registró su locker en la propia dependencia policial, donde se buscaban pruebas que lo vincularan con el grupo delictivo.

De acuerdo con la investigación, Molares habría brindado información a la organización, además de cubrir ciertas operaciones a cambio de beneficios económicos. Su inclusión en la lista de detenidos evidenció que la banda tenía tentáculos incluso dentro de la institución policial, lo que permitió sostener sus operaciones durante varios años sin mayores obstáculos.

Los Yepes habrían comenzado a operar en 2017, extendiendo poco a poco sus dominios en el Callao. Su principal fuente de ingresos era la extorsión a transportistas y comerciantes, tanto formales como informales. Según las pesquisas, exigían pagos periódicos a cambio de no atentar contra sus negocios o su integridad.

Las escuchas telefónicas y los seguimientos revelaron que el dinero no se quedaba en manos de los cobradores. Los fondos eran entregados a mandos intermedios que, a su vez, los reportaban a cabecillas de mayor jerarquía. Este mecanismo mostraba la existencia de una estructura organizada con reglas claras y una cadena de mando que respondía a un liderazgo superior.

Además de las extorsiones, la organización diversificó sus operaciones delictivas. Se le atribuye la microcomercialización de drogas en distintos puntos del Callao, así como la tenencia de armas de fuego y explosivos. De igual forma, está bajo investigación su participación en varios homicidios por encargo, crímenes que habrían servido para afianzar su control en determinadas zonas y enviar mensajes de advertencia a quienes se resistían a sus exigencias.

Uno de estos asesinatos ocurrió en 2024 dentro de la quinta del jirón Cocrane, escenario que volvió a ser protagonista con la intervención policial. La escena de aquel crimen se convirtió en prueba de la violencia con la que la banda imponía su dominio.

El hallazgo más relevante de las investigaciones es que el mando de la organización no estaba en libertad. Según la Policía, las órdenes provenían del penal Sarita Colonia, donde un interno coordinaba las operaciones con sus cómplices en las calles.

Los Yepes mantenían una estructura piramidal. En la base se encontraban los cobradores y sicarios, encargados de ejecutar las tareas de mayor riesgo. Luego, un grupo intermedio recibía el dinero y transmitía las instrucciones. Finalmente, los cabecillas consolidaban la información y reportaban al líder encarcelado, quien mantenía el control desde la prisión.

Este sistema permitía a la organización funcionar sin importar las capturas parciales que se registraban en el camino. La Policía detectó que, incluso cuando un miembro era detenido, rápidamente era reemplazado por otro que asumía sus funciones. Esta dinámica dificultó la desarticulación completa de la red durante años.

Con la intervención simultánea en los tres distritos chalacos, los seis detenidos quedaron bajo detención preliminar por un plazo de quince días. Durante ese tiempo, el Ministerio Público y la Policía ampliarán las diligencias para recabar testimonios, analizar las pruebas incautadas y confirmar la participación de cada uno en los delitos atribuidos.

Entre las evidencias halladas se incluyen armas de fuego, equipos de comunicación, municiones y documentos que servirán para consolidar las imputaciones. Las autoridades sostienen que el caso permitirá avanzar hacia la identificación de todos los eslabones de la cadena criminal, incluidos quienes mantienen vínculos desde el penal Sarita Colonia.