Juan José Santiváñez está mal asesorado: reabrir El Frontón costaría S/ 5 mil millones, afirma el exjefe del INPE

El debate por el manejo de la crisis penitenciaria en el Perú se reactivó luego de que el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, planteara la posibilidad de reabrir la cárcel de El Frontón. La iniciativa ha sido blanco de críticas por parte de Javier Llaque, exjefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), quien considera que la propuesta no responde a criterios técnicos y podría generar costos desproporcionados para el Estado.

Para Llaque, el problema central del sistema penitenciario peruano es el asinanmiento y para enfrentarlo resultan más eficaces los proyectos de megapenales modernos que la reapertura de antiguos recintos. “El asinamiento es un problema que debemos atacar con megapenales”, sostuvo el exfuncionario, poniendo en duda la viabilidad de regresar a modelos como el de la isla El Frontón, cerrado hace más de cuatro décadas.

Según el exjefe del INPE, la reapertura de El Frontón carece de justificación técnica. “El político da un mensaje político, pero debe tener un sustento técnico. Cuando un ministro inicia una gestión, los mediocres se le acercan y dicen tener la gran solución. Imagino que uno de ellos es el que ha vuelto a poner en el tapete el tema de construir un penal en la isla El Frontón. Alguien está mal asesorando al ministro”, declaró a Panamericana, sugiriendo que la propuesta responde a intereses políticos más que a un análisis riguroso de necesidades y capacidades.

Uno de los argumentos más sólidos expuestos por Llaque se relaciona con el elevado costo logístico e histórico de operar un penal en El Frontón. Recordó que en el momento de su cierre, hace 40 años, dicho establecimiento representaba un “alto costo” para el INPE, debido a la necesidad de transportar agua, alimentos y personal a la isla, requiriendo un flujo constante de combustibles y recursos logísticos. “El INPE tendría que tener una flota de lanchas para trabajar adecuadamente”, apuntó el especialista, resaltando la complejidad de sostener una operación eficiente y segura en un recinto insular.

El exfuncionario también criticó el presupuesto estimado para la eventual reapertura. “Cinco mil millones de soles era el presupuesto más barato para la reapertura del penal, con ese dinero se podría construir diez penales de 500 millones de soles cada uno para albergar cuatro mil internos cada uno”, explicó, sugiriendo que la inversión permitiría una solución mucho más amplia y estructural si se destinara a la construcción de megapenales en tierra firme.

En su análisis, Llaque destacó la existencia de proyectos de penales con expediente técnico ya finalizado, que solo esperan financiamiento para su ejecución. Subrayó que redireccionar recursos hacia estas obras ya viables ofrecería una respuesta directa al problema de la sobrepoblación en las cárceles, al tiempo que se optimizaría el uso de fondos públicos.

La pertinencia de reabrir El Frontón se convierte así en un punto de debate sobre la gestión penitenciaria del país a pocos días del retorno de Santiváñez al Ejecutivo. Mientras el Ministerio de Justicia coloca la propuesta en discusión, voces especializadas advierten sobre la importancia de priorizar criterios técnicos sólidos y el aprovechamiento de proyectos existentes para abordar el hacinamiento crónico que afecta al sistema carcelario peruano.

La cárcel El Frontón fue un centro penitenciario ubicado en la isla del mismo nombre, frente a la costa de Callao, en el litoral central del Perú. Su construcción data de inicios del siglo XX y, durante décadas, funcionó como penal de máxima seguridad, reservado principalmente para internos considerados de alta peligrosidad, incluyendo criminales comunes y presos políticos.

El penal es especialmente recordado por el motín ocurrido en junio de 1986, durante el primer gobierno de Alan García, cuando miembros del grupo armado Sendero Luminoso se rebelaron contra la autoridad penitenciaria. La respuesta del Estado derivó en una intervención militar que concluyó con la muerte de decenas de reclusos, en un hecho que marcó la historia penitenciaria y de derechos humanos en el Perú.

El Frontón enfrentaba serias dificultades logísticas, ya que su ubicación requería traslados constantes de personal, insumos y agua por vía marítima, lo que incrementaba los costos de operación. Finalmente, debido al alto costo, condiciones insalubres y riesgos de seguridad, la cárcel fue cerrada a finales de la década de 1980. Desde entonces, la isla no alberga internos, y el debate sobre su reapertura ha surgido en distintas coyunturas políticas a lo largo de los años.