El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) ofreció una conferencia de prensa en la que respondió a las acusaciones de la presidenta Dina Boluarte y de sus ministros, quienes denunciaron un supuesto intento de desestabilizar al Gobierno tras el allanamiento a la casa de Nicanor Boluarte, hermano de la mandataria.
Esta confrontación abre un nuevo capítulo de tensión entre el Ejecutivo y el Ministerio Público, no solo por la diligencia realizada en la vivienda de Nicanor, sino también porque forma parte de una investigación que señala a Juan José Santiváñez, uno de los ministros más cercanos a Boluarte, como presunto líder de una organización criminal.
En ese contexto, Mirko Dino Cano Gamero, coordinador de las Fiscalías Especializadas en Corrupción, negó que exista una persecución contra el entorno presidencial o un rechazo personal hacia Nicanor Boluarte.
“Nosotros no investigamos personas, investigamos hechos que vinculan a personas. Y si ese hecho está vinculado a un delito, procedemos a la formulación y a realizar los requerimientos. Repito, nosotros investigamos hechos que se nos ponen de conocimiento. Y si estos calzan dentro de un delito, conseguimos la investigación y vamos siguiendo adelante. Entonces, yo no tengo nada ni nadie de, de este grupo tiene nada contra el señor Nicanor”, aclaró.
En otro momento, el fiscal Carlos Ordaya, quien estuvo a cargo del allanamiento, fue enfático al precisar que la diligencia contó con autorización judicial y se basó en hechos objetivos obtenidos durante la investigación.
“Se hizo el requerimiento fiscal, el pedido ante el juzgado competente y se emitió el mandato judicial respectivo. Aquí hemos actuado en forma objetiva con la resolución judicial, a efectos de corroborar todo lo señalado ya hasta la fecha por los testigos protegidos respecto a una presunta red criminal”, explicó.
Al momento de detallar la cronología de la nueva denuncia contra Juan José Santiváñez y el presunto cobro de favores en el Ministerio del Interior, el fiscal Ordaya aclaró que su trabajo no tiene ninguna motivación política.
“Nosotros no trabajamos con ningún cálculo político, no perseguimos a ciertos funcionarios, a ciertas personas. Nuestro trabajo es perseguir el delito, básicamente, siempre con la objetividad del caso”, agregó.
Los hechos bajo investigación
La carpeta fiscal 01-2025, iniciada en marzo, se nutre de testimonios de colaboradores eficaces y testigos protegidos, así como de conversaciones de WhatsApp y documentos incautados. Según la Fiscalía, la red en investigación habría operado en distintos frentes:
- Favores irregulares en la Defensoría de la Policía, donde se habría beneficiado a un estudio jurídico que defendía a generales acusados por violaciones de derechos humanos.
- Cobros indebidos de hasta 20 mil dólares a oficiales para asegurar su permanencia en cargos de confianza.
- Beneficios otorgados a la minera El Dorado, en coordinación con efectivos policiales y funcionarios del Gobierno Regional de Ayacucho.
- Encubrimiento real, con el traslado de bienes y equipos de un investigado aforado para evitar que fueran incautados.
En ese contexto, la Fiscalía consideró que el inmueble de Nicanor Boluarte podía contener información relevante para el caso, motivo por el cual fue allanado.
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