Doe Run Perú: Consultores A1 pugna por reincorporarse y liquidar los US$20 millones de La Oroya ante Indecopi

Tras la denuncia presentada por los acreedores laborales, la pugna por el control de la liquidación de Doe Run Perú SRL vuelve a escalar con la persistencia de Consultores A1 S.A.C. por mantenerse en la lista de aspirantes a liquidador, a pesar de las sanciones que originaron su salida ante Indecopi.

En la vereda contraria, Depósitos Químicos Mineros (DQM), propiedad de la noruega Odfjell Terminals y uno de los principales acreedores comerciales, descarta cualquier vínculo con Alva Legal Asesoría Empresarial S.A.C. y apunta directamente a la falta de transparencia y rendición de cuentas en la gestión anterior.

Según informó anteriormente Infobae Perú, los acreedores laborales han alertado ante la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), responsable de los nombramientos clave en Indecopi, por riesgos en la posible designación de Alva Legal Asesoría Empresarial S.A.C. como nuevo responsable de la liquidación.

Entre los argumentos figuran presuntos vínculos entre esa firma y AYS S.A.C., uno de los acreedores más activos, así como el cuestionamiento por la participación de Sonia Alva Rodríguez —representante de Alva Legal— en decisiones clave dentro del proceso concursal. Los trabajadores sostienen que eso representaría el control del proceso por parte de una empresa interesada, lo que afectaría tanto la administración de activos como el pago de deudas.

La denuncia de los trabajadores también detalla la realización de reuniones privadas entre representantes de Alva Legal, Anthony Lizárraga (Doe Run Cayman) y funcionarios de Indecopi, encuentros que —según los denunciantes— generarían sospechas respecto a eventuales beneficios para determinados acreedores.

El nombre de Sonia Alva figura en registros de riesgo financiero y documentos sobre su desempeño anterior en la misma secretaría técnica de la Comisión de Procedimientos Concursales de Indecopi, además de vínculos con el Estudio Muñiz, despacho legal involucrado en la representación de Doe Run Cayman y de los intereses de Depósitos Químicos Mineros (DQM), según la parte laboral.

La respuesta no se ha hecho esperar. Adrián Simons, abogado de DQM, aclaró que la salida de Consultores A1 S.A.C. como liquidador respondió a dos sanciones dictadas por Indecopi: una relacionada con deudas pendientes ante la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) y otra por la falta de justificación del uso de US$600.000 en solo tres meses de gestión.

Consultores A1, incluso después de esas sanciones, mantiene su postulación para retomar la liquidación, algo que DQM considera inconveniente. Simons remarcó para Infobae Perú que DQM exige una elección basada en criterios “técnicos, objetivos y de independencia, sin injerencia política ni de la PCM”.

En ese sentido, acusó a los dirigentes laborales de insistir con la permanencia de Consultores A1 a pesar de las irregularidades, por lo que llamó a una auditoría sobre el destino de fondos en la gestión anterior a la luz de indicios de manejo irregular. DQM sostiene que “nunca ha desconocido los créditos laborales” y recordó que su propia acreencia fue reconocida como crédito corriente a través de un laudo arbitral pendiente de pago inmediato.

“Solicitamos transparencia, incluyendo la determinación de cuántos créditos laborales del mismo tipo existen”, enfatizó Simons para Infobae Perú. Además, consideró necesario auditar tanto los pagos a trabajadores como la conciliación de deudas por la Unidad Minera Cobriza en la jurisdicción de Churcampa, un proceso que la compañía ha buscado anular ante los tribunales por presuntas inconsistencias.

Finalmente, la firma noruega niega cualquier tipo de coordinación o vínculo entre DQM y Alva Legal, señalando que las acusaciones carecen de fundamento objetivo: “Alva Legal no ha sido sancionada por Indecopi y la experiencia institucional de Sonia Alva puede ser vista como un mérito”. No obstante, dejó claro que su representada rechaza la designación de Consultores A1, no así la de otros postulantes siempre que cumplan criterios de idoneidad y transparencia.

El siguiente hito será la selección formal del nuevo liquidador a cargo de la Bolsa de Liquidaciones, seguido de una junta extraordinaria de acreedores para acordar un nuevo convenio de liquidación. Según DQM, el designado deberá auditar la gestión previa antes de disponer de los US$20 millones en fideicomiso en Scotiabank, fondo central en la disputa, y garantizar una distribución conforme a ley. “No recurriremos a protestas o medios políticos para incidir en la designación; confiamos en las vías institucionales”, dijo.

“La designación debió darse a fines de julio, pero no se ha llegado a dar por todo lo q pasó. Ya no debería pasar de agosto, para que el Indecopi convoque a una Junta Extraordinaria entre setiembre y octubre”, agregó. El tiempo apremia.

Otras fuentes cercanas al proceso confirmaron a Infobae Perú que, al menos, cuatro empresas siguen en carrera para la función de liquidador: Consultores A1 S.A.C., Alva Legal Asesoría Empresarial S.A.C., Marco Eusebio Chávez Magán y una nueva firma, Consultoría A S.A.C.. La presencia de Consultores A1 continúa siendo foco de controversia, especialmente desde el envío de una carta de DQM a Indecopi —con fecha 14 de agosto de 2025— en la que se alerta sobre la conveniencia de su reincorporación tras los cuestionamientos acumulados en su anterior gestión.

Tampoco será la primera incursión de Consultoría A S.A.C. en el sector minero-energético del Perú. Su gerente general, Pedro Rosell, ha sido involucrado en el caso conocido como BTR (Business Track), vinculado a interceptaciones telefónicas ilegales y supuestos intereses irregulares en licitaciones petroleras durante el segundo gobierno del expresidente Alan García.

De acuerdo con investigaciones de La República e IDL-Reporteros, dicho escándalo expuso la participación de consultoras privadas en la obtención de beneficios económicos a través de prácticas ilícitas en Perupetro, compañía estatal dedicada a la administración de los recursos hidrocarburíferos del país.

Como ha informado anteriormente Infobae Perú, las inquietudes sobre la idoneidad y antecedentes de los concursantes han llevado a los acreedores laborales a adelantar que evaluarán distintas medidas de presión en la Unidad Minera Cobriza y el Complejo Metalúrgico de La Oroya si la selección final favorece a un liquidador vinculado a intereses ajenos a los trabajadores.

Vale recordar que el proceso concursal persiste desde hace 14 años, con una masa de acreencias que supera los S/151 millones para el segmento laboral y S/55 millones para acreedores comerciales, además de obligaciones con cuatro administradoras de fondos de pensión y acreencias tributarias superiores a S/52 millones representadas por la Sunat.

Mientras tanto, la destitución de Consultores A1 y el traslado de la competencia a la Bolsa de Liquidaciones refuerzan el clima de expectativa entre los involucrados, ante la posibilidad de que en septiembre se conozca por fin el nuevo responsable de administrar la liquidación y proceder a la distribución de los recursos pendientes, el punto más neurálgico para los extrabajadores.