Caso Azul Rojas: El Estado peruano no ha cumplido con implementar protocolo para sancionar violencia contra la población LGTBIQ+

A pesar de que han pasado más de cinco años de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso Azul Rojas, el Estado de Perú ha incumplido durante más de cinco años la orden de crear un protocolo especializado para la investigación y sanción de la violencia contra la comunidad LGBTIQ+.

De acuerdo con Isbelia Ruiz, coordinadora del equipo legal de Promsex, existen varios elementos de las medidas de no repetición que ordenó el tribunal internacional que no se han implementado. Por ejemplo, las que se puedan aplicar para mejorar la vida de la propia víctima. La reparación económica se ha “avanzado hasta cierto punto”, recuerda, pero no se ha terminado de pagar. “Hay instituciones como la Policía Nacional que no ha abonado ningún sol para azul”, precisa.

“Por otro lado, hay dos políticas particulares que deberían haberse creado por el Estado peruano en el marco de la sentencia de Azul Rojas Marín, en las cuales nunca ha avanzado en nada. Una de ellas es, la responsabilidad que tiene el INEI, el Instituto Nacional de Estadísticas, que genera estadísticas en este país, que debería empezar a recoger información específica sobre la situación de violencia que viven las personas LGBTIQ+”, mencionó.

Esta data resulta necesaria para entender la problemática de esta parte de la población, y para crear soluciones y nuevas políticas. Isbelia resalta que esta es una comunidad que vive en particular situación de violencia. Una muestra de esto, remarca, es el actual censo, donde las personas LGTBIQ+ están “completamente invisibilizadas”. Uno de los últimos esfuerzos que se hizo en este aspecto fue en el 2017, cuando se difundió una encuesta virtual, a la que no tuvieron acceso ciudadano de zonas rurales, en situación extrema de, de precarización o de pobreza.

“La data que recogen algunos sectores, como el Ministerio de las Mujeres y Poblaciones Vulnerables, termina siendo insuficiente, porque no está dialogando con el Ministerio Público, no está dialogando con la Fiscalía, no está dialogando con la Policía Nacional”.

Esta información, dice la abogada de Promsex, resulta relevante teniendo en cuenta lo que sucedió con Azul Rojas Marín, quien fue violentada por su identidad de género. “En el momento en que intervenía, todavía no había realizado su transición y se consideraba, se leía ella como un hombre gay. No obstante, era un hombre gay que tenía una apariencia femenina, era un hombre gay que inmediatamente, cuando las personas lo veían, lo percibían como una persona que quería entre paréntesis ser mujer, que es lo que suelen decir”, subrayó.

Los Policías que la violentaron, rememora, dijeron cosas terribles y todas vinculadas a su identidad de género, a su orientación sexual. “Esa violencia que vivió Azul sigue siendo vivida por otras personas LGBT en este país (...) Las personas LGBT prefieren ni siquiera denunciar hechos de violencia, porque cuando tú vas a denunciar un hecho de violencia ven tu identidad o tu orientación, inmediatamente lo que piensan es que te lo mereces, ¿me entiendes? Entonces, ahí hay un punto de por qué es tan urgente contar con un protocolo de investigación diferenciado para personas LGBT", explica.

La ONG, como representante de la víctima, mantiene un diálogo constante con la Corte IDH, incluso tuvieron una audiencia de seguimiento antes de que Pedro Castillo asumiera el poder. En ese momento, dice, el Estado se presentó afirmando que “ya tenían el decreto, donde formaban esta mesa de trabajo para la elaboración de ese protocolo”.

Luego, la conexión siguió durante seis meses, tiempo en el cual enviaron un informe a la Corte advirtiendo que no se había avanzado nada en el caso. “El Estado también responde, que nos ha mentido (...). Han señalado que existía ya ese protocolo. Nunca ha existido, nunca lo hemos visto, esa es la verdad. Pero han mentido descaradamente”, sostuvo.

Otro punto importante, menciona Isbela, es el papel de la Ley anti ONG, ya que no pueden litigar contra los Estados. “Estamos trabajando con mucha cautela. Ni siquiera podemos presionar demasiado por el tema del protocolo, más allá de que los medios de comunicación sean quienes se compren el pleito y hagan este tipo de reportajes, porque nosotras nos vemos con las manos atadas. Hasta no tener claridad de cuál va a ser el impacto de esa norma con ese famoso reglamento que no termina de salir, hemos paralizado varias cosas”, advirtió.

Sin embargo, aclara que a pesar de que no pueden realizar mucha incidencia, siguen trabajando con Azul. “Este gobierno, pareciera que quiere paralizarnos para que no haya ningún proceso de investigación hacia ellos y que todos estos delitos, porque para mí son delitos los que están cometiendo de todas maneras en contra de la población LGBT (...), se queden sin investigar o se tarden mucho el proceso de investigación”, acotó.

Teniendo en cuenta este contexto, cuestionó cuántos años faltarán para que la población LGTBIQ+ vuelva a la situación en la que se encontraban antes de las gestiones de Pedro Castillo y Dina Boluarte. “Teníamos cosas básicas, mínimas e íbamos en el camino de, por lo menos, tratar de eliminar esas brechas de violencia y discriminación por identidad y orientación sexual. Ahora estamos en cero. ¿Quién se hace cargo?“, aseguró.