Rafael López Aliaga y la red de pagos a su círculo cercano: más de S/ 4 millones en incentivos irregulares, ¿quiénes fueron los beneficiados?

La primera entrega publicada por el medio Epicentro TV expuso que la Municipalidad de Lima realizó seis pagos del Incentivo por Cumplimiento de Objetivos y Metas Institucionales (ICOMI) entre julio de 2023 y julio de 2025. Los desembolsos sumaron S/ 4,031,460.48 y alcanzaron cada vez a entre 160 y 170 funcionarios de confianza de los niveles F-1 al F-6. Los documentos revisados por el medio muestran que todas las áreas evaluadas obtuvieron un índice de “eficacia” de 1.00, lo que habilitó el cobro del monto máximo previsto para cada cargo.

La segunda entrega, firmada por los periodistas Daniel Yovera y Tatiana Palla, identifica a los beneficiarios con mayores montos y precisa cuánto concentró ese grupo dentro del total. El Ministerio de Economía y Finanzas sostiene que el ICOMI no cuenta con habilitación legal y que toda medida de ingresos con fondos públicos requiere una ley y un decreto supremo. La Municipalidad de Lima respondió con un comunicado que invoca una ordenanza de 1996 y directivas internas posteriores.

Epicentro TV reporta que diez funcionarios de confianza reunieron S/ 462,973.13 del total, cifra equivalente al 11.4% de los más de S/ 4 millones pagados en el período analizado. En esa lista figura José Danós Ordóñez, secretario general del Concejo y esposo de la congresista Patricia Juárez. El grupo denominado como el “Top 10” reúne a directivos y gerentes de la administración actual.

Los nombres y montos más altos aparecen vinculados a áreas estratégicas. Luis Bogdanovich Mendoza, titular del Programa para la Recuperación del Centro Histórico de Lima, recibió S/ 10.000 en el primer pago. Mario Casaretto La Torre, entonces gerente de Gestión del Riesgo de Desastres, obtuvo también S/ 10.000. Con S/ 9,886.93 figuran José Danós Ordóñez, María del Pilar Urmeneta Venturo (Desarrollo Económico), Isabel Ayala Melgarejo (Desarrollo Humano) y Hugo Fernando Valderrama Chávez (Fiscalización y Control). Se suman Abdul Miranda Mifflin (Seguridad Ciudadana), Hernán Roberto Pérez Vélez (Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental), Christian Alberto Laura Ríos (Planificación Estratégica) y Jessica Patricia Villegas Vásquez (Administración). Liz Belissa Jorg Lizano Vásquez, de Promoción de la Inversión Privada, percibió S/ 9,622, y Juana Rosa Berrocal Yndigoyen, de la Secretaría de Concejo, S/ 9,025.03.

El primer pago se ejecutó en julio de 2023 por S/ 817,871.62 y alcanzó a 174 funcionarios de confianza. Doce de ellos concentraron el 13% de esa transferencia, con montos individuales que oscilaron entre S/ 9 mil y S/ 10 mil. La justificación municipal señaló que las áreas clave habían alcanzado los niveles más altos de “eficacia” en el semestre evaluado. La práctica replica esquemas aplicados en gestiones anteriores, según el repaso histórico del medio.

Los seis pagos se financiaron con Recursos Directamente Recaudados y Recursos Determinados, rubro que incluye partidas como el Foncomun. Epicentro TV detalla que el circuito administrativo se repetía en cada semestre: validación de indicadores por área, confirmación de disponibilidad presupuestal, resolución del gerente general y orden de pago desde Recursos Humanos a Tesorería. Cinco funcionarios que intervinieron en ese trámite figuraron entre los beneficiarios del desembolso de diciembre de 2024.

El Ministerio de Economía y Finanzas informó a Epicentro TV que el ICOMI no tiene soporte normativo en el régimen del Estado. La cartera precisó que toda medida de ingresos que utilice fondos públicos, incluidas bonificaciones e incentivos, debe ser autorizada por una ley o norma de igual rango y formalizada mediante decreto supremo. El MEF indicó que las leyes anuales de presupuesto prohíben crear nuevos conceptos de ingreso en los tres niveles de gobierno.

El ministerio señaló que no identificó registros de pagos con el concepto “ICOMI” en 2023, 2024 y 2025. Añadió que una entrega periódica cada seis meses no califica como gasto eventual. Advirtió, además, que el uso de partidas como el Foncomun para un concepto sin habilitación legal podría constituir uso indebido de fondos públicos y generar responsabilidad administrativa, funcional o penal para quienes aprueban o ejecutan los desembolsos.

Tras la publicación de la primera entrega, la Municipalidad de Lima difundió un comunicado que invoca la Ordenanza N.° 100 de 1996 para el “Bono por Cumplimiento de Metas” y menciona la Directiva N.° 002-2006, actualizada luego con la Directiva N.° 001-2011 y modificaciones de 2012 y 2015. El municipio afirma que el beneficio se dirige a funcionarios de confianza de los niveles F-1 al F-6, que exige un cumplimiento del 95% del Plan Operativo Institucional y que depende de disponibilidad presupuestal. Precisa que tiene carácter temporal, extraordinario y no pensionable.

Epicentro TV recuerda que una directiva de 2011 estableció que el incentivo se activa desde un umbral del 50% de cumplimiento por unidad orgánica. El medio consigna que el comunicado edil no acredita una ley ni un decreto supremo que habilite el concepto. La administración municipal sostiene que comunica los pagos con transparencia. El MEF contestó que no halló registros bajo el nombre ICOMI y que las ordenanzas municipales de décadas previas no constituyen sustento válido frente al marco legal vigente del presupuesto público.