El paro indefinido en Loreto contra la minería ilegal escaló a niveles alarmantes. La mañana del jueves 28 de agosto, en el río Tigre, se registró un enfrentamiento armado entre comuneros indígenas y presuntos mineros ilegales, dejando como saldo al menos seis personas heridas por impacto de bala, según denunció Edilberto de los Ángeles, Apu de la comunidad Libertad del Tigre.
Desde el 18 de agosto, más de 17 comunidades nativas del Bajo Tigre, organizadas en la Federación de Comunidades Nativas del Bajo Tigre (FECONABAT), mantienen un paro indefinido para exigir la erradicación de la minería ilegal en sus territorios. Cerca de 1.500 comuneros kichwas y de otros pueblos indígenas bloquean el tránsito fluvial en un tramo estratégico entre Miraflores y Sargento Lores, impidiendo el paso de embarcaciones.
El objetivo de la medida es presionar al Gobierno para que retire las más de veinte dragas que operan en el río, utilizando mercurio para extraer oro y contaminando la única fuente de agua de los pueblos.
“Antes tomábamos agua con petróleo, ahora nos toca agua con mercurio. Nos están condenando y lo peor es que el Estado lo sabe, pero no actúa”, denunció César Moreno, vocero del comité de lucha.
Violencia en el río Tigre
El Apu Edilberto de los Ángeles relató que, durante la mañana, una motonave intentó romper el bloqueo fluvial disparando contra los comuneros:
“Quisieron romper la barrera con balas. Se presentaron enfrentamientos y hay dos heridos. Es culpa de las autoridades competentes que no nos hacen caso; entre nosotros vamos a estar de repente matándonos”, declaró.
El dirigente pidió la intervención urgente de las Fuerzas Armadas y advirtió que denunciarán ante la Fiscalía a los responsables:
“Pedimos que vengan las FF.AA. porque el señor que ha provocado el lío quería romper a la mala nuestro cable. ¿Por qué las autoridades no están tomando cartas en el asunto? Esa lancha ha metido balas y más balas, y ha dejado dos heridos”.
Denuncias de abandono estatal
Las comunidades del Bajo Tigre aseguran que, pese a haber enviado un documento formal a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) solicitando una reunión urgente, no recibieron respuesta. Incluso, se les pidió viajar a Lima por sus propios medios. Ante lo que consideran una burla, decidieron iniciar el paro. Cabe señalar que hasta el momento, la PCM no se ha acercado al lugar.
No es la primera vez que recurren a medidas de fuerza. En 2024 mantuvieron bloqueado el río durante 85 días exigiendo atención a la contaminación petrolera de los lotes 8 y 192. Hoy enfrentan una amenaza mayor con la minería ilegal y el mercurio.
La Federación de Comunidades Nativas del Alto Tigre (FECONAT) expresó su respaldo y exigió la instalación inmediata de una Mesa Técnica Multisectorial en la zona. “La defensa del Bajo Tigre es la defensa de la Amazonía, es la defensa de la vida”, enfatizó en su pronunciamiento.
Asimismo, el Comité de Gestión de la Reserva Nacional Pucacuro alertó que la minería ilegal instaló decenas de dragas en la cuenca del Tigre, poniendo en riesgo la biodiversidad y la salud de las comunidades. Advirtieron que los comuneros y guardaparques han recibido amenazas de muerte y que el Estado “ha dejado a la población en el abandono”.
Defensoría del Pueblo exige interdicción inmediata de dragas
Ante la creciente violencia y el avance de la minería ilegal en Loreto, la Defensoría del Pueblo solicitó al Poder Ejecutivo y al Ministerio Público realizar de manera urgente la interdicción de dragas en la cuenca del río Tigre. La institución alertó que esta actividad ilegal no solo destruye los ecosistemas amazónicos, sino que también amenaza la vida, la salud y la seguridad de las comunidades nativas.
En un pronunciamiento reciente, la Defensoría advirtió que el conflicto social en el Bajo Tigre tiene sus raíces en la inacción estatal y propuso conformar una Comisión Multisectorial que incluya la participación de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, la Marina de Guerra del Perú y la Policía Nacional. El objetivo, señalaron, es evitar que la crisis escale y garantizar una respuesta integral frente a la minería ilegal.
Amenaza creciente y llamado urgente
Las comunidades denuncian que los mineros ilegales son en su mayoría foráneos —colombianos, venezolanos y brasileños— y que su presencia ha incrementado la inseguridad, el consumo de alcohol, la violencia y la presencia de armas en la zona.
En un pronunciamiento, los pueblos indígenas del Bajo Tigre responsabilizaron directamente al Estado peruano por la violencia y exigieron intervención inmediata.
Cabe señalar que el uso de mercurio en la minería ilegal representa un riesgo crítico para la salud. Investigaciones han demostrado que este metal pesado afecta el sistema nervioso, la piel y la sangre, y es especialmente dañino para niños y mujeres embarazadas. En el Bajo Tigre, la única fuente de agua de consumo está directamente contaminada por esta actividad ilícita.
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