Tarifas de agua subirán en el Perú: hogares de altos ingresos dejarán de recibir subsidios, anuncia el Ministerio de Vivienda

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) oficializó hoy la publicación de un proyecto de Decreto Supremo que modificará el sistema de subsidios cruzados aplicados por la Superintendencia Nacional de Servicios y Saneamiento (Sunass) para los servicios de agua potable y saneamiento.

Esta medida, dispuesta en la Resolución Ministerial N° 215-2025-VIVIENDA y sustentada en el Decreto Legislativo 1620, introduce cambios en la metodología para calcular la tasa de interés (WACC) de las inversiones de las EPS. Pero, sobre todo, marca un giro en el enfoque de los subsidios: el Estado dejará de aplicarlos de manera generalizada y pasará a destinarlos solo a los usuarios en situación de pobreza y vulnerabilidad.

De acuerdo al Ministerio de Vivienda, casi toda la población peruana ha estado recibiendo algún tipo de subsidio cruzado en su recibo de agua, independientemente de su nivel socioeconómico o de sus hábitos de consumo. Esto incluye tanto a familias de escasos recursos como a hogares de mayores ingresos en zonas como San Isidro o La Molina, donde el consumo es mucho más alto por el riego de jardines, piscinas y otros usos suntuarios.

Bajo el nuevo sistema, este esquema se corregirá: solo el consumo básico estará subsidiado, y quienes excedan ese nivel o pertenezcan a áreas acomodadas comenzarán a pagar el costo real del servicio. El rediseño que se implementará gradualmente a partir de 2027 bajo supervisión de Sunass.

La focalización del subsidio cruzado se hará en dos ejes: primero por el nivel de consumo —el agua subsidiada será hasta el mínimo indispensable, calculado en 100 litros por persona al día— y, segundo, por la ubicación socioeconómica determinada a partir de información detallada por manzana del INEI.

Así, el beneficio ya no será indiscriminado y dejará de favorecer a quienes pueden afrontar la tarifa real sin subsidio. Indefectiblemente, familias con consumos elevados, que hoy pagan el agua con ayuda estatal, verán incrementado el costo en sus recibos una vez se aplique la nueva metodología.

El Ministerio de Vivienda impondrá a su regulador, la Sunass, esta metodología que implica reconocer mayor tasa de interés para sus inversiones (WACC) dentro del cálculo de la fórmula tarifaria. Por lo tanto, implicará un porcentaje mayor de incremento en las tarifas que aprueba el regulador.

De acuerdo al documento, la implementación será gradual: el incremento no se realizará de manera abrupta, sino en dos años regulatorios consecutivos, contando desde el inicio del nuevo periodo para cada empresa. Si se llegara a producir una revisión excepcional, el aumento será prorrateado por el tiempo restante.

La metodología deberá ser revisada cada cinco años por el MVCS, para adaptarla a los cambios en el sector y en las condiciones financieras. Además, Sunass tendrá la obligación de preparar informes que comparen las variables y resultados de la nueva metodología frente a las fórmulas anteriores y difundirlos.

Los ingresos adicionales serán canalizados al Fondo de Inversión Agua Segura (FIAS), organismo dedicado exclusivamente a financiar proyectos de ampliación, modernización y reducción de brechas de acceso en agua potable y saneamiento. Así, Sunass deberá garantizar la continuación de subsidios cruzados, con criterios de inclusión y equidad, para que los usuarios en situación de pobreza y vulnerabilidad conserven su acceso a servicios de calidad.

En su argumentación pública, el Ministerio sostiene que la brecha del servicio persiste en millones de ciudadanos. Según la ENAPRES 2024, 3,3 millones carecen de agua potable (9.7% del país) y 7.26 millones no cuentan con alcantarillado (20.4%). Aunque 21.91 millones están en áreas cubiertas por EPS, solo 19.67 millones reciben el servicio.

La cobertura varía por empresa: Sedapal alcanza 93.9%, EPS grandes tipo 1 cubren 89.9%, tipo 2 el 81.2%, medianas 83% y pequeñas 86.2%. Muchas familias enfrentan baja continuidad (el suministro promedio es de 17.3 horas diarias, pero un tercio recibe menos de 10), así como deficiencias en calidad de agua (el 64.5% no accede a agua con el nivel de cloro adecuado). La debilidad financiera de las EPS afecta su capacidad de inversión y operación. El Banco Mundial y la OCDE sostienen que las tarifas impiden recuperar costos y ejecutar mejoras.

El MVCS añade que entre junio y octubre de 2024, Sunass no usó las cifras más recientes de inflación y devaluación aprobadas por el Ministerio de Economía y Finanzas, pese a la obligación normativa, lo que impactó el cálculo tarifario y la sostenibilidad de las EPS.s EPS. Una tasa de actualización insuficiente implica menos inversión y ralentiza la mejora y ampliación del servicio.

Sin embargo, el problema no es la falta de recursos, sino la gestión. Videnza Consultores, en un informe público, puntualiza que el presupuesto destinado a agua y saneamiento ha tenido una tendencia incremental entre 2015 y 2024, aunque la mejora no ha sido proporcional en cobertura ni calidad. En promedio, el sector sólo ha ejecutado el 66,7% de su presupuesto en la última década, con una brecha notoria entre gasto corriente (86,9%) y de capital (62,4%).

El informe señala un foco incorrecto: la política sectorial prioriza obras nuevas sin acompañarse de una estrategia consistente de mantenimiento, que absorbe apenas el 0,5% del gasto. Las EPS dedican menos del 4% de su presupuesto al mantenimiento de redes, poniendo en riesgo la sostenibilidad.

El gasto es desigual: en áreas rurales el gasto per cápita es superior al urbano, pero eso no se refleja en mejoras efectivas, dada la dispersión demográfica y complejidad territorial. En 2024 se logró una ejecución más alta (75,8%), pero este dato sigue siendo una excepción. Sin cambios en prioridades y capacidades de gestión, la solución no llegará solo con mayores tarifas. De momento, el proyecto de decreto está sujeto a comentarios.