Ejecutivo enfrenta a la Fiscalía y el PJ por allanamiento a Nicanor Boluarte: “Buscan desestabilizar el país y politizar la justicia”

El allanamiento a la vivienda de Nicanor Boluarte continúa generando reacciones. Esta vez, el gabinete ministerial, liderado por el premier Eduardo Arana, convocó a los medios de comunicación a fin de expresar su rechazo conjunto contra las acciones del Ministerio Público y el Poder Judicial, en el marco de una nueva investigación que involucra al ministro Juan José Santiváñez.

El titular de la Presidencia del Consejo de Ministros subrayó el carácter excepcional del allanamiento como acto procesal y el derecho fundamental a la inviolabilidad de domicilio en el marco de la Constitución Política del Perú y el Código Penal. En ese sentido, el Ejecutivo calificó como uso desproporcionado la reciente medida contra un allegado de la jefa de Estado y frente a otras intervenciones similares sobre ministros, políticos y ciudadanos.

“A la luz de la medida de allanamiento solicitada por el Ministerio Público y autorizada por el Poder Judicial contra un miembro de la familia de la señora Presidenta de la República y de similares acciones tomadas desmedidamente contra ministros de Estado, políticos y ciudadanos, se advierte un uso desproporcionado de una medida excepcional, lo que trae consigo una seria afectación de derechos fundamentales amparados por la Constitución”, sostuvo Arana.

Agregó que “en la aplicación exclusiva de estas medidas excepcionales que restringen derechos y libertades de los ciudadanos, se muestran errores jurídicos inaceptables, como la utilización de figuras inexistentes en nuestro ordenamiento. Tal es el caso del denominado ‘tercer vinculado’”.

Asimismo, cuestionó que la medida emprendida contra el familiar de la jefa de Estado se dé luego del reciente fallo del Tribunal Constitucional que suspende las investigaciones contra Dina Boluarte. “Solo buscan desestabilizar el país, politizar la justicia y hacer uso de ella como un arma de venganza política que hace mucho daño a la institucionalidad y que permitiría perseguir a los funcionarios públicos, a los políticos y a sus familias”, remarcó.

Insistieron en el rechazo al presunto abuso de poder por parte del sistema judicial y destacaron que “con estas acciones se está poniendo del lado del desgobierno en contra de la Constitución, la democracia, del Estado de derecho y de la institucionalidad”.

“Es una situación que como peruanos no debemos permitir. Estos intentos de desestabilización no detendrán nuestro trabajo para lograr un país más justo, desarrollado y democrático”, culminó, siendo el único pronunciamiento tras el Consejo de Ministros y sin dar espacio a las preguntas por parte de la prensa.

La intervención en la vivienda de Nicanor Boluarte formó parte del denominado operativo Ícaro, a cargo del Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú (PNP). La acción tuvo como objetivo recolectar pruebas vinculadas a posibles actos de corrupción y crimen organizado que, de acuerdo con la hipótesis fiscal, involucran a exfuncionarios del Ministerio del Interior y a empresarios del sector minero.

Vale decir que el hermano de la presidenta figura en calidad de vinculado, pero no como investigado principal en el expediente abierto contra Juan José Santiváñez, a quien se le considera “hombre clave” en la presunta organización criminal.

Durante la diligencia, el abogado de Nicanor Boluarte, Luis Vivanco, calificó el operativo como un abuso por parte de la Fiscalía y aseguró que su defendido no ha tenido vínculo alguno con la minera El Dorado, con Santiváñez o con Percy Tenorio.