Sin consenso en el Ejecutivo sobre salida del Perú de la Corte IDH: “Hay ministros que están en contra”, develó Ángel Manero

Pese a las expresiones de la presidenta Dina Boluarte y retorno de Juan José Santiváñez, quien estuvo a punto de proponer en el Congreso la permanencia del Perú en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), no existiría consenso en el Ejecutivo. Así lo confirmó el titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero, quien manifestó que la decisión todavía no se ha definido y que hay posiciones contrapuestas en el Consejo de Ministros.

En declaraciones a la prensa, el responsable del Midagri reconoció abiertamente estar en contra de la salida del país. Consideró que no es conveniente. Sin embargo, manifestó que la decisión se encuentra en terreno de la jefa de Estado. “Esa es una posibilidad que se está evaluando, pero no hay nada definido. Hay ministros que están a favor y otros en contra. Yo soy de las personas que creen que no es conveniente separarnos de la corte, pero hay ministros que sí creen. Al final el Ejecutivo tomará su decisión”, puntualizó.

Aunque la posibilidad de abandonar la Corte IDH genera inquietud en distintos frentes, y se ha anunciado una comisión conformada por funcionarios del Ejecutivo, representantes del Congreso, especialistas de la academia y miembros de la sociedad civil, el camino no es fácil ni corto.

El procedimiento para que Perú abandone la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) está definido tanto por regulaciones internacionales como por la legislación nacional. Para que esta decisión tenga efecto, el Estado debe cumplir pasos jurídicos que requieren tiempo y consenso político.

El primer paso sería que el Poder Ejecutivo denuncie la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocida como el Pacto de San José, ante la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA). La Convención estipula que la denuncia entra en vigencia un año después de la recepción formal de la notificación, plazo durante el cual el país permanece sujeto a las obligaciones del tratado y la Corte IDH mantiene su competencia sobre cualquier caso pendiente o nuevo.

Si la motivación política detrás de la denuncia está relacionada con la ampliación de la pena de muerte, el procedimiento incluye etapas adicionales. Una vez que se concrete la desvinculación del Pacto de San José, el Congreso debería modificar el artículo 140 de la Constitución para ampliar los delitos sancionados con la pena capital. La reforma constitucional necesita la aprobación en dos legislaturas ordinarias consecutivas y una mayoría calificada de dos tercios. Según estimaciones, esta fase podría tomar de seis meses a un año, dependiendo del ritmo legislativo y de los acuerdos políticos.

Al promulgarse la reforma, el Parlamento tendría que aprobar leyes específicas para regular la aplicación de la pena de muerte, un proceso que implicaría trabajo en comisiones y el pleno, posibles revisiones constitucionales y debates ampliados. Solo tras completar todas estas etapas la nueva legislación podría hacerse efectiva.

En suma, el proceso completo para que Perú salga de la Corte IDH y modifique su marco interno para incorporar la pena de muerte podría durar entre dos y tres años: un año para que la denuncia surta efecto, hasta un año para reformar la Constitución y varios meses más para legislar la implementación de la pena capital.

La idea de abandonar el sistema interamericano de derechos humanos no es una novedad en la política peruana. Durante el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000), se impulsó un proceso para que Perú dejara de reconocer la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), aunque este esfuerzo no prosperó.

El 1 de julio de 1999, la administración de Fujimori envió una nota al entonces secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), César Gaviria Trujillo, anunciando que no acataría las sentencias de la Corte IDH relativas a los casos Castillo Petruzzi y Loayza Tamayo. En el caso de María Elena Loayza Tamayo, la Corte había ordenado su liberación y reparación económica tras acreditar que fue arrestada injustamente, torturada y condenada mediante un tribunal sin rostro por supuestos vínculos con Sendero Luminoso. Mientras tanto, el fallo sobre Castillo Petruzzi y otros integrantes del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) dispuso que sus condenas perpetuas, dictadas por tribunales militares, debían ser revisadas por falta de debido proceso.

El 2 de julio del mismo año, el ministro de Justicia, Jorge Bustamante, envió una carta al primer ministro y titular de Economía, Víctor Joy Way, para explorar la posibilidad legal de retirar el reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte IDH. El 5 de julio, Fujimori informó al Congreso que el Consejo de Ministros había decidido retirar al país de la competencia de la Corte, y tres días después, el Parlamento aprobó la resolución legislativa respectiva. El 9 de julio, el canciller Fernando de Trazegnies Granda depositó la decisión ante la secretaría general de la OEA.

A pesar de estos pasos, el intento de retiro resultó infructuoso. El 24 de septiembre de 1999, la Corte IDH emitió sentencias en los casos Baruch Ivcher y Tribunal Constitucional, reafirmando que la Convención Americana no contempla la posibilidad de que los Estados retiren su declaración de reconocimiento de la competencia obligatoria de la Corte una vez aceptada. En el caso de Ivcher, se protegió el derecho de un empresario despojado ilegalmente de la nacionalidad peruana, mientras que en el caso del Tribunal Constitucional, la Corte respaldó a magistrados destituidos tras oponerse a la reelección presidencial de Fujimori.